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Los defensores indígenas de luto

Foto: The New Yorker

El asesinato de un periodista británico y un defensor indígena en la Amazonía brasileña, y el crimen a sangre fría de dos sacerdotes jesuitas en el interior de una parroquia al norte de México volvieron a encender las alarmas sobre el avance del narcotráfico y las economías ilegales en Latinoamérica. En los últimos meses, los pueblos indígenas han denunciado con mayor vehemencia cómo el tráfico de drogas ha crecido en sus territorios: los crímenes de líderes y lideresas, los desplazamientos forzados, la trata de mujeres y el uso de jóvenes como mano de obra armada.

Por Damián Andrada*

Debates Indígenas, 25 de julio, 2022.- Casi al mismo tiempo, un delgado hilo rojo unió dos acontecimientos separados por miles de kilómetros de distancia. Mientras en la Amazonía de Brasil un periodista británico y un defensor indígena brasileño eran asesinados por pescadores furtivos, en las sierras de Tarahumara, al norte de México, dos jesuitas recibían una balacera cuando intentaban proteger a un guía turístico que había pedido refugio en el templo.

La marca de la mafia estuvo presente en ambos homicidios: los cuerpos de las víctimas estuvieron desaparecidos durante días. En Brasil fueron enterrados en un sector frondoso y cerrado de la selva. En México, los miembros de la banda vinculada al narcotráfico se llevaron los cuerpos para entregarlos días más tarde. Así, las actividades ilegales que crecen en América Latina volvieron a dar un paso más en su camino de violencia, terror e impunidad: se metieron con el periodismo internacional y con la Iglesia católica, espacios con los que las economías delictivas prefieren no tener conflictos.
 

Dom Phillips recogiendo testimonios durante uno de sus reportajes en la Amazonía. Foto: Joao Laet / Debates Indígenas

Terror en la Amazonía brasileña

Hace ya mucho tiempo que los pueblos indígenas y los activistas denuncian la ausencia del estado de derecho en la región del Amazonas. El caso brasileño es especial porque, lejos de simular políticas proteccionistas, el presidente Jair Bolsonaro es muy claro en apoyar las actividades extractivistas: el agronegocio, el petróleo, la minería y la industria maderera. Del mismo modo, parte de su base de sustentación política se encuentra en las actividades ilegales que ven crecer sus negocios gracias a la indiferencia del Estado brasileño.

Ubicado en el extremo occidente del estado de Amazonas, en la frontera entre Brasil, Colombia y Perú, el Valle de Yavarí es una región única por su biodiversidad. Con una superficie similar al tamaño de Panamá, alberga a por lo menos 10 pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Durante siglos, la profundidad y densidad de la selva amazónica han logrado brindarle protección a los pueblos indígenas que huían de las matanzas y las epidemias. Esta situación ha comenzado a cambiar en los últimos años. Los defensores indígenas y ambientales vienen denunciando el asedio de pescadores y cazadores furtivos, los garimpeiros y, cada vez más, del narcotráfico. La Unión de los Pueblos Indígenas del Valle de Yavarí (Univaja) ha tenido que organizar grupos para defender su territorio.

Lejos de simular políticas proteccionistas, el presidente Jair Bolsonaro es muy claro en apoyar las actividades extractivistas: el agronegocio, el petróleo, la minería y la industria maderera.

Dom Phillips hace años que advierte en sus reportajes sobre el avance del extractivismo en el Amazonas. Colaborador del diario The Guardian, el periodista británico logró amplificar las voces indígenas y ambientales que llaman la atención sobre la destrucción de la naturaleza. Con este objetivo, le pidió al defensor de derechos indígenas brasileño Bruno Pereira que lo acompañara a recoger testimonios en el Valle de Yavarí. Phillips estaba trabajando en la publicación de un libro. Durante su recorrido, habían recibido amenazas de pescadores y cazadores furtivos. El 5 de junio, las comunidades indígenas advirtieron su desaparición y avisaron a las fuerzas de seguridad.

Tras 11 días de desesperación, el principal sospechoso confesó el homicidio. Junto a otras cuatro personas, “Pelado”, un pescador furtivo conocido en la región, había perseguido en lancha a Phillips y Pereira por el Río Itaquaí. Luego de neutralizarlos, enterraron sus cuerpos selva adentro. Para no dejar rastros, también hundieron la lancha con bolsas de arena. Mientras la comunidad internacional estaba consternada con la noticia, Jair Bolsonaro volvió a generar polémica con sus declaraciones: “Este inglés no estaba bien visto en la zona, escribió muchos artículos sobre los mineros de oro, sobre cuestiones ambientales. En esa zona, que está muy aislada, no le gustaba a mucha gente, debería haberse cuidado más de la cuenta”. Si bien hoy todas las miradas están puestas en la pesca ilegal, los especialistas sugieren poner el foco en el avance del narcotráfico en la triple frontera de Brasil, Colombia y Perú.
 

Bruno Pereira era un ex funcionario de la Funai que se convirtió en activista y defensor de los derechos indígenas y ambientales. Foto: Daniel Marenco

La sombra del narcotráfico

En el norte de México, el avance del narcotráfico y el tráfico ilícito de migrantes no encuentran un freno. En la última semana, dos noticias volvieron a sacudir la agenda internacional: el asesinato a sangre fría de dos sacerdotes jesuitas y el hallazgo en Texas, Estados Unidos, de un camión abandonado con 62 personas (51 de ellas ya fallecidas). La desigualdad y el empeoramiento de las condiciones de vida en América Latina son un caldo de cultivo para que miles de personas crean que pueden encontrar una mejor calidad de vida a través de la ilegalidad. Esta situación ha empeorado tras la crisis generada por el Covid-19.

Si bien el problema del narcotráfico en México ha sido ampliamente problematizado, tanto por el gobierno como por los medios de comunicación, su impacto sobre los pueblos indígenas no ha logrado encontrar tanto eco. El narcotráfico presiona a las comunidades campesinas para que cultiven marihuana, hoja de coca y amapola. Paralelamente, los avasallamientos sobre sus territorios, los desplazamientos forzados y, el asesinato de líderes y lideresas son problemáticas con las que los pueblos indígenas lidian cotidianamente. En el último tiempo, la trata de mujeres indígenas y la utilización de jóvenes indígenas como mano de obra armada de las organizaciones criminales no ha hecho más que empeorar el panorama. En ocasiones, terminan en cárceles bajo acusaciones de participar en las redes de narcotráfico.

Los avasallamientos sobre sus territorios, los desplazamientos forzados y, el asesinato de líderes y lideresas son problemáticas con las que los pueblos indígenas lidian cotidianamente.

El 20 de junio, el guía turístico Pedro Palma ingresó a toda velocidad a la parroquia jesuita de Cerocahui. Golpeado y herido, era perseguido por el narcotraficante de la región José Portillo Gil, más conocido como El ChuecoCuando los sacerdotes Joaquín Mora (79) y Javier Campos (81) intentaban darle el sacramento de la extremaunción al guía, el criminal ingresó a la iglesia y acribilló a sangre fría a los tres hombres. Permaneció en el templo durante media hora, le exigió a otro sacerdote que lo confesara y se llevó los tres cuerpos junto a dos camionetas que los esperaban afuera. La brutalidad generó aún más dolor porque los jesuitas eran muy queridos por las comunidades indígenas y campesinas de la Sierra de Tarahumara. Mora y Campos practicaban su vocación misionera en unas 40 comunidades rarámuris diseminadas por la sierra.

Bajo la protección de “Los Salazar” y el Cartel de Sinaloa, El Chueco conformó una red criminal que controla el contrabando, el tráfico de drogas, la extorsión a empresas mineras y la explotación de madera. La red de complicidades llega hasta las autoridades de Urique, donde El Chueco ha llegado a controlar las marcas de cerveza o cigarrillos que pueden venderse y es el principal sospechoso de haber asesinado al joven profesor estadounidense Patrick Braxton-Andrew tras haberlo confundido con un agente de la DEA. Finalmente, los tres cuerpos fueron hallados dos días más tarde.
 

Los sacerdotes Joaquín y Javier defendían las tradiciones indígenas y eran muy estimados por los rarámuris que habitan en la Sierra de Tarahumara. Foto: Cristian Chavez

Un panorama adverso

En los últimos tiempos, a las voces que denuncian el avance del extractivismo sobre la naturaleza y los territorios indígenas, se han venido sumando los testimonios que informan sobre un avance fenomenal del narcotráfico y las economías ilegales. Tanto en las periferias de las grandes ciudades como en aquellas regiones alejadas de los centros urbanos. A la ausencia del Estado (o, peor aún, su connivencia), las mafias han aprovechado la crisis del Covid-19 para consolidar su poder económico y territorial.

Si bien es necesario insistir en la necesidad de que los gobiernos profundicen sus políticas de prevención y lucha contra el narcotráfico, la realidad parece imponer una mirada paralela: los Estados no cuentan con las herramientas suficientes para frenar el crecimiento del negocio de las drogas. En muchos casos, las policías y los ejércitos están en desventaja para combatir las bandas criminales (si es que aún no fueron cooptados a raíz de sus magros sueldos). Peor aún, varias economías regionales dependen de la plata sucia del narcotráfico y de su impulso al negocio inmobiliario.

La situación se vuelve más acuciante cuando en muchas regiones, la economía formal, aquella que debería brindar empleos y salarios codiciados por los jóvenes que ingresan al mercado laboral, no llega a competir con la promesa de lujo de las economías ilegales. El bienestar económico asociado al narcotráfico también transforma valores y patrones de comportamiento. Para muchos jóvenes, los narcos ya no están asociados a valores negativos y son vistos como nuevos ricos que prometen autos importados, departamentos de lujo y mujeres. En el fondo, el narcotráfico rompe el tejido social y trastoca el sistema de valores.
 

Joaquín y Javier fueron sepultados en el atrio del templo de Cerocahui. La comunidad Tarahumara acompañó el cortejo fúnebre bajo una lluvia intensa y los despidió con sus tradicionales danzas. Foto: Jesuitas de México.

La necesidad de escuchar a los indígenas

Frente a este panorama, los pueblos indígenas son las primeras víctimas del narcotráfico. Además de ser obligados a participar de la producción y el comercio, también sufren las consecuencias del consumo y la brutalidad de los líderes narcos. Latinoamérica aún está lejos de encontrar una solución al problema del narcotráfico. La realidad evidencia la derrota de la “guerra contra las drogas” impulsada por Estados Unidos y, la ineficacia de los mecanismos de control y prevención pensados en el siglo XX.

En este contexto, los crímenes de Dom Phillips, Bruno Pereira y los sacerdotes jesuitas nos hacen pensar que nos estamos acercando aceleradamente a un punto de no retorno. Como los asesinatos de líderes y lideresas indígenas se han vuelto moneda corriente, los homicidios de defensores indígenas y ambientales encienden las alarmas de los organismos internacionales, los gobiernos latinoamericanos y la prensa internacional.

Frente al fracaso de las políticas antidrogas, tanto en Occidente como en Oriente, las múltiples resistencias que los pueblos indígenas llevan a cabo en sus territorios asoman como un aprendizaje para la discusión de soluciones. Sea cual sea la solución, es necesario que los gobiernos escuchen sus experiencias y los hagan partícipes de la toma de decisiones.

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*Damián Andrada es editor General de Debates Indígenas, Magíster en Ciencia Política y Sociología, y compilador de “Hacia un periodismo indígena”.

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Fuente: Publicado en el portal de Debates Indígenas el 1 de julio de 2022 y reproducido en Servindi respetando sus condiciones: https://bit.ly/3Sd0L8r

 

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