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Mundo Indígena al Día: resumen semanal de Servindi (al 10 de julio)

Servindi, 11 de julio, 2022.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Ian Bravo y Marjorie Ugaz.

 

Resumen nacional del 4 al 10 de julio, 2022

Incumplimientos. El Gobierno no cumple sus compromisos y desconoce acuerdos con las comunidades indígenas del norte de Loreto afectadas por la contaminación petrolera.

Funcionarios del Ministerio de Energía y Minas obstruyen la remediación ambiental en la comunidad kukama ‘San Pedro’, de Urarinas, que ha sufrido cuatro derrames en siete años.

Así lo denuncia la comunidad ‘San Pedro’ junto a su federación, la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat).

Además, la Presidencia del Consejo de Ministros y los ministerios de Salud y Economía, niegan el presupuesto para un Plan de Salud Intercultural destinado a 500 comunidades kukama, urarina, achuar, quechua y kichwa de Loreto.

La actividad petrolera contamina los territorios de comunidades en la zona de influencia de los lotes 8 y 192 por más de 50 años denuncia el Observatorio Petrolero Puinamudt.

Violenta invasión. Tras un violento enfrentamiento entre invasores y pobladores awajún de la comunidad nativa Huascayacu de Moyobamba, en San Martín, se establecieron acuerdos para el cese de la violencia y el respeto al territorio indígena.

El viernes 8 de julio un grupo de supuestos ronderos ingresó al territorio comunal. La confrontación dejó un muerto y varios heridos.

Tras el diálogo entre representantes awajún, rondas campesinas e instituciones estatales, se aclaró que el espacio en disputa es territorio awajún y no debe haber rondas foráneas.

Quema de pruebas. Un incendio en la unidad de gestión educativa (UGEL) de la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, consumió casi 600 expedientes con denuncias de abusos sexuales y tocamientos indebidos cometidos por profesores a sus estudiantes.

El siniestro habría sido provocado para desaparecer las pruebas. Abrir de nuevo todos los expedientes, significaría que las menores vuelvan a contar sus experiencias traumáticas.

Violencia en Tambopata. Con palos, machetes y piedras un grupo de invasores ilegales pretendió ocupar el centro poblado Santa Rita Baja, en Inambari, Madre de Dios.

La agresión dejó varios heridos, entre estos dos coordinadores del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata.

El hecho se produjo el domingo 3 de julio, pese a las reiteradas denuncias que existen desde el 2017 sobre las presiones en la zona por el incremento de actividades ilegales.

Desde 2020, la violencia de los invasores acabó con las vidas de Roberto Pacheco y Juan Fernández, defensores ambientales vinculados al Comité de Gestión de la reserva Tambopata.

Protección de defensores. Con la presencia de representantes indígenas y del Ejecutivo, se conformó la Mesa Regional de Madre de Dios para la protección de defensores de derechos.

En el evento, Julio Cusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), pidió reforzar la protección de personas indígenas criminalizadas por defender a Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial.

Duelo. El mundo del pueblo Shipibo-Konibo se encuentro de duelo tras el fallecimiento del maestro bilingüe, escritor y lingüista Artemio Pacaya Romaina.

Comprometido con la revitalización de la cultura Shipibo Konibo, publicó libros que recogían la sabiduría de su pueblo y se desempeñó como director de centros educativos bilingües.

Incidente en Chadín. La retención de un equipo periodístico por rondas campesinas de Chadín, en la provincia de Chota, Cajamarca, motivó el pronunciamiento de diversas instituciones que piden la investigación del caso.

La Central Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC) indicó que investiga los hechos, pero aclaró que las rondas ejercen función jurisdiccional y no cometen el delito de secuestro.

Este derecho se ampara en el artículo 149 de la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la Ley de Rondas Campesinas y un acuerdo plenario sobre la jurisdicción de las rondas.

Facultades. El incidente provocado por la retención de dos periodistas en Cajamarca generó una gran controversia pública, pero no se mencionan las facultades jurisdiccionales que de acuerdo con la ley tienen las rondas campesinas.

Según el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda las rondas campesinas autónomas “si pueden detener a personas”, pero solo en el marco del ejercicio de la administración de justicia.

Si bien el caso está pendiente de esclarecimiento queda pendiente saber si se trata de una decisión de la ronda campesina o de algunos ronderos aislados.

Compra irregular. Las comunidades de Huano Huano, Pacopata y Huini Coroccohuayco, de la provincia de Espinar, en Cusco, fueron desplazadas tras la venta inconsulta e irregular de sus tierras a la minera Glencore.

Como parte del proyecto Coroccohuayco, la minera compró 408 ha, pagando 65 dólares por cada una. El proyecto les da un permiso para operar 30 años más en la zona.

“No se ha reubicado a las poblaciones, les han puesto en otro lado, donde no tienen las mismas condiciones para sembrar”, dijo Felipe Kana, presidente de Pacopata.

La minera habría vulnerado derechos porque las tierras son comunitarias y no estaría permitida su venta individual, sin previo acuerdo de la comunidad.

Amenaza minera. El derrame de zinc en el río Chillón no es el único caso de cómo la actividad minera puede poner en riesgo a las cuencas de los ríos que abastecen de agua a Lima y Callao.

Según la asociación CooperAcción, existen al menos tres zonas de riesgo más por proyectos mineros cuestionados, depósitos de relaves y accidentes recientes.

Origen del carbón. El carbón vegetal que se vende en supermercados y tiendas de Lima proviene de árboles amazónicos amenazados por su sobreexplotación.

Así lo revela una investigación de OjoPúblico, que indica que los vacíos normativos permiten que madera de origen dudoso llegue al mercado, incluso con certificación forestal sostenible.

Reemplazar ministerio. Instituciones y organizaciones de derechos rechazan categóricamente la propuesta legislativa que busca cambiar el nombre y rebautizar el Ministerio de la Mujer.

La cuestionada iniciativa aprobada por la Comisión de Descentralización intenta desnaturalizar las funciones del ministerio al reemplazarlo por uno dedicado a ‘la Familia’.

“El dictamen aprobado invisibiliza a las mujeres como sujetos de derechos y de las políticas públicas, pretendiendo relegarlas en el espacio de la familia, reproduciendo una concepción tradicional de sus roles”, cuestionó el Ministerio de la Mujer.

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