Servicios en comunicación Intercultural

Empresarios que marchan por vacancia deben más de S/ 22 millones

Dicen que buscan el ‘desarrollo’ del Perú, pero empresas de Erasmo Wong y Jorge Lazarte no cumplen con pagar deudas al Estado. Agroexportadora de Cristóbal Cillóniz afronta procesos sancionadores por no garantizar espacios seguros para sus trabajadores.

Por Nicol León

Wayka, 14 de abril, 2022.- Algunos conocidos empresarios, asiduos a las marchas por la destitución del presidente Pedro Castillo, tienen cuentas pendientes con la patria que dicen defender. 

Uno de ellos, el más activo, es Jorge Lazarte, empresario mano derecha de Carlos Rodríguez-Pastor, dueño del Grupo Intercorp, que a través de sus redes sociales promovía una manifestación para el 5 de abril en contra de la inmovilización obligatoria dictada por el gobierno. Según Lazarte, llamaba a defender la “libertad” de los peruanos.
 

Pese a que la medida no resolvía las protestas, empresarios como Lazarte aprovechaban la ocasión para hablar de “desobediencia civil” y de las firmas que recolecta la asociación que preside, Integridad por el Perú, para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el tipo de elecciones generales, en caso la vacancia se concrete.

En uno de sus videos, se manifestó en contra de que los congresistas dejen sus cargos y se inicien nuevas elecciones e hizo énfasis en que su asociación ha logrado que el Congreso apruebe varias de las leyes que han presentado.

 “El expresidente Sagasti ha lanzado la idea de recolectar 75 mil firmas para pedirle al Congreso que se haga un harakiri. Quiere que el Congreso apruebe una ley para adelantar las elecciones del 2026 y que se suicide. (…) No necesitamos leyes suicidas para salir de esta crisis, necesitamos certezas sobre las normas constitucionales que nos rigen para que los congresistas voten a conciencia y con tranquilidad”, dijo.
 

El empresario Jorge Lazarte marchando el pasado 5 de abril para pedir solo la salida de Castillo. Foto: Captura.

tros empresarios captados en marchas que promueven la vacancia del presidente Castillo son Erasmo Wong, dueño de Willax, y otras decenas de empresas que operan en el Perú, y Cristóbal Cillóniz, hijo de Fernando Cillóniz, exgobernador regional de Ica, simpatizante del fujimorismo, sentenciado a un año y ocho meses de prisión suspendida por difamación agravada.
 

El empresario Erasmo Wong en una de las marchas convocadas para pedir la vacancia del presidente Castillo. Foto: Captura.

Las empresas que dirigen o representan Lazarte y Wong tienen actualmente deudas tributarias con el Estado por 22 millones 143 mil 032 soles, y se encuentran en estado de cobranza coactiva. Es decir, que la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) ya les advirtió cuánto deben al Estado, pero estas aún no pagan.

En tanto, Cristobal Cillóniz, gerente de la agroexportadora SAFCO Perú, también fue visto en las protestas por la vacancia del mandatario. En noviembre de 2020, trabajadores de su empresa iniciaron un paro agrario para exigir que respeten sus derechos laborales y denunciar explotación laboral. A raíz de estas quejas, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) realizó visitas a sus locales; una de estas devino en una acta de infracción que proponía multarlos por S/ 346 mil 60 soles por incumplir con estándares de limpieza en espacios de los trabajadores. Otra propuso multar a Agro-empaques SAFCO con S/ 28 mil 79 por no garantizar espacios seguros para la salud de sus trabajadores.
 

Cristóbal Cillóniz, gerente de SAFCO S.A., empresa agroexportadora, cuyos trabajadores denunciaron en noviembre de 2020 por explotación laboral. Foto: Captura.

Defienden sus bolsillos

La identidad de Jorge Lazarte resaltó tras el video difundido en el que convocaba a las personas en Lima a salir el 5 de abril, pero también por su historial empresarial.

Este empresario fue hasta julio de 2021 el vicepresidente de Asuntos Legales y Corporativos de InRetail Perú, empresa del Grupo Intercorp del multimillonario Carlos Rodríguez-Pastor, quien habría dado parte de los más de 2 millones de dólares que la Confiep (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) recolectó para financiar la campaña de 2011 de Keiko Fujimori.

En 2018, cuando Lazarte representaba legalmente a InRetail Pharma, esta empresa pagó 583 millones de dólares para adquirir el 100% de las acciones de Quicorp S.A., empresa dueña de los laboratorios Química Suiza, Albis, Cifarma, Quilab, y de las cadenas de boticas Mifarma, BTL, Fasa y Arcángel. Así, con la asesoría de Lazarte, construyeron un monopolio al dominar el 83% de participación en el mercado farmacéutico peruano.

Cinco ciudadanos con enfermedades crónicas impusieron una demanda para que el Poder Judicial deje sin efecto la compra de InRetail Pharma de las empresas mencionadas. Argumentaron que InRetail Pharma y Quicorp, otra empresa de la que Lazarte figura como apoderado, violan el derecho a la salud, libre competencia y el derecho de los consumidores porque dominan el mercado de venta de medicamentos.

En 2019, la secretaría técnica de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) visitó de forma imprevista 24 establecimientos de la empresa InRetail Pharma o Inkafarma. Hallaron que no entregaban los medicamentos que los clientes solicitaban. Tampoco informaban sobre los medicamentos genéricos, más baratos que los de marca, ni ponían a disposición de los consumidores la lista de precios de los productos farmacéuticos. Encontraron que no vendían medicamentos genéricos por unidad.

Ante esto, el tribunal del Indecopi halló responsable a Inkafarma y le impuso medidas correctivas que debió aplicar en 15 días. Es decir, Lazarte, quien dice buscar el desarrollo del país, defendió las prácticas abusivas de estas empresas farmacéuticas.

Lazarte además figura como apoderado de la sucursal en Perú de la empresa constructora OCA Construcciones y proyectos S.A., que mantiene una deuda tributaria equivalente a 26 253 soles. Además, le debe al Seguro Social de Salud (EsSalud) 10 889 soles.
 

Deudas de la empresa OCA Construcciones y proyectos S.A., de la que Lazarte es apoderado. Fuente: SUNAT.

En 2013, la empresa que representa Lazarte también fue sancionada durante 20 meses por el Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que no pudo seguir ofreciendo sus servicios al Estado. Para ese año, Lazarte ya era representante de esta empresa.
 

Según la resolución, la empresa OCA Construcciones y proyectos S.A. presentó documentación falsificada para ganar la licitación de una obra. Así, violaron “el principio de moralidad que rige a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas”. El Tribunal de Contrataciones del Estado también remitió su investigación al Ministerio Público, pues la falsificación de documentos es un delito en el Perú.
 

Dos años después, les impusieron el mismo castigo. Les prohibieron contratar con el Estado durante 15 meses porque incumplieron el contrato de una licitación que ganaron para mejorar una carretera en Puno.
 

Otro empresario con serios cuestionamientos es Erasmo Wong, quien participó de la manifestación para exigir la vacancia de Castillo a principios de marzo de 2022. En octubre de 2021, el semanario Hildebrandt en sus Trece reveló que el fiscal Carlos Puma Quispe halló un desbalance patrimonial de S/ 35 millones en las cuentas bancarias del empresario, en una investigación fiscal que ya se encuentra en su etapa final.

La indagación incluye las empresas de esta familia, Río Pativilca y Abaco Corporación, así como a 11 firmas relacionadas a los Wong con sede en Centroamérica: Inversiones Dagomar, Zabuck International, Beckol Investment, Ducktown Holding, Guip Tin, Wong Lo, Guip Chi, Guip Van, Guip San, Guipa Long y Corporación E. Wong Investment Holding.

Sus empresas acumulan una deuda tributaria que suman los 22 millones 116 mil 779 soles. Estas son Industrial Paramonga S.A.C. (S/ 21 983 742), Compañía de Negocios Inmobiliarios SAC (S/ 9 281), agrícola Las Gramas S.A.C. (S/ 101 931), consorcio Gramas – Maderacre (S/ 15 254), Inversiones Financieras EW S.A.C. (S/ 6 297) y Consorcio Mediterráneo (S/ 274).

Su empresa Plaza Norte también fue sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Según el portal de OSCE, le impusieron una penalidad de S/ 319 mil 950 en el marco de un servicio que ofrecieron al Estado en el arrendamiento de su buen inmueble para la operatividad del centro MAC. La penalidad se habría impuesto por el “incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales” el 16 de agosto de 2019.
 

Contra trabajadores

Cristóbal Cillóniz también protestó para pedir solo la salida de Pedro Castillo el pasado 5 de abril. SAFCO S.A., empresa agroexportadora donde figura como gerente, fue denunciada en noviembre de 2020 por explotación laboral, junto a otras empresas agroexportadoras ubicadas en el sur del país.

Luego de que se difundieron estas denuncias, entre diciembre de 2020 y febrero de 2022, SUNAFIL realizó siete inspecciones en la sede de esta empresa ubicada en Ica. Una de estas, que ocurrió el 7 de diciembre de 2020, culminó con un acta de infracción que proponía multar a la empresa con S/ 346 mil 60 por incumplir los estándares de limpieza en los ambientes que usan los trabajadores (comedor, vestuario, servicios higiénicos). El proceso sancionador se encuentra en curso.

Personal de SUNAFIL también visitó Agro-empaques SAFCO S.A., otra empresa de los Cillóniz, tras recibir tres denuncias de trabajadores porque los expondrían a trabajar en condiciones precarias y peligrosas para su salud.

En la inspección realizada el 5 de marzo de 2020, hallaron que Agro-empaques SAFCO no garantizaba medidas para salvaguardar la salud y seguridad de sus trabajadores, por lo que emitieron un acta donde propusieron multar a la empresa con S/ 29 mil 79.

Benjamín Cillóniz es el gerente general de esta empresa y en noviembre de 2020, cuando sus trabajadores protestaron para exigir mejoras en las condiciones de trabajo, él los llamó “terroristas”. Ahora, junto a su familia, protesta por el ‘desarrollo’ del Perú.
 

----
Fuente: Publicado en Wayka el 13 de abril de 2022: https://bit.ly/3xsb3ta

 

Te puede interesar:

Empresarios detrás de la vacancia presidencial de Pedro Castillo

Imagen: El Foco

Servindi, 20 de octubre, 2021.- Una grave denuncia lanzó el portal periodístico El Foco al revelar la existencia de un grupo de empresarios afiliados a la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), que coordina acciones para traerse abajo al gobierno de Pedro Castillo. Seguir leyendo...

Valoración: 
0
Sin votos (todavía)

Añadir nuevo comentario