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Mundo Indígena: El resumen semanal internacional de Servindi

Servindi, 17 de noviembre, 2019.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Internacional, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena, ambiental y climático del mundo. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Indira Armendariz y Julio Quispe.

Mundo Indígena al 17 de noviembre de 2019

Muertos y heridos deja oleada represiva en Bolivia. Ocho muertos y más de cien heridos dejó la represión desatada el viernes 15 de noviembre por la Policía y el Ejército en la localidad de Sacaba, a 13 kilómetros de Cochabamba. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó de inmediato el "uso desproporcionado de la fuerza policial y militar".

Los enfrentamientos ocurrieron cuando un gran número de cocaleros procedente del trópico de Cochabamba intentaba ingresar a la ciudad, donde las fuerzas del orden habían instalado controles en los accesos.

Los manifestantes tenían como destino final La Paz para apoyar marchas a favor de Evo Morales, que el domingo 10 de noviembre renunció al poder y está asilado en México.

Según declaró el coronel Jaime Zurita, comandante policial de Cochabamba, los manifestantes "portaban armas, portaban escopetas, bombas molotov, bazucas caseras y artefactos explosivos".

¿Qué órgano redactará la nueva Constitución de Chile?: En abril de 2020 un plebiscito deberá resolver cómo y quienes redactaran la nueva constitución política.

Los ciudadanos deberán elegir entre dos opciones: La primera es una Convención Constituyente elegida solo para este fin y con asambleístas elegidos directamente por el pueblo.

La segunda opción es un Congreso Constituyente donde la mitad serían los actuales parlamentarios y la otra mitad elegida electoralmente.

Lo real es que 8 de cada 10 chilenos consideran necesario cambiar la Constitución actual que fue aprobada en 1980 durante el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet.

Indígenas piden observadores y respeto a los DD.HH. en Bolivia. Organizaciones del Abya Yala piden a diversos organismos de las Naciones Unidas enviar observadores a Bolivia y garantizar los derechos humanos de sus habitantes.

En un comunicado continental rechazan las "manifestaciones de racismo, xenofobia, violencia y amenazas en contra de los pueblos indígenas".

Denuncian ataques a la prensa y medios de comunicación indígenas y comunitarios.

El comunicado es suscrito por organizaciones indígenas como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Confederación Nacional Agraria (CNA) de Perú, entre otras.

Esperanza en una Bolivia pluricultural. "Esta coyuntura nos ha dejado una gran lección contra el triunfalismo" dijo la socióloga, activista e historiadora boliviana Silvia Rivera Cusicanqui al analizar la coyuntura actual de Bolivia.

Durante el Parlamento de Mujeres, realizado el 12 de noviembre, Cusicanqui afirmó que "falta mucho para recuperar la democracia" y que esta es aún una meta muy lejana.

Denuncian exterminio físico y cultural de pueblos indígenas del Cauca. La situación de violencia de los pueblos indígenas del departamento del Cauca, Colombia, fueron expuestos en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrada en Ecuador.

Las autoridades indígenas de las organizaciones indígenas del departamento del Cauca: CRIC y ACIN, denunciaron el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas que deja en el presente año 68 asesinatos y 179 amenazas.

Igualmente, expresaron su rechazo a la propuesta estatal de militarización de los territorios, puesto que no da garantías de protección, ni es la solución para la violencia.

Sarayaku demanda al Estado de Ecuador. Por incumplir tres puntos de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012, la comunidad kichwa de Sarayaku presentó una demanda contra el Estado ante la Corte Constitucional de Ecuador.

La demanda acoge el incumplimiento del retiro en sus territorios de unos 1.500 kilogramos de explosivos, además de la ausencia de una consulta previa y la no adopción de medidas que hagan efectivo el derecho a la consulta previa.

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