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Los barones de la madera en Catacamas, Honduras

Composición: InSight Crime

Catacamas es el municipio más grande de Centroamérica y hogar de miles de kilómetros cuadrados de bosque. La clase política que manda en esta ciudad de Olancho, al noreste de Honduras, ha estado relacionada desde hace décadas con el tráfico de madera. Su poder, cimentado en el uso corporativo de la municipalidad y en las conexiones con los barones partidarios en Tegucigalpa, les ha alcanzado para asesinar a quienes han hablado en contra de ellos, para depredar reservas naturales de cedros y caoba y, según varios testimonios, para andar de la mano con el narcotráfico.

Por Héctor Silva Ávalos*

InSight Crime, 30 de octubre, 2020.- César Luna ha despachado a sus tres guardaespaldas para atender esta cita. Quiere, dice, hablar tranquilo. Sentado en el comedor solitario de su casa solitaria en Catacamas, este hombre moreno, recio y serio, se dispone a retomar un viejo archivo de audio que lo ha marcado desde que tenía 18 años. Ese audio es el prólogo de la historia sobre el asesinato, en 1998, de su padre, Carlos Luna, a manos de la mafia maderera de Olancho.

Desde que en 2016 regresó a Catacamas de un exilio autoimpuesto para proteger a su familia de los asesinos de su padre, y desde que el gobierno hondureño le asignó protección, César Luna vive la vida de un amenazado de muerte: no permanece más de una semana continua en su ciudad natal; pasa buena parte de su tiempo alejado de los suyos; y siempre va armado.

César se ocupa en la cocina hirviendo café. Ha dejado su pistola negra, nueve milímetros, en la sala contigua. Mientras espera la ebullición del agua, saca su celular y busca el audio de hace 30 años que guarda las declaraciones de su padre a Radio América, en las que denunciaba a políticos locales de depredar los pinares y las maderas preciosas que crecen en los cerros que se extienden más allá de Catacamas, hacia el Atlántico al norte y Nicaragua al este.

“Es peligroso que en Catacamas no pongamos una barrera para defender estas reservas ecológicas que tenemos, porque esta es la entrada principal de los grupos de ganaderos que tienen por costumbre decir que van a ir hacer una hacienda; hacer una hacienda para ellos es llevar 12 motosierras, descombrar 200 manzanas, meterles fuego, y como es natural, al no haber bosque, viene pasto… Muchos de ellos, aquí hay que hablar claro, han sido coroneles; son diputados que están en este momento en el Congreso Nacional… No hay esperanza de que ellos legislen en beneficio del bosque porque ellos mismos son depredadores”, se oye la voz de Carlos Luna en el celular de su hijo.

El ambientalista puso nombre y apellido a los señores del bosque olanchano de los que habló en Radio América: Freddy Alejandro Salgado Cardoza, entonces alcalde de Catacamas, y Lincoln Figueroa, agricultor de Manto, un pueblito de Olancho, quien se fue en busca de la madera de las montañas del norte para hacer fortuna y era diputado del Partido Nacional en 1998.

Lo que Carlos Luna estaba denunciando era una mafia que nació y se alimentó del poder que les daba el control de la tierra y la madera que en ella crece, así como de las prácticas de usurpación de las propiedades que lindan con los bosques de pinos, caoba y cedro de Olancho.

Un informe reciente, elaborado en 2013 por el Gobierno del Reino Unido en el marco de una negociación con Honduras para cambiar las regulaciones de exportación e importación de madera a la Unión Europea, explica las prácticas depredadoras a las que Carlos Luna se refería en 1998: “Grandes terratenientes pudieron aumentar el tamaño de sus propiedades a través de la presión económica, política, incluso coercitiva”, dice el reporte, que no hace referencia directa a Figueroa o Salgado.

El 18 de mayo de 1998, dos pistoleros acabaron con la vida de Carlos Luna frente a la alcaldía de Catacamas. César, su hijo, había llegado minutos antes a dejarle comida; alcanzó a ver la confusión que siguió a la balacera.

Carlos Luna, ambientalista hondureño asesinado en 1998. Foto: Familia Luna

“Yo fui testigo del asesinato”, cuenta César cuando el audio de su celular ha terminado. Hoy César Luna sigue enfrentado a Lincoln Figueroa, quien es alcalde de Catacamas desde 2010 y uno de los hombres más fuertes del Partido Nacional en la región.

La investigación y el proceso judicial por el asesinato de Carlos Luna pasaron primero por manos de la justicia hondureña y luego por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las dos investigaciones dejan huellas de participación de las élites de Catacamas. En 1999, un año después del asesinato, por ejemplo, la fiscalía hondureña sometió a la justicia un reporte en el que nombraba a Lincoln Figueroa como sospechoso de planificar el asesinato. 

Y en 2004, uno de los sicarios, condenado entonces a 20 años de cárcel por el homicidio de Luna, nombró al alcalde Salgado como uno de los autores intelectuales. La investigacion de la fiscalía hondureña, que al final terminó enterrada, investigó la posible participación de Figueroa y Salgado en el asesinato, pero nunca presentó cargos criminales. 

La CIDH señaló, en un comunicado que remitió en 2011 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la judicatura de Honduras hubo 10 cambios de fiscales y 14 de jueces de primera instancia que investigaban a los funcionarios.

En últimas, el juicio de Honduras incluyó presiones políticas, amenazas y el asesinato de un testigo clave —el que nombró a Salgado— y de un supuesto autor intelectual —baleado en 2008 frente a su casa—. Ese proceso no logró condenar a quienes idearon el plan para matar a Carlos Luna.

La Corte Interamericana resolvió a favor de la familia Luna, pero esa fue solo una condena al Estado hondureño por fallarles a las víctimas en la aplicación de justicia por los crímenes.

La puerta del bosque

Catacamas es una de las puertas más importantes al bosque hondureño. En el mapa del tráfico ilegal de madera de Honduras, esta ciudad, de unos 45.000 habitantes, sirve como punto intermedio de tránsito y control territorial —por parte de las instituciones del Estado y de grupos de crimen organizado— entre Juticalpa, que es la capital departamental, la Biósfera del Río Plátano, al noreste, el Atlántico, y la porosa frontera con Nicaragua, al este.

De Catacamas salen todas las mercaderías, legales e ilegales, que producen la Biósfera del Río Plátano y las zonas aledañas. Desde la ciudad se llega por la carretera nacional RN83 a Dulce Nombre de Culmí, enclave maderero en la zona de amortiguación de la Biósfera del Río Plátano y aledaña a los parques del Río Patuca y a la reserva Tawahka. 

 La del Río Plátano es una reserva natural de 5.250 kilómetros cuadrados que guardan el último reducto del bosque nebuloso en el que crecen maderas oscuras preciosas como la caoba, el cerezo y el cedro.

Quien viaja por la RN83 y pasa la pista El Aguacate, de la Fuerza Aérea hondureña, a unos 15 kilómetros del centro de Catacamas, empieza muy pronto a ver los pinares que son, aquí, la fuente del dinero, del poder.

Jorge Yánez, ambientalista y regidor de Catacamas hasta 2018, vive en una casa de esquina, rodeada por un amplio patio lleno de árboles frutales. Conoció a Carlos Luna y ha sido, él mismo, protagonista de luchas ambientales en Olancho y, desde inicios de este periodo de gobierno municipal en 2018, uno de los principales dolores de cabeza del alcalde Lincoln Figueroa, a quien ha denunciado formalmente en la corporación municipal por supuestos actos de corrupción y depredación ambiental. La pista El Aguacate está a pocos kilómetros de la casa de Yánez.

En los linderos de la Reserva del Río Plátano, en el noreste de Honduras, se tala y procesa el pino de manera ilegal. Foto: Alcaldía municipal de Catacamas 

En Olancho, dice Yánez, los grupos de poder político como el del Partido Nacional y el alcalde Figueroa tienen relaciones estrechas con la explotación de la madera. Desde alcaldes a funcionarios con poder en Tegucigalpa, la capital del país, estos grupos han creado redes que permiten a operadores locales apropiarse del bosque, deforestarlo, vender la madera y revender la tierra para ganadería extensiva.

 En algunos casos, los jefes de estas redes controlan toda la cadena de distribución, tal como lo describió Carlos Luna en sus declaraciones a Radio América antes de ser asesinado.

Yánez y César Luna aseguraron a InSight Crime que un puñado de terratenientes de Catacamas han conspirado con funcionarios municipales que tienen influencia en Tegucigalpa para llevar adelante el triple negocio en Olancho: primero compran las tierras a bajo precio a pequeños terratenientes que no tienen en orden sus títulos de propiedad; luego, extraen la madera nativa; y al final extraen el pino y utilizan el área para ganadería.

En Catacamas y sus alrededores los miembros de estas redes legalizan la madera extraída de forma irregular. Uno de los métodos de lavado más importantes implica manipular, o simplemente ignorar, los permisos de extracción emitidos por el Instituto de Conservación Forestal de Honduras (ICF). 

Una de las formas más comunes de hacerlo es cortando más madera de la permitida por el ICF y, en caso de que inspectores forestales visiten las zonas de extracción o revisen los inventarios, el dueño de la tierra falsifica el permiso original para hacerlo coincidir con la cantidad de madera extraída.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras también detectó redes que utilizaron títulos falsos de propiedad de la tierra para extraer la madera.

Y está la corrupción de las autoridades: policías y funcionarios municipales que aceptan sobornos para permitir traspasos de tierras, ignorar la extracción no autorizada o facilitar la falsificación de documentos. La corrupción, según Jorge Yánez, se extiende, también, a otras economías criminales, como el contrabando de ganado.

Desde una pequeña terraza de piso de baldosas ocres, Yánez explica que la carretera RN83, los caminos rurales aledaños a Catacamas, a Dulce Nombre de Culmí y los bosques que los rodean son los corredores por los que transita el tráfico ilegal de madera en Olancho.

A una hora montaña adentro desde Culmí, el camino de tierra se estrecha a la altura de un asentamiento llamado Pisijines y el bosque de pinos se espesa. Unos cuarenta minutos después, desde otro asentamiento llamado Marañones, es ya posible ver los linderos del bosque oscuro, marcados por las últimas filas de pinos, pero también por los inmensos pastizales que van quedando después de que las mafias del bosque reconvierten las tierras.

Cuenta César Luna que a finales de 2018 se adentró al corazón del bosque, más allá del núcleo de la Biósfera del Plátano, y siguió más lejos; atravesó las reservas de Tawahka y la del Río Patuca, fronteriza con Nicaragua. “Ya no son bosques… ahí, hasta adentro, hay ganado… Se acabaron la sierra”, dice.

Es el territorio de los señores del bosque hondureño. Y Catacamas es la capital de todo. Ahí siguen mandando políticos como Lincoln Figueroa. El negocio ilegal de la madera empezó a sofisticarse y a adquirir visos de criminalidad organizada de mayor calado a mediados de los noventa, de a mano entre otros del alcalde, dice dos décadas y media después César Luna en su comedor de Catacamas.

El alcalde Figueroa, durante su última campaña a la reelección a la alcaldía en 2017, negó rotundamente las acusaciones de César Luna y dijo que todo se trataba de envidias políticas. InSight Crime solicitó entrevistas al alcalde Figueroa para añadir sus comentarios a esta investigación; sin embargo, no hubo respuesta.

El ambientalista incómodo

Cuando Carlos Luna fue electo octavo regidor de Catacamas para el periodo 1998-2002, el alcalde Freddy Salgado lo nombró jefe de la comisión ambiental del municipio. Salgado pensó, dice Ramón Peralta, ambientalista onlanchano, que Luna no iba a hacer nada. Pero lo hizo: empezó a denunciar la tala ilegal en radios nacionales —como lo hizo en Radio América— y ante el Ministerio Público en Tegucigalpa.

De hecho, una de las primeras acciones de Carlos Luna en su nuevo puesto de regidor ambiental fue denunciar en la alcaldía y ante el Ministerio Público en Catacamas a las compañías Productos Forestales Figueroa (PROFOFI), IMARA y La Fosforera, por el supuesto uso de cooperativas fantasma para hacer pasar madera ilegal por producto legalizado con el fin de deforestar las montañas de Olancho sin impedimentos. PROFOFI era, en parte, propiedad de Lincoln Figueroa.

Figueroa había salido de Manto a Río Blanco, cerca de Catacamas, en los ochenta. Reinaldo Antonio Sánchez, un ganadero de la zona que le dio empleo desde que era muy joven, lo envió a atender una bodega y a buscar suerte con la madera. Con el tiempo, Lincoln se abrió camino; empezó a comprar tierra, a descombrarla y a revenderla a grandes terratenientes de la zona.

Uno de los primeros socios de Figueroa fue José Ángel Rosa, conocido en Catacamas como “Chango”. Juntos montaron un aserradero al que empezaron a llevar “lo que sacaban del bosque”. En un proceso civil abierto por un tribunal en Catacamas consta que Rosa y Figueroa eran socios en PROFOFI.

Chango Rosa era también uno de los principales prestanombres de Lincoln Figueroa, según un exfiscal que conoció los hechos alrededor del asesinato de Carlos Luna, y quien pidió anonimato por razones de seguridad.

Investigaciones posteriores, en especial las que llevó a cabo la CIDH a petición de César Luna y su familia, confirmaron que Rosa era propietario parcial de PROFOFI, y que en la empresa también tenía acciones Lincoln Figueroa, quien en una declaración como testigo ante el Ministerio Público aceptó su relación con el aserradero.

Cuando la fiscalía hondureña interrogó a Figueroa, en los meses posteriores al asesinato de Carlos Luna, para preguntarle por PROFOFI y su relación con José Ángel Rosa, el entonces diputado dijo que había alquilado su parte del aserradero cuando el ambientalista fue asesinado.

Ya en 1994, Carlos Luna, el padre de César, consideraba que ambos se dedicaban a la venta ilegal de madera; el ambientalista incluso puso una denuncia formal ante Clarisa Vega, entonces fiscal del ambiente. InSight Crime charló con Vega, quien hoy dirige una ONG ambientalista en Tegucigalpa, en septiembre de 2018. La exfiscal confirmó que había recibido denuncias contra los madereros de Catacamas.

En su resolución de 2013, la Corte Interamericana lamenta que el Estado hondureño no haya investigado las implicaciones de Rosa con Figueroa ni al entonces alcalde Freddy Salgado por “los negocios mencionados —la explotación maderera ilegal con el aserradero PROFOFI— y por las denuncias de presunta corrupción”.

Lo cierto es que Rosa era, en 1998, uno de los ganaderos más poderosos de Catacamas. Se movía armado por el pueblo. El 26 de febrero de aquel año, Chango Rosa amenazó a Carlos Luna; le puso una pistola en la cabeza y luego disparó al aire, según consta en un relato sobre los acontecimientos que precedieron al asesinato del ambientalista recogido en el informe presentado a la Corte Interamericana, numerado como caso 12.472 y fechado el 22 de julio de 2011.

César Luna recuerda el episodio de una forma un tanto diferente. Una vez, a la salida de una reunión de la asociación local de ganaderos, Rosa se encontró a Carlos Luna en una llantería. Lo amenazó y disparó al suelo “para asustarlo”, cuenta. Carlos Luna denunció la amenaza ante el fiscal Adrián Rosales, quien intentó una conciliación, aunque la ley no lo permitía. En su informe, la CIDH establece que, en efecto, hubo una reunión en la que Rosa aceptó que había amenazado a Luna, pero se excusó diciendo que estaba ebrio cuando lo hizo. El fiscal parece no haber hecho más averiguaciones.

El pleito siguió durante semanas. El 8 de marzo de 1998, Carlos Luna denunció al periódico El Heraldo nuevas amenazas, que atribuyó a las denuncias sobre deforestación y tráfico de madera que el ambientalista seguía haciendo contra Rosa y sus aserraderos.

Para abril de 1998, ya Rosa había dejado de lado cualquier recato. El 10 de ese mes llamó a Carlos Luna para decirle que tenía “el dinero, las armas y la gente para matarlo a él y a su familia”.

Poco después, el 21 de abril, fue que el recién electo alcalde Freddy Salgado nombró a Carlos Luna regidor a cargo de la unidad ambiental.

A los pocos días, el ambientalista multiplicó su lista de enemigos. Al iniciar investigaciones por deforestación y tráfico ilegal de madera en una zona conocida como Quebrada de Catacamas, Carlos Luna empezó a recibir amenazas de Jorge Adolfo Chávez y Roberto Núñez, otros dos madereros de la región cuyas propiedades se veían afectadas por las pesquisas del regidor.

El 13 de mayo, Chávez amenazó a Luna a punta de pistola, y poco después le dejó un mensaje con un familiar: “Él [Luna] no sabe con quién se está metiendo […] Él no tiene horchata en las venas y yo fui soldado”.

Al final, el mismo alcalde Salgado, según un recuento de César Luna recogido en el caso que la CIDH abrió contra el Estado de Honduras por fallar en la protección de la vida de los familiares de Carlos Luna, intentó sobornar al ambientalista para que se olvidara de las investigaciones a los madereros y de las que había iniciado en la municipalidad por varias irregularidades atribuidas al mismo jefe municipal.

Por recomendación de ONG ambientalistas, Carlos Luna programó una conferencia de prensa para el 20 de mayo de 1998. No podía hacerla antes por compromisos que había adquirido previamente. La conferencia nunca ocurrió: dos días antes fue asesinado.

En su casa de Catacamas, César Luna, el hijo de Carlos, bebe su café a sorbos largos mientras devuelve su memoria al 18 de mayo de 1998, el día en que mataron a su padre.

La reunión del consejo ciudadano de Catacamas había terminado cerca de las 11:00 a.m. de aquel día. Poco antes, César había ido a dejarle comida a la alcaldía. Carlos salió del edificio municipal junto a dos colegas, Silvia González y Fausto Revelo. De súbito, dos hombres jóvenes se acercaron disparando.

Carlos Luna respondió al fuego con su arma, pero ya era muy tarde.

Una de las balas de los agresores hirió a González en la cabeza. Otro proyectil se alojó en la espalda de Luna.

Cuando el ruido cesó, los atacantes habían desaparecido.

Carlos Luna estaba consciente cuando sus compañeros, guiados por Fausto Revelo, lo subieron al auto del alcalde Freddy Salgado —quien luego sería señalado como autor intelectual del crimen— para trasladarlo a una clínica de Catacamas. Al carro también subieron a González. El joven César Luna acompañó al convoy.

La clínica estaba cerrada y el carro del alcalde no tenía gasolina. Revelo y otros que le ayudaban tuvieron que subir a los heridos a otro vehículo para viajar hasta Juticalpa, la cabecera departamental, a una hora de camino. Luna y González entraron a los quirófanos.

Al poco rato, un médico salió con noticias. Carlos Luna había muerto en el camino y el estado de Silvia González era crítico. Antes de entregar el cuerpo de Luna a la familia, un médico le dio a César la bala que mató a su padre.

Donde la madera se junta con el narco

El apellido de la familia Amador está relacionado con el narcotráfico en Olancho. Menos estruendosos y poderosos que Los Cachiros o Los Valle —las familias más renombradas en el mundo narco local—, pero acaso tan violentos como esos clanes, los Amador tienen una característica peculiar: antes que traficantes de drogas fueron madereros.

Los Amador empezaron a construir su reinado en Catacamas y las montañas de Olancho a finales del siglo pasado, cuando, como lo hizo Lincoln Figueroa en su momento, compraron tierras a pequeños propietarios o a políticos en los bordes de las reservas protegidas de Patuca y Tawahka, para extender sus dominios.

Un investigador que participó en operaciones antinarcotráfico en el norte hondureño desde finales de la década pasada hasta mediados de esta, asegura que los Amador utilizaron las mismas rutas fluviales y terrestres en las que sacaban la madera ilegal del bosque para, además, mover cargamentos de cocaína que aterrizaban en pistas clandestinas.

“Esas rutas llegan hasta Nicaragua; han movido madera y droga por los ríos y los caminos de la montaña”, dice el investigador, quien habló bajo condición de anonimato por seguridad.

En octubre de 2016, una brigada interinstitucional de la fuerza pública hondureña entró a los cerros de Olancho, más allá de Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, a poblaciones como Las Ventas y Gualaco, donde desmantelaron una pista clandestina, decomisaron 2.000 pies tablares de maderas oscuras y allanaron 45 propiedades. La mayoría de los bienes eran, dijeron los agentes citados por medios locales, de los Amador.

Un mes después, un juzgado ordenó la inmovilización de los bienes, y en 2015 la policía capturó a Moisés Aguinaldo Amador Godoy, uno de los miembros del clan. A esta captura seguiría una cadena de venganzas entre la familia y otros grupos criminales de Olancho, a quienes los Amador culparon de ser informantes de la policía y el ejército hondureños.

Los viejos vínculos entre la madera y el crimen organizado también van de la mano de esta familia, y las investigaciones en torno al asesinato de Carlos Luna en 1998 han arrojado alguna luz al respecto.

Uno de los hombres que disparó al ambientalista el 18 de mayo de 1998 fue Ítalo Iván Lemus, un sicario que según un exfiscal hondureño que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato por su seguridad personal, también ha sido empleado de la familia Amador.

Un testigo clave de la fiscalía hondureña en el caso contra el maderero Jorge Chávez, otro supuesto autor intelectual del asesinato de Carlos Luna, dijo en 2001 que Lemus era uno de los asesinos materiales. 

En 2004, el mismo testigo amplió declaración y dijo que a Lemus lo había contratado, entre otros, Chango Rosa, el exsocio del alcalde Lincoln Figueroa. Lemus fue arrestado en 2008 y procesado por el asesinato. Un tribunal lo absolvió un año después. Aunque finalmente un juzgado de segunda instancia lo condenó a 18 años de prisión en 2010, Lemus aún es prófugo de la justicia.

La parte más oscura de este capítulo de la historia había empezado dos años antes. El 30 de junio de 2008, Chango Rosa fue baleado frente a su casa en Catacamas. Un funcionario hondureño que ha investigado a las mafias de la madera y el narcotráfico en Olancho, y que conoce de primera mano los hechos que rodearon los asesinatos de Luna y Rosa, dijo a InSight Crime que a Chango lo mataron Los Amador porque el empresario maderero se había metido, también, a mover droga en la Biósfera del Río Patuca, en territorio controlado por otros narcos.

Ítalo Iván Lemus sigue viviendo en Olancho, cerca de Catacamas, en la aldea La Pista, donde tiene una finca que, de acuerdo con un investigador, colinda con propiedades de Los Amador. Lleva viviendo ahí varios años, y la policía hondureña lo sabe. Una patrulla intentó capturarlo a finales de aquel año, pero el hombre se les escapó.

César Luna ha continuado las luchas ambientalistas que su padre inició hace dos décadas en Honduras. Foto: César Luna

“Ítalo hoy está solo. A nadie le interesa que hable y cuente todo lo que sabe”, calcula el investigador. Si es cierto que Ítalo Lemus, el prófugo que en realidad no lo es, ha empezado a tener miedo, razones no le faltan: sus exjefes no pueden ya protegerlo. Chango Rosa está muerto y los Amador, aunque diezmados en su momento por el arresto de uno de sus líderes, los decomisos de sus propiedades y las vendettas, vuelven a estar activos en Olancho.

Las mafias de la madera implicadas en el asesinato de Carlos Luna siguen vivas en esta ciudad. Todos, los supuestos autores intelectuales y uno de los pistoleros, siguen viviendo en Catacamas o en aldeas cercanas. Y es que esta historia, la de las mafias del bosque, es como una espiral que da vueltas sobre sí misma sin cerrarse nunca.

Lincoln Figueroa tiene, ahora, más adversarios que lo acusan de seguir involucrado en la tala y tráfico ilegal de madera. El político siempre ha insistido que todo se trata de ataques políticos. Al día de hoy, Figueroa ha sido capaz de sobrevivir a las acusaciones, mantener su huella en el gobernante Partido Nacional y su influencia en Catacamas.

Por dos décadas, los intentos de llevar a Figueroa ante la justicia no han tenido éxito. Sus críticos dicen que la protección le viene de su cercanía con políticos influyentes, como Reinaldo Sánchez Rivera, hijo de Reinaldo Antonio Sánchez, el ganadero que ayudó a Figueroa a empezar como empresario de la madera.

Sánchez Rivera, quien es el actual presidente del Partido Nacional, fue secretario del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) y luego fue nombrado Ministro de Desarrollo por el actual presidente, Juan Orlando Hernández.

Después de varios años de huir, César Luna decidió enfrentar la espiral. Había pasado casi dos décadas viajando, huyendo de Catacamas. En 2017 decidió desafiar a Lincoln Figueroa en su propia cancha: la política de Olancho. Luna hijo se postuló a regidor y resultó electo.

En su casa solitaria de Catacamas, César Luna se despide. Al día siguiente debe volver a otra ciudad de Honduras, donde está su familia, y en la que construyó su hogar después del asesinato de su padre. 

Antes dice que lo que no encontró en la justicia hondureña seguirá buscándolo en lo que él llama la justicia electoral, que lo llevó a ser elegido regidor de Catacamas, desde donde, agrega serio, seguirá batallando contra Lincoln Figueroa y las mafias del bosque de Catacamas.

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* Héctor Silva Ávalos es periodista he investigador salvadoreño. Además, es codirector en la Revista Factum. Sus áreas de trabajo son política internacional, crimen organizado y cine. Este artículo fue escribo con la información brindada por Wendy Funes. 

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* Este artículo forma parte de los cuatro capítulos de una investigación sobre ecotráfico y tala ilegal en igual número de países de América Latina, realizada durante dos años por InSight Crime en colaboración con el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University. La investigación involucró varias visitas de campo a Colombia, Honduras, México y Perú, así como decenas de entrevistas con funcionarios, miembros de las fuerzas públicas, contrabandistas, académicos, comunidades, terratenientes, entre otros. Lea la serie completa aquí.

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Fuente: publicado en InSight Crime el 18 de setiembre de 2020: https://es.insightcrime.org/investigaciones/barones-madera-catacamas-honduras/
 

 

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