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“Nos empiezan a golpear brutalmente en el piso… nos ponen boca abajo”

"Nos tenían boca abajo empiezan a golpear a las señoritas y muchas de ellas incluso indican haber sido ultrajadas (...), hemos podido escuchar el llanto de las señoritas"

Servindi, 28 agosto de 2020.- Juan Carlos Quirita narró los momentos de terror que vivieron por la brutal golpiza que recibieron más de 25 jóvenes el 22 de julio, por parte de un pelotón de la Policía Nacional del Perú.

La intervención armada se produjo en horas de la noche, en un lugar oscuro cerca de la ciudad de Yauri, cuando varones y mujeres retornaban a sus domicilios luego de haber realizado una movilización pacífica.

Esta intervención forma parte de las operaciones de la División Nacional de Operaciones Especiales (DINOES), en el marco del conflicto socioambiental de Espinar, Cusco y la compañía minera Antapacay.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), elaboraron el informe “Violaciones de los Derechos Humanos en la protesta social en Espinar, Cusco”.

Este documento constituye una nueva demanda, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se exige identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos en Espinar.

El testimonio

A continuación, el testimonio de Juan Carlos Quirita durante la conferencia de prensa virtual realizada el 25 de agosto.

 

Estado no conoce legislación indígena

El congresista Lenin Bazán respaldó las demandas de los líderes sociales de Espinar y declaró que este hecho demuestra la fragilidad del relacionamiento entre el Estado y las comunidades indígenas.

Señaló que tanto Espinar como los hechos luctuosos del Lote 95 en Loreto, decenas de heridos de bala y 3 muertos, constituyen una fragrante violación de los derechos humanos que debe investigarse.

El presidente de la Comisión de Pueblos, Ambiente, Ecología y Amazonía del Congreso de la República anunció que solicitará al seno del legislativo facultades para realizar una exhaustiva investigación hasta llegar a conocer la verdad y sancionar a quienes resulten responsables.

Lamentó que altos funcionarios como el propio ministro de Cultura “desconocen las obligaciones del Estado con las comunidades indígenas” cuyos tratados y convenios son vinculantes y acarrea responsabilidad.

Tampoco el ministro del Interior supo explicar sobre la orden de operación del 22 de julio donde 25 jóvenes fueron sometidos a tortura de conformidad con los relatos de Quirita y otros jóvenes.

El legislador que preside la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, adelantó que la Comisión de Alto Nivel que visite el próximo 3 de setiembre a Espinar, deberá respetar y activar los protocolos de diálogo intercultural.

Mar Pérez, responsable de la Área de defensa de derechos humanos de la CNDDHH, condenó que varias señoritas también hayan sido parte de este hecho y destacó que hasta la fecha se registran 159 muertes en contextos de protesta social.

CIDH debe pronunciarse

Por otro lado, Helio Cruz abogado de Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF), corroboró las declaraciones de la médico cirujana Gloria Cárdenas Alarcón, quien denunció acciones de intimidación a su persona.

Así mismo, el defensor –quien se encuentra en el centro del conflicto– a nombre de las organizaciones sociales de Espinar demandó las siguientes acciones:

1. Que se aplique las restricciones de la protesta social, de acuerdo al principio de proporcionalidad.

2. Que el Ministerio Público deben iniciar las investigaciones de las violaciones de los derechos humanos de los hechos del 22 de julio.

3. El Ministerio de Justicia debe adoptar medidas de protección a los defensores y defensoras sociales.

4. Defensoría del Pueblo a través del mecanismo nacional de prevención de la tortura, debe revisar los protocolos que emplean las fuerzas armadas.

5. Antapacay debe entregar a la Fiscalía toda la información, y no brindar soporte logístico a la Policía Nacional.

El Congreso de la República debe formar una comisión de investigación por el uso desproporcional de la fuerza de la Policía Nacional y por la evidente vulneración de derechos fundamentales.

Acceda al informe con un clic en el siguiente enlace:

 

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Comentarios

La peor vergüenza del gobierno de Vizcarra, y terminará como un miserable. Se entenderá entonces de por qué la Policía y la fuerza armada no es bien vista por la ciudadanía. No es un caso esa conducta infrahumana de esas fuerzas sino es una constante vergonzosa.

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