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Se requieren recursos y férrea voluntad para superar minería ilegal

Bragas abandonadas por los mineros ilegales, en las reservas de Tambopata, luego del Operativo Mercurio 2019. Foto: ANDINA/Jhony Laurente

Recursos económicos, institucionalidad y una férrea voluntad política para enfrentar a un grupo de poder se requieren para superar la minería ilegal en Madre de Dios, advierte José de Echave.

Servindi, 25 de febrero, 2018.- Para que los operativos destinados a erradicar la minería ilegal tengan éxito deben contar con una partida importante de recursos económicos y apostar por construir una institucionalidad que opere en el territorio.

Así lo advierte José De Echave, en un artículo en el que recuerda operativos similares que nos hacen pensar en una película que ya hemos visto; y que tienen que superar algunos "cuellos de botella" para tener un exito duradero.

"¿El Ministerio de Economía y Finanzas ha decidido destinar partidas importantes a la región éste y los próximos años?" interroga De Echave.

Con ello se refiere no solo a los recursos para desplazar efectivos policiales y militares sino para "sostener una intervención integral del Estado peruano que permita revertir la situación actual y transformar en serio y a fondo el panorama actual".

"Cualquier proceso de intervención debe considerar que se está enfrentando a un enorme grupo de poder que desde hace un tiempo, controla territorios y representa más del 50% de la economía de Madre de Dios" indica De Echave.

A ello se agrega la presencia de los mineros en cargos públicos que han buscado favorecer los intereses de su propia actividadante lo cual se requiere de una "férrea voluntad política al más alto nivel".

Lea a continuación el artículo completo del autor:

Los operativos en Madre de Dios

Por José De Echave

CooperAccion, 25 de febrero, 2019.- La superficie de Madre de Dios es de 85,301 kilómetros cuadrados, lo que representa el 6.6% del territorio nacional y el 15.3% de toda nuestra Amazonía. Madre de Dios es una de las joyas de nuestro territorio: es una de las 25 zonas de mayor biodiversidad del planeta; el Parque Nacional del Manu, junto al Parque Nacional Bahuaja Sonene forman parte del Corredor de Conservación Vilcabamba Amboro.

Sin embargo, los impactos de décadas de actividad minera aurífera en Madre de Dios han sido devastadores. Varios han sido los intentos por detenerla: el año 2010, el entonces ministro del Ambiente, Antonio Brack, preparó el Decreto de Urgencia 012-2010, que declaraba de “interés nacional el ordenamiento minero en Madre de Dios”.

En el mencionado decreto se señaló que se suspendía la entrega de petitorios mineros en la región; el establecimiento de zonas de exclusión minera; la prohibición de usos de dragas y artefactos similares; entre otras medidas. En la siguiente imagen se puede apreciar la zona de exclusión y la zona minera, según el Decreto de Urgencia 012.

La respuesta de los mineros fue una huelga y el inicio de una larga y feroz batalla por la derogatoria del decreto de urgencia. En las altas esferas del Estado, el ímpetu inicial se fue diluyendo y el ministro Brack no contó con el respaldo necesario del gobierno aprista que terminaba su período.

Iniciado el gobierno de Humala, el año 2011, se diseñó el operativo “Aurum I”. Como ahora, 1,500 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fueron desplazados a Madre de Dios. El Ministerio del Ambiente, con el propio ministro Ricardo Giesecke a la cabeza, lideró el operativo que intervino dragas en los ríos Malinowski, Tambopata y Madre de Dios. El plan era llevar la presencia sostenida y efectiva del Estado a una región que siempre estuvo muy apartada y poco conectada con el resto del país y que a todas luces había sido tomada por actividades ilícitas.

El proceso se interrumpió con el cambio de gabinete a finales del año 2011 para luego ser retomado unos meses más tarde: el 28 de febrero de 2012, se publicó el Decreto Legislativo N°1102 que incorporó al Código Penal los delitos de minería ilegal. En su Artículo 307°-A, se especificaba que el delito de minería ilegal

“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años, y con cien a seiscientos-días multas, el que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otros actos similares, de recursos minerales, metálicos y no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental”.

Además, en el mismo Decreto Legislativo, Artículo 307°-B, fueron precisados los supuestos en los que se comete este delito:

“en zonas no permitidas para el desarrollo de actividad minera; en áreas naturales protegidas; o en tierras de comunidades campesinas, nativas o indígenas; utilizando dragas, artefactos u otros instrumentos similares; si el agente emplea instrumentos u objetos capaces de poner en peligro la vida, la salud o el patrimonio de las personas; si se afecta sistemas de irrigación o aguas destinadas al consumo humano; si el agente se aprovecha de su condición de funcionario o servidor público; si el agente emplea para la comisión de delito a menores de edad u otra persona inimputable”.

Posteriormente, el 19 de abril de 2012, fue publicado el Decreto Legislativo N° 1105, que “estableció disposiciones especiales para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal”, y en su Artículo 2, define claramente que: “toda actividad ejercida en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de actividad minera, se considera ilegal”. En el mismo artículo se diferencia a la minería informal de la ilegal; definiéndola como la actividad que se realiza “en zonas no prohibidas”.

Además, se considera mineros informales a los que, pese a no contar con todas las autorizaciones correspondientes, sí han iniciado el proceso de formalización. El Ministerio del Ambiente, con el ministro Manuel Pulgar Vidal, lideró este proceso.

Al margen de los operativos de interdicción que se fueron implementando en paralelo, lo cierto es que las cifras de formalización no mostraron avances significativos. Además,  los enfrentamientos abiertos entre el gobierno y los mineros ilegales se fueron agudizando; se implementaron movilizaciones y paros de mineros en varias regiones del país; críticas abiertas al proceso de formalización que en realidad apuntaban a detenerlo.

El ministro del Interior ha dicho que “han llegado para quedarse”. Habrá que ver.

La campaña electoral y el cambio de gobierno, marcó un paréntesis en todo este proceso. Ahora, transcurridos algo más de dos años, se ha comenzado a implementar un nuevo operativo “Mercurio 2019”, con el despliegue de alrededor de 1,500 agentes policiales y militares que han llegado a la zona de La Pampa, una de las más devastadas por la minería ilegal de Madre de Dios. El ministro del Interior ha dicho que “han llegado para quedarse”. Habrá que ver.

Imagen: El Comercio

Lo primero que queremos subrayar con este rápido recuento, es que no es la primera vez que un operativo de esta magnitud se implementa en Madre de Dios. Los primeros despliegues siempre son espectaculares, generan expectativa y esperanza en algunos y por supuesto, rechazo en otros. Sin embargo, las dificultades para sostener un operativo de esta magnitud y sobre todo lograr resultados efectivos en términos de erradicación y formalización de los mineros, son más que evidentes.

Experiencias previas muestran que hay varios cuellos de botella que deberían ser tomados en cuenta:

  • Cualquier proceso de intervención debe considerar que se está enfrentando a un enorme grupo de poder que desde hace un tiempo, controla territorios y representa más del 50% de la economía de Madre de Dios. En todos estos años, los mineros ilegales han acumulado poder económico, poder político y han ganado en organización y en número. También han penetrado poderes del Estado, como el Poder Judicial, municipalidades e incluso, en varios períodos, han comandado el propio Gobierno Regional: el anterior gobernador de Madre de Dios, Luis Otzuka, era un conspicuo representante de los mineros, lo mismo que el famoso ex congresista Amado Romero, apodado como el “Come Oro” y el actual, Modesto Figueroa Minaya, que ha sido investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos por posibles vínculos con la minería ilegal.
  • La presencia de los mineros en cargos públicos se ha traducido en acciones concretas que han buscado favorecer los intereses de su propia actividad -con iniciativas legislativas, construcción de infraestructura, etc.- y por supuesto tratando de bloquear las iniciativas de interdicción del gobierno nacional y mantener el estatus quo, lo que hasta el momento han logrado. Si bien ya no están de manera directa en la gobernación, las redes construidas todos estos años no han sido desmanteladas.
  • Cualquier proceso que busque enfrentar el flagelo de la minería ilegal que vulnera los derechos de la naturaleza, deberá apostar por construir una institucionalidad que opere en el territorio. Sin un gobierno subnacional empoderado y fortalecido, con capacidades y recursos suficientes, es imposible que se pueda tener éxito. Por supuesto, ese gobierno regional deberá estar apoyado por la presencia de todas las dependencias del Estado nacional en el territorio.
  • Todo esto implica una cantidad importante de recursos económicos. ¿El Ministerio de Economía y Finanzas ha decidido destinar partidas importantes a la región éste y los próximos años? No estamos hablando de recursos para sostener solamente el desplazamiento de las fuerzas policiales y militares; nos referimos sobre todo a los recursos que se necesitan para sostener una intervención integral del Estado peruano que permita revertir la situación actual y transformar en serio y a fondo el panorama actual.
  • Finalmente, no está de más recordar que todo esto deberá estar respaldado por una férrea voluntad política al más alto nivel. Un proceso sostenido deberá tener la capacidad de hacer frente a las respuestas de los grupos de poder que está enfrentando; hacer frente a conflictos sociales de envergadura que, seguramente, se presentarán en la región y al mismo tiempo disputar una base social de respaldo en el propio territorio. ¿El gobierno del señor Vizcarra y todo su gabinete están dispuestos a dar esa batalla? Hasta ahora, lo que se ha podido ver se parece mucho a una película que ya hemos visto varias veces en el país. Habrá que ver cuáles son los siguientes pasos.

 Vista panoramìcas de parte de la reserva de Tambopata , luego del abandonado por los mineros ilegales, en estas zona confluyen delitos como la trata de personas, explotación sexual y laboral, sicariato, evasión de impuestos, entre otros. Foto: ANDINA/Jhony Laurente

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