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Crisis política, derecho de insurgencia y adelanto de elecciones

Por Jorge Agurto

En un breve artículo anterior afirmamos que la actual crisis política era tan grave y profunda que requería de un cambio radical, es decir de raíz, del sistema político.

La actual estructura y composición del poder hace imposible que el gobierno de Martín Vizcarra realice alguna reforme en serio.

La concesión dada al Congreso de la Republica para que nombre a quién lo fiscalice –y no la Contraloría General de la República– así lo evidencia (1).

Es seguro que la crisis política se reavivará a medida que la ciudadanía perciba que estamos ante más de lo mismo: un gobierno maniatado por el fujiaprismo en el Congreso.

La demanda de adelanto de elecciones generales es totalmente plausible (2). Solo modificando la actual composición parlamentaria podrán realizarse cambios a favor de una democracia real.

En este contexto, el derecho a la insurgencia es un mecanismo legítimo y constitucional (3) de presión para que la población civil defienda los principios y valores de una democracia auténtica.

Un nuevo gobierno y un nuevo Parlamento deben ser los canales para convocar a una Asamblea Constituyente que genere una nueva Constitución Política del Estado.

Solo así podremos forjar un nuevo sistema político que signifique una verdadera emancipación de los pueblos del Perú y no la farsa de Independencia que pretende celebrar el Bicentenario.

Notas:

(1) El martes 27 de marzo Martín Vizcarra respaldó en ceremonia pública la promulgación de la ley de Fortalecimiento de la Contraloría, que aprobó el Congreso por insistencia tras haber sido observada por el Ejecutivo. La norma limita a la Contraloría a fiscalizar al Parlamento al despojarle la facultad de nombrar “por concurso público” al jefe del Órgano de Control Interno (OCI) que supervisará al Parlamento.

(2) El congresista de la bancada de Acción Popular, Armando Villanueva, presentó un proyecto que tiene como finalidad adelantar las elecciones. De acuerdo con el documento, el presidente y los vicepresidentes elegidos en 2016 concluirían su mandado el 28 de julio de 2019.

(3) La Constitución Política de 1993 reconoce expresamente el derecho de insurgencia en el artículo 46, segundo párrafo: "La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional”.

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Comentarios

El señor Vizcarra no tiene voluntad y tampoco espíritu para afrontar de raíz aquello que los fiscales han decidido enfrentar, esa política de corrupción enquistada en el gobierno. Tampoco quiere apoyarse en los de a pie; por la forma cómo ha empezado su contacto, más parece que es para utilizarlo.
Así es que a la sociedad civil, los de a pie, que están asqueados del gobierno porquerizo, no le queda otra que asumir su derecho constitucional.

Igualmente asqueada de tanta corrupción e ingobernabilidad
Sugiero amparados en este artículo N°46 nos levantemos
Este 16 de noviembre 5 pm plaza San martin. Lima y Arequipa, para erradicar lo que el pdte , congreso y fiscalía ( Chávarri ) no quieren dejar. Mientras nuestro país continúa en grave atraso.
Atte.

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