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Autoindetificación étnica, indagando sobre la peruanidad

Fuente de la imagen: Aidesep

Por Luis Hallazi*

20 de octubre, 2017.- El Censo 2017 por primera vez hará la pregunta de autoidentificación étnica; pregunta que ha generado polémica e incomodidad en diferentes espacios. Sin embargo los censos de diferentes países como Brasil, Chile, Colombia y Guatemala han utilizado esta pregunta como fuente directa para saber la situación de su población indígena y afrodescendiente; pero también se ha utilizado el criterio de idioma en países como Bolivia, Ecuador y México; aunque se ha advertido un proceso de perdida de las lenguas autóctonas debido a fenómenos de aculturación.

Sin duda, la pregunta directa para saber la identidad de las personas es la más legítima, pero qué pasa cuando el criterio de autoidentificación “indígena” está relacionado a la discriminación, racismo y marginación histórica de la población durante toda nuestra etapa republicana. Lo más probable es que haya una enorme dificultad para reconocer nuestro origen en cada uno de los más de 30 millones de peruanos y peruanas; lo que  puede además generar mayor problemática si la pregunta no está bien formulada, los entrevistadores no están bien capacitados o no se realizado una campaña previa de información.

Para aquellos que ha generado incomodidad esta pregunta, debemos saber que uno de los fundamentos del criterio de autoidentificación étnica está en la actual Constitución Política, artículo 2 inc. 19, donde se reconoce el derecho de identidad étnica y cultural; por tanto el Estado reconoce y protege dicha pluralidad étnica y cultural. Donde además se reconoce el derecho a usar el propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete, aunque en la práctica no se cumpla.

Estos derechos culturales a su vez están basado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los diversos instrumentos internacionales, en el caso específico de las poblaciones indígenas, el principal instrumento es el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos indígenas y Tribales en los países independientes, tratado internacional que tiene rango constitucional y que en su art. 1 inc. 2 se refiere a la autoidentificación subjetiva como la conciencia de la identidad indígena o tribal como criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican derechos colectivos dispuestos en el Convenio.

Por otro lado, una de los objetivos de los censos es tener información sobre la problemática de pueblos indígenas y afrodescendientes, sea sobre su territorio, recursos naturales, desplazamientos, justicia, migración, acceso a la salud, educación, vivienda, empleo y con dicha información fuente para establecer mejores políticas públicas y programas sociales para dichas poblaciones. Debemos recordar que a pesar que las comunidades gozan de autonomía organizativa según el art. 89 de la Constitución; es decir, son o en todo caso deberían ser las comunidades un nivel de autogobierno territorial además de los existentes niveles de gobierno nacional, regional y local. Sin embargo, las comunidades indígenas han estado relegadas y excluidas en la construcción de Estado republicano, al punto que actualmente el Estado no sabe de manera oficial y con exactitud cuántas comunidades son, dónde están, quiénes las componen o cuáles son sus necesidades.

Según información reciente de fuentes no oficiales como Instituto del Bien Común en el Perú contamos con más de diez mil comunidades campesinas y nativas divididas aproximadamente en 7 mil 268 comunidades campesinas de la sierra y costa, 2 mil 166 comunidades nativas de la amazonia. Todas juntas poseen cerca a la mitad del total de la superficie territorial del Perú; que por el olvido del Estado muchas de ellas principalmente las comunidades campesinas vienen siendo destruidas y con ello se extingue un pueblo indígena.

Por tanto, para atender a los más de 55 pueblos que se organizan en más de diez mil comunidades es necesario recoger información a través de los censos poblacionales para que de tal manera nos ayude a aproximarnos a la situación real. Esta pregunta incorporada en el censo 2017 es el primer paso y será una fuente primaria en la recolección de datos, tras toda una historia republicana sin interés por saber la situación de dichas poblaciones. Sin embargo, la pregunta realizada deja algunas dudas respecto a la inclusión en una de las alternativas del término “mestizo” que en una sociedad como la nuestra probablemente sea utilizada como un “comodín” generando confusión en los encuestados lo que genere que la una parte importante de respuestas se contaminen y no se consiga el objetivo de haber introducido esta pregunta.

Finalmente, los resultados serán una primera aproximación, no se puede tener grandes conclusiones si no es hasta compararlas con un segundo censo que vuelva a introducir la pregunta de autoidentificación étnica. En ese sentido, el Estado tiene que ser muy cuidadoso en utilizar la información generada en este censo para establecer decisiones, políticas públicas y programas sociales; necesariamente tienen que acudir a otras fuentes y estudios para intervenir en territorios indígenas, además de cumplir con derechos como el de la consulta previa. Por otro lado, los resultados de esta pregunta difícilmente nos mostraran el número real de población indígena que en el país, es la primera vez que se hace y habrá mucho que aprender.

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*Luis Hallazi, es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos.

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