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Demandas de la minería ilegal en Madre de Dios no deben ser atendidas

Foto cortesía Ministerio del Ambiente

Servindi, 29 de agosto, 2022.- Los mineros que se encuentran en paro en el sector La Pampa, iniciado el 25 de agosto solicitan ampliar el área del “corredor minero” hacia la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, y el reconocimiento de La Pampa como poblado menor.

Esos reclamos no deben ser atendidos por las autoridades pues se trata de pretensiones ilegales que van en contra de todo principio de derechos humanos y de las reales condiciones ambientales y naturales para avanzar hacia un desarrollo más sostenible en la región

Así lo sostiene el Centro de Estudios Andinos Regionales Bartolomé de las Casas en un artículo en el que explica que son más de 20 años de intentos legales en el Perú de formalización minera sin mayores resultados positivos.

Remarca que el daño que ocasiona la minería ilegal es enorme y múltiple, porque transforma negativamente el paisaje en su conjunto y a las poblaciones que buscan una realización sana y sostenible en esos territorios.

A continuación el artículo:
 

Foto: Andina

Nueva arremetida de la minería ilegal en Madre de Dios

Por Centro de Estudios Andinos Regionales Bartolomé de las Casas

29 de agosto, 2022.- En el Perú, desde el año 2002 en que se promulgó la Ley N° 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, se viene emitiendo diversos dispositivos legales sobre procesos de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, que no han culminado hasta la actualidad, sino que se siguen dilatando y no han dado mayor solución positiva a los problemas generados por la persistencia de la actividad minera ilegal.

Ejemplos de algunos de estos instrumentos legales. Mediante DU N° 012-2010 se declaró de interés nacional el ordenamiento minero en el departamento de Madre de Dios, entre otros, para prevenir y hacer frente a la expansión desordenada de la minería aurífera y el incumplimiento de la normatividad ambiental, que son causas de crecientes conflictos socioambientales. También establece el área denominada “corredor minero” en la región Madre de Dios, donde está permitida la actividad minera.

Por otra parte, el DL N° 1100 (18 de febrero de 2012) declara de necesidad pública e interés nacional, las acciones de interdicción relacionadas con la minería ilegal, y que el Estado promueve el ordenamiento y la formalización de la minería a pequeña escala. Asimismo, el DL N° 1105 (19 de abril de 2012) establece disposiciones complementarias para implementar el proceso de formalización de la actividad minera informal de la pequeña minería y de la minería artesanal a nivel nacional.

De igual forma, el DL N° 1293 (30 de diciembre de 2016) declara de interés nacional la reestructuración del proceso de formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal a que se refiere el DL N° 1105; y el DL N° 1336 (6 de enero de 2017) establece disposiciones para el proceso de formalización minera integral, simplificando y actualizando los requisitos. Por otro lado, el DS N° 018-2017-EM (1 de junio de 2017) establece disposiciones complementarias al DL N° 1336, para la simplificación de requisitos en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral. Y, finalmente, con la Ley N° 31388 (31 de diciembre de 2021) se amplía hasta el año 2024 el proceso de formalización minera de los pequeños mineros y mineros artesanales con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

son más de 20 años de intentos legales en el Perú de formalización minera sin mayores resultados positivos y cada vez con requisitos más laxos y sin mecanismos eficientes de seguimiento y control

Como se puede ver, son más de 20 años de intentos legales en el Perú de formalización minera sin mayores resultados positivos y cada vez con requisitos más laxos y sin mecanismos eficientes de seguimiento y control, sin que haya existido alguna pausa en la actividad extractiva ilegal, por el contrario, cada día nuevos mineros siguen ingresando a la actividad y el proceso de formalización se sigue prolongando y relajando.

Esta recurrente ampliación del plazo del proceso de formalización minera tiene severos impactos sobre el ambiente y no ofrece mayores garantías ambientales ni sociales, en un contexto de persistente incumplimiento de las normas y obligaciones por parte de mineros, y de extremada debilidad de las entidades públicas competentes para cumplir con sus roles de fiscalización, no solo por carencia de suficientes instrumentos o medios para su actuación sino por las notorias evidencias de corrupción presente en los diversos niveles del gobierno y a los diversos sectores sociales, económicos y políticos. 

El llamado “corredor minero” en Madre de Dios tiene una superficie referencial de 476 897,4 hectáreas y se encuentra localizado en los distritos de Inambari, Huepetuhe, Madre de Dios, Laberinto y Tambopata. En una parte del corredor minero y de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata se encuentra el sector conocido como La Pampa, ubicado entre los kilómetros 98 y 129 —desde Puerto Maldonado hacia la región Cusco— de la Carretera Interoceánica Sur, donde se han creado nuevos poblados e infraestructura sobre derechos preexistentes de predios agrícolas y concesiones forestales.
 

La Pampa, tierra de nadie. Foto: Andina

La Pampa es un espacio complejo debido a la existencia de una diversidad de actores e intereses, donde, en el marco de un contexto de ilegalidad y corrupción generalizada, ocurren afectaciones a las personas y al ecosistema natural. Todo ello ocurre porque los gobiernos regionales y nacionales —pasados y actuales— no han tenido la intención ni decisión necesarias para hacer frente de manera integral a la presencia de la actividad minera ilegal, ni siquiera la voluntad de salvaguardar los derechos del propio Estado, como es la protección de la Reserva Nacional Tambopata, igualmente afectada por estas prácticas ilícitas. De este modo, se degradan severamente importantes ecosistemas y la biodiversidad que conservan, así como perjudican los derechos adquiridos de los agricultores, los concesionarios forestales, e incluso de los mineros que se han incorporado con más responsabilidad al proceso de formalización.

El daño que ocasiona la minería ilegal es enorme y múltiple, porque transforma negativamente el paisaje en su conjunto y a las poblaciones que buscan una realización sana y sostenible en esos territorios.

A esta situación se suman la tala ilegal y la invasión de predios agrícolas y concesiones forestales supuestamente para “agricultura” (porque su interés real es la actividad minera), deforestando para demostrar que son “agricultores” y tomar posesión de los suelos. El daño que ocasiona la minería ilegal es enorme y múltiple, porque transforma negativamente el paisaje en su conjunto y a las poblaciones que buscan una realización sana y sostenible en esos territorios. Destruye la diversidad natural, genera daños a la salud pública, produce deforestación, altera la estructura del suelo, contamina las fuentes de agua, transforma el territorio, desplaza a la población local, cobija la trata de personas —con su secuela de criminalidad, violencia y corrupción—, y genera graves conflictos sociales.

Los mineros que se encuentran en paro en el sector La Pampa, iniciado el 25 de agosto último —y que han dado una tregua de cinco días en su petitorio del 27 de agosto—, están solicitando, entre otros, la ampliación del área del “corredor minero” hacia la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, y el reconocimiento de La Pampa como poblado menor.

Estos reclamos no debieran ser atendidos por las autoridades del Gobierno Regional de Madre de Dios ni del Gobierno Nacional. Las pretensiones señaladas son ilegales, van en contra de todo principio de derechos humanos y de las reales condiciones ambientales y naturales para avanzar hacia un desarrollo más sostenible en la región. Aceptar estas demandas afectaría, en primer lugar, los objetivos de creación conservación de la diversidad natural que tiene la Reserva Nacional Tambopata; así como consolidaría el estatus de despojo contra quienes sí cumplen la ley, ya que los poblados creados recientemente en La Pampa para ampliar las actividades extractivas ilegales se establecieron sobre derechos preexistentes y afectan a titulares legales de predios agrícolas y concesiones forestales.

La solución a los problemas de Madre de Dios requiere una atención especial e integral de parte de los gobernantes y de la sociedad, desde un enfoque de Gobernanza Territorial que aborde seriamente una agenda de desarrollo concertada que priorice la defensa, protección y gestión sostenible de su invalorable biodiversidad, así como la garantía a los derechos de los pueblos indígenas y de las poblaciones campesinas que habitan estos territorios y buscan construir una relación armónica sustentada en el Buen Vivir. Sin embargo, ahora, en lo inmediato se debe atender y tomar medidas concretas que frenen el avance de la destrucción ambiental y la agresión a los derechos humanos generados por la actividad extractiva minera ilegal. Se espera de las autoridades del gobierno, nacional y regional, una actitud y una respuesta responsables, ajustadas al Estado de Derecho, proba y eficiente para tomar medidas concretas y en el corto plazo, creando condiciones para soluciones más integrales como las que hemos señalado para darle un futuro diferente a Madre de Dios.

 

 

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