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Piden detener actividad depredatoria de Ocho Sur P en Ucayali

Foto: IDL

Servindi, 16 de setiembre, 2020.- La Procuradoría del Ministerio del Ambiente (Minam) pidió al Poder Judicial suspender de inmediato las actividades depredatorias de la empresa Ocho Sur P que tiene plantaciones de palma aceitera en Nueva Requena, Ucayali.

El pedido de la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales del Minam se dirigió al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a través de una solicitud de medidas cautelares.

El caso Ocho Sur P es uno de los más escandalosos en los que confluyen la corrupción, la deforestación y las amenazas contra defensores indígenas de la Amazonía.

Se inició en mayo de 2015 con la denuncia presentada por miembros de la comunidad de Santa Clara de Uchunya. Entonces, la empresa palmicultora Plantaciones de Pucallpa S.A.C. había arrebatado al menos 7 mil hectáreas de bosques primarios que pertenecían a los indígenas.

El área arrebatada no tardó en ser deforestada para el cultivo de palma aceitera a gran escala. La empresa Ocho Sur P. es la nueva propietaria de la plantación.

En 2017 la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali identificó que se habían cometido delitos ambientales y contra la administración pública a través de una organización criminal.

En ese entramado delictivo habían participado también funcionarios del Gobierno Regional de Ucayali y traficantes de tierras.

A fines de 2018 la misma Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales solicitó medidas cautelares contra Plantaciones de Pucallpa S.A.C. las que le fueron otorgadas por el Poder Judicial.

Sin embargo, dicha medidas cautelares jamás fueron ejecutadas por causa de las constantes evasivas de la empresa.

La empresa se ha dado maña para evitar las sanciones del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y sigue operando, aun cuando hace algunos meses se le desaprobó su Plan de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA).

Poco han importado las múltiples denuncias por abusos ambientales y sociales que la empresa viene cometiendo hace años, incluso durante el contexto de la pandemia, según denuncias de organizaciones como la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau).

La nueva solicitud identifica cómo las actividades de Ocho Sur P. continúan incrementando la deforestación en Nueva Requena, dentro del territorio de Santa Clara de Uchunya.

Una nota informativa del Instituto de Defensa Legal (IDL) destaca que urge que el Poder Judicial ordene la paralización de las actividades de Ocho Sur P no solo para proteger el patrimonio forestal del país, sino para salvaguardar el territorio indígena y frenar el incontenible avance del tráfico ilegal de tierras en la región.

 

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