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Mundo Indígena Perú, el resumen semanal de Servindi (al 10 de abril)

Servindi, 11 de abril, 2022.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Ian Bravo y Marjorie Ugaz.

 

Resumen nacional del 4 al 10 de abril, 2022

Juicio por Saweto. Tras ocho años, el 4 de abril abrió el juicio oral contra los presuntos responsables del asesinato de cuatro dirigentes ashéninka que denunciaron el tráfico de madera en la comunidad Saweto, Ucayali.

Asimismo, el Juzgado Penal Colegiado Permanente de Ucayali estableció 26 audiencias para atender el caso, con lo que la sentencia se programaría para fines de octubre.

Como se recuerda, Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintísima y Francisco Pinedo fueron asesinados el 1 de septiembre de 2014 cerca de Alto Tamaya Saweto. Desde entonces sus familiares reclaman justicia.

Alarma por tifoidea. El líder awajún, Edwin Montenegro Dávila, hizo un llamado de urgencia a las autoridades para atender el brote de fiebre tifoidea que afecta a decenas de personas en el distrito de río Santiago, Condorcanqui, Amazonas.

“Cada día aumentan las personas con fiebre, diarrea y vómitos, pero el centro de salud está desabastecido de medicinas. Pido que nos ayuden para conseguir los medicamentos que necesitamos”, solicitó Montenegro.

Exigen atención. La Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (Orpian-P) exigió al gobierno instalar una mesa técnica de diálogo para atender las demandas de los pueblos Awajún y Wampís de Condorcanqui, Amazonas.

La organización consideró a la llegada de funcionarios de bajo nivel como una falta de respeto hacia los pueblos, por lo que ahora esperan una reunión con ministros.

Levantan protesta. Líderes indígenas de las comunidades del área del Lote 95, en Loreto, levantaron su protesta tras llegar a acuerdos con el Ejecutivo para atender a sus demandas.

Entre los puntos alcanzados destaca la creación de una Mesa Técnica para analizar la situación de estas comunidades afectadas por la actividad petrolera, así como la implementación de un fondo desarrollo.

Estos acuerdos fueron adoptados durante una reunión del 6 de abril entre la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (Aidecobap) con el premier Aníbal Torres, el ministro de Energía y Minas y representantes de PetroTal.

Días después, la comitiva del gobierno viajó a Bretaña, se reunió con una Junta de Autoridades del distrito de Puinahua e incorporó a sus 18 comunidades a los acuerdos de la Mesa Técnica.

Siguen los derrames. El 1 de abril se registró un nuevo derrame de crudo en el kilómetro 20 del Oleoducto Norperuano, en la comunidad San Pedro del distrito de Urarinas, en Loreto.

Mientras la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat) reclama que las autoridades investiguen el suceso, Petroperú alega que se trata de un sabotaje e impediría acciones de inspección.

Como informó Puinamudt, este es el cuarto derrame de petróleo en la zona, donde no ha habido remediación ambiental. Las anteriores fugas se registraron en 2014, 2016 y 2018.

Cumplir compromisos. Las comunidades de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat) exigieron que el gobierno cumpla con compromisos pendientes de atención en salud, educación, vivienda y desarrollo.

Mediante una carta, estas comunidades de Loreto también solicitaron al presidente que realice una visita a algunas de las comunidades para que conozca la realidad y los aportes de los pueblos de la zona al crecimiento del país.

Consulta abandonada. Las comunidades indígenas afectadas por el proyecto hidrocarburífero del Lote 200, en Ucayali y Huánuco, acordaron abandonar el proceso de consulta previa por irregularidades identificadas que no se atendieron debidamente.

Señalaron que no se invitó a participar del proceso a todas las comunidades afectadas por el proyecto, advirtieron de la falta de traductores para atender a los asistentes e indicaron que el Estado aceptó la presencia de personas que no representaban a las comunidades.

Obligación de consultar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la sentencia del Tribunal Constitucional que desconoce a la consulta previa como un derecho fundamental.

“Está claramente reconocida hoy en día la obligación de los Estados de realizar procesos de consulta especiales y diferenciados cuando se vayan a afectar determinados intereses de la comunidades y pueblos indígenas”, indicó el organismo.

Como se recuerda, con una sentencia que declaró improcedente la demanda de comunidades de Puno para que se aplique la consulta previa por proyectos en sus territorios, el TC marcó un peligroso precedente para pueblos indígenas del país.

Indulto negado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano no acatar la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba excarcelar a Alberto Fujimori.

En respuesta a la solicitud de medidas provisionales por los casos Barrios Altos y La Cantuta, la Corte indicó que se incumplieron las disposiciones sobre la ejecución de la condena a Fujimori como autor mediato de estos casos.

De acuerdo a Montenegro, ya son más de cuarenta personas las que han sido afectadas por este brote desde la semana pasada, incluido él y dos de sus hijas menores.

Movilizaciones diferenciadas. Las recientes manifestaciones en diversas partes del país, incluidas las de Lima, responden a variadas motivaciones de la población que valdría la pena diferenciar para no caer en el discurso simple.

Mientras en regiones exigen medidas urgentes ante el incremento de precios del combustible y productos de primera necesidad, así como la atención de demandas históricas postergadas; un sector en Lima sigue insistiendo en la vacancia o renuncia del presidente Castillo.

Lo único cierto es que el mandatario no ha demostrado una estrategia clara para manejar los conflictos sociales, permitiendo así que estos escalen y se agudicen.

Régimen minero. La misión del Fondo Monetario Internacional confirmó que el régimen fiscal minero peruano es competitivo y es uno de los más progresivos de los países analizados.

Así lo destacó el economista José De Echave quien subrayó que un dato importante que recoge el informe de este grupo “es que se puede aumentar la presión fiscal del sector minero sin perder competitividad internacional”.

El documento “se trae abajo los argumentos de los que decían que no había margen para modificar un milímetro las tasas del régimen minero” afirmó el economista de Cooperacción.

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