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La deuda con los desaparecidos

Están en algún sitio, desconcertados… sordos…: Mario Benedett

Por Rocío Silva Santisteban

9 de febrero, 2016.- No hay peor ansiedad que la producida por alguien de cuya muerte no tenemos certeza. No hay maldad más sombría que la de enterrar por primera y por segunda vez un cadáver como NN para que, quienes lo buscan, no lo encuentren.

Hay centenares de NN en los cajones del Instituto de Medicina Legal de Ayacucho, esperando una prueba de ADN para poder ser identificados.

Y hay mucho otros que siguen bajo tierra, en las más de tres mil fosas comunes de Ayacucho, Huancavelica o Junín. En Huánuco, el río Huallaga es considerado la fosa común más grande del mundo.

Según el Instituto de Medicina Legal, hay 15731 desaparecidos, aunque el Equipo de Antropología Forense (EPAF) reporta 13,721.

El EPAF sostiene que de los casos denunciados (7762), hay 4022 que continúan en estado de desaparición; 1674 han reaparecido, 1481 de ellos con vida (estuvieron en detención arbitraria).

También hay 1015 presuntas víctimas con información insuficiente y 534 casos no relacionados con desaparición forzada como delito. El movimiento Reúne ha denunciado la existencia de 6462 fosas comunes en todo el país.

El delito de desaparición forzada vulnera muchísimos derechos humanos: Vida, libertad, seguridad personal, identidad, juicio imparcial y un largo etcétera.

Es un delito de carácter permanente hasta que no se hallen los restos y, debido a su envergadura, los culpables son plausibles de extradición.

La Convención Interamericana de Derechos Humanos reconoció, el 28 de marzo de 1996, el delito de desaparición forzada y agregó a su definición que el Estado impida el ejercicio de recursos legales para acceder a la búsqueda. Por eso mismo, la carga de la prueba recae en el Estado.

El caso Santa Bárbara

El primero de setiembre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia ejemplar sobre uno de los casos más paradigmáticos del delito de desaparición forzada: El caso Santa Bárbara.

Se trata de la desaparición, en 1991, en la zona de Santa Bárbara, Huancavelica, de dos familias casi completas: Los “Hilario Quispe” y los “Hilario Morán”, incluyendo a siete niños de seis, cuatro y dos años, y a una bebita de ocho meses de edad, así como a una mujer embarazada de seis meses; una masacre despiadada. 

A todos los llevaron a la mina Misteriosa, los fusilaron y ya dentro del socavón, los dinamitaron.

Cuando el esposo de Antonia Hilario Quispe, Zenón Osnayo Tunque, regresó a su casa, encontró que ella había desaparecido junto con sus tres hijas.

Desesperado, pudo enterarse de los hechos y fue a la mina a buscar a su familia. Solo halló restos de ropa, huesos, un cráneo y la mano de una de sus hijas.

“Esta herida que tengo dentro de mi corazón nunca va a lograr sanarse”, dijo Zenón ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en enero de este año.

Por tratar de buscar justicia, estuvo once años, siete meses y 14 días en la cárcel, donde trató de suicidarse tres veces.

Hoy, más reconciliado, espera que el Estado peruano aplique la sentencia que básicamente le exige al Poder Judicial cumplir con su función y buscar los restos de esos niños que aún hoy siguen desaparecidos.

Exhumar no es buscar

Algo de lo que el EPAF y la CNDDHH están convencidos es que existe la necesidad de una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas que no disponga las exhumaciones de los cadáveres de los miles de fosas comunes de Ayacucho, Huancavelica, Junín y otros lares, sino que, sobre todo, implique una devolución digna de los restos de los peruanos y las peruanas asesinadas.

La búsqueda implica todo un proceso muy complejo, que incluye un trabajo específico con los familiares de las víctimas, que la ley debe asumir.

Sobre todo, la devolución digna de los restos y no en cajas de cartón, como se ha hecho en gobiernos anteriores.

En tal sentido, se puede rescatar que la CMAN ha otorgado más de 300 mil Soles en reparaciones individuales y que ha puesto especial énfasis en que los restos sean entregados por el Ministerio Público en osarios dignos.

Reúne

El movimiento Para que no se repita y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) han sido los que ha encabezado la campaña Reúne, que plantea movilizar a los cientos de familiares de víctimas de desaparición forzada, con el objetivo de presionar al Estado para que promulgue la Ley de Personas Desaparecidas.

Diferentes instancias del movimiento de derechos humanos, incluyendo la Coordinadora Nacional de Víctimas, CONAVIP, iniciaron la campaña con movilizaciones en los puentes de la Vía Expresa de Lima, el 17 de agosto de este año.

Asimismo, el 24 de agosto, cuando el ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) dio a conocer el proyecto de ley, la campaña se calentó y, cuatro días después, se entregó un primer petitorio al presidente de la República, Ollanta Humala, y un pedido de apoyo a los congresistas.

Finalmente, el 7 de setiembre, el ministro de Justicia envió un proyecto de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas al primer Consejo de Ministros.

Se espera que sea aprobado a la brevedad, aunque, como siempre, el gran opositor es el ministerio de Economía.

Coda

El actor Augusto Casafranca, quien interpreta al desaparecido de la obra teatral “Adiós Ayacucho”, reflexiona sobre su rol frente a este tremendo encargo: “Yo me convertí en un “chacaruna”, un hombre puente, que puede vincular a los de un lado y los de otro.

A los de acá y a los desaparecidos”. Estas reflexiones deberían empujarnos a actuar y a no permanecer indiferentes ante la tremenda deuda que el Perú les tiene a todos los familiares de los miles de desaparecidos.

Como en el poema de Vallejo, necesitamos unirnos todos alrededor del cadáver, para darle la dignidad que lo convertirá en eterno.

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Fuente: Blog de la asociación Servicios Educativos Rurales (SER): http://noticiasser.pe/03/02/2016/informe/la-deuda-con-los-desaparecidos
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