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Usurpación de tierras y ausencia de políticas públicas en Puelmapu

El aislamiento, el distanciamiento y la cuarentena no se cumplen para hostigar a las comunidades Mapuche ubicadas en la Patagonia argentina. Lejos de respetar el distanciamiento social, los terratenientes contratan patotas que atacan a las familias bajo el aval de la Justicia y los gobiernos provinciales.

Por Relmu Ñamku*

Debates Indígenas, 8 de setiembre, 2020.- Mientras en algunos países, la COVID-19 ha afectado seriamente a la poblaciones indígenas, en Argentina recién en agosto se confirmaron casos en el norte del país. Con la excusa del Decreto 297/2020 sobre el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, los poderes Ejecutivo y Judicial de las provincias han utilizado el sistema estatal para maltratar y discriminar a los pueblos originarios.

Sabemos que los contagios seguirán creciendo en nuestras comunidades, al mismo tiempo que aumentan los casos de abuso de autoridad de las fuerzas policiales y la discriminación de la intervención estatal.

Los Gobiernos miran a la pandemia con lentes urbanos que dificultan la asistencia a la hora de pensar en las poblaciones rurales: no aseguran el acceso al agua potable, a algunas comunidades les resulta difícil llegar a los centros de salud y, a nuestros niños y niñas se les dificulta la educación por la falta de internet y tecnología.

No podemos dejar de mencionar que la situación se agrava por la presencia de tuberculosis, dengue y desnutrición, paralelamente a los desmontes, incendios y el extractivismo. Mientras tanto, en Puelmapu, Territorio Mapuche al este de la cordillera de Los Andes que corresponde al Estado argentino, la pandemia sigue generando preocupación.

Protestas por el asesinato de Rafael Nahuel en Villa Mascardi. El joven Mapuche murió de un disparo por durante por la espalda durante una represión de la Prefectura argentina. Foto: Juan Guahan

Cuando la justicia no es igual para todos

El 10 de septiembre de 2019, la Comunidad Mapuche Lof Buenuleo decidió emprender un reclamo por sus derechos territoriales sobre 90 hectáreas en el Cerro Ventana, ubicado a 15 kilómetros de San Carlos de Bariloche, que habían sido ilegalmente apropiadas por el empresario Emilio Friedrich. Para ello, se decidió permanecer en una ruka (casa) para resguardar el territorio.

A partir de ese momento, la comunidad ha sufrido un constante hostigamiento por parte de la familia Friedrich. El ataque principal ocurrió el 29 de abril de 2020, cuando el mismo Emilio armó una patota compuesta por siete personas, que ingresó al territorio de la Lof y llevó a cabo un brutal ataque a la familia Buenuleo.

En la audiencia el 1° de mayo, el fiscal jefe de Bariloche, Martín Lozada, junto a los fiscales Tomás Soto y Gerardo Miranda, formularon cargos únicamente a cuatro de los nueve imputados. Inexplicablemente, la fiscalía descartó la presencia de Friedrich en el lugar de los hechos. Al tiempo que negó la actuación de la abogada Laura Zannoni y de su compañero Fernando Albani que estuvieron encapuchados organizando los actos de violencia y las agresiones a Ramiro Buenuleo.

Además, la fiscalía también negó la presencia del “Loro” Vera en el lugar, personaje que acompañó y supervisó los ataques. El fiscal Lozada solo se dedicó a imputar a los ejecutores de la agresión y no a quienes la organizaron e instigaron, desoyendo una larga historia de denuncias que los Buenuleo han realizado contra esta patota organizada.

El conflicto de la Lof Buenuleo vuelve a poner sobre la mesa que no todos pueden acceder a la Justicia en las mismas condiciones. Existe una justicia para ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda

Finalmente, en esa misma audiencia, el juez de turno Ricardo Calcagno resolvió liberar a los cuatro detenidos con una medida cautelar de restricción de acercamiento a un kilómetro del territorio.

Esta decisión dejó a la comunidad Buenuleo sin custodia policial, en una zona totalmente liberada para cualquier acción violenta por parte de los Vera bajo los intereses de Friedrich.

Los abogados defensores de la comunidad volvieron a presentar una medida de amparo para que la guardia sea restablecida en el lugar. El mismo juez de turno no tuvo otra opción que manifestar su disposición para escuchar el reclamo y el 4 de mayo sacó una nueva resolución indicando que se debía hacer presente la guardia del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) en el territorio.

El conflicto de la Lof Buenuleo vuelve a poner sobre la mesa que no todos pueden acceder a la Justicia en las mismas condiciones. Existe una justicia para ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Finalmente, el 14 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar a favor de Comunidad Mapuche Lof Buenuleo.

La Comunidad Mapuche Lof Buenuleo sufrió el ataque de una patota y la Justicia no les da respuestas. Foto: Diario Río Negro 

Militarización y resistencia

El 21 de mayo, la Comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, cercana a la ciudad de Bariloche, fue duramente reprimida por las fuerzas policiales de la provincia de Río Negro. Según un miembro de la comunidad, la represión habría comenzado a las 17.30: “El personal de la comisaría 42 está disparándole al Lof. Varios patrulleros están rodeando la comunidad. Acá los Konas del Lof siguen firmes. Vamos a resistir hasta la última gota de sangre en el territorio por la memoria de todos nuestros weichafes. Por la memoria de Rafita Nahuel”.

El Estado argentino pretende distorsionar la digna lucha y busca que la sociedad no indígena se ponga del lado de los policías que le disparan a la comunidad. La zona se militarizó, pero la comunidad sigue firme. “Por nuestra lucha, nuestra forma de pensar y nuestros ancestros. Por la gente que sufre y por los barrios altos que son golpeados, detenidos, torturados y marginados por los efectivos de la comisaría 42”, prometen resistir los miembros de la comunidad.

En este marco, es fundamental que se cumpla con lo dispuesto en la Ley de Emergencia Territorial 26.160 de 2006, que dispone el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras, y suspende los desalojos. A más de una década, los avances en la norma han sido escasos, a tal punto que fue prorrogada en tres oportunidades. El nuevo plazo vence en 2021 y, una vez más, deberá ser extendido.

Los integrantes del territorio Mapuche recuperado Lafken Winkul Mapu denuncian el hostigamiento. Foto: ANB

Amenazas y usurpación de tierras a una anciana Mapuche

El 5 de mayo, la papay Isabel Catriman, de 78 años, fue hostigada, insultada y amenazada por una patota que llegó en cuatro camionetas para que abandonara sus tierras.

Los matones ingresaron por la portada del Parque Nacional Los Alerces y avanzaron hasta el territorio conocido como Laguna Larga, donde la anciana Mapuche vive hace más de dos décadas y actualmente cumple con la cuarentena decretada por el Estado.

Desde febrero, Alejandro Samame, quien es hijo de un fiscal, y Nahuel Serra vienen amenazando y hostigando a la familia Catriman porque afirman haber comprado las tierras. Además, Samame es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Esquel y su familia es conocida en la ciudad.

En abril 2019, junto a Nahuel Serra conformaron la empresa Los Tercos SRL con el objetivo de explotación minera, forestal y ganadera. Y este año se adjudicaron esta parcela que linda con el Parque Nacional.

Inicialmente, el conflicto era con los guardaparques y la administración de Los Alerces. Ni gendarmería ni la policía tomaron la denuncia y, por el contrario, les están impidiendo llegar al territorio. En estos momentos se sabe que cambiaron los candados de las tranqueras y quieren desalojar a la Papay Isabel y su sobrino.

El Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural vendió la tierra, cuando se supone que están prohibidas las ventas de tierras fiscales a funcionarios o sus familiares

Una semana después, llegó una segunda alerta: la comunidad vecina de Paillako denunció que la policía de Chubut participó del intento de desalojo del territorio. Como ocurre en otras provincias argentinas, los responsables de proteger a la papay Isabel Catriman son los organismos estatales como el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural.

Este organismo vendió la tierra, cuando se supone que están prohibidas las ventas de tierras fiscales a funcionarios o sus familiares. Tanto el juez Criado como la Fiscalía de la Provincia de Chubut y el Juzgado de Familia deberían haber actuado de manera inmediata por violencia de género y racismo. Al no hacerlo, terminan siendo cómplices de las maniobras oscuras y mafiosas de los terratenientes para quitarles tierras al Pueblo Mapuche.

“Han prendido fuego, han cortado árboles y ahora están construyendo, sin que la familia Catriman pueda hacer nada. Desde febrero vienen hostigándolos y diciéndoles que se tienen que ir. Quisieron hacer denuncias en Gendarmería y les dijeron que no era su jurisdicción. Fueron a la policía y tampoco les dieron respuesta. ¿Cómo van a ingresar estos matones al Parque Nacional siendo que no dejan pasar a nadie? A nosotros no nos dejan entrar ni salir de nuestro territorio?”, apuntó una lamgen (hermana) de la comunidad Paillako.

Isabel Catriman, la anciana Mapuche que sufre el hostigamiento de los terratenientes. Foto: Grupo Gemas

El temporal de Cushamen

Durante junio y julio, la Patagonia fue sorprendida por un fuerte temporal de nieve. La zona de Cushamen, que nuclea a más de 15 comunidades Mapuche Tehuelche, quedaron fuertemente golpeadas por el temporal: hubo familias aisladas, desabastecimiento, pérdida de animales y falta de sustento económico para la subsistencia.

La nieve dejó en evidencia las inequidades de siempre. La mayoría de los políticos hablan del "interior profundo", de “la paisanada” y “el gauchaje”, y suelen decir que reconocen a la gente del campo. Sin embargo, solo son expresiones que guardan un profundo desconocimiento de las reales condiciones de vida en las zonas rurales, a las cuales solo llegan por algunas horas en época de campaña electoral.

Este fue el escenario en el que el Gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo sobrevolaron la zona en helicóptero, arrojando comida desde grandes alturas. 

El resultado fue trágico ya que la ayuda no llegó a manos de los afectados, sino que quedó diseminada por el campo y cubierta de nieve; las bolsas terminaron rotas; y la comida se mezcló con la lavandina y el alcohol en gel.

Una vez más quedó demostrada la inoperancia y ausencia de políticas públicas para los pueblos indígenas en Argentina. Pero en paralelo, crece la organización indígena, se empodera, estrecha lazos y persiste en la lucha de sus derechos, tierras y territorios. La lucha es y seguirá siendo por la titulación de las tierras ancestrales.

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*Relmu Ñamku es werken del pueblo Mapuche y forma parte de la Confederación de Pueblos y Mujeres Indígenas de Argentina.

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Este artículo forma parte del boletín que edita Debates Indígenas dedicado a la Recuperación Territorial Mapuche. Hoy se publica el informe sobre Usurpación de tierras y ausencia de políticas públicas en Puelmapu, lo demás artículos que forman parte de esta serie sons:

  • De la lucha territorial a la lucha por la libertad

Por Edgars Martínez Navarrete: https://bit.ly/3hNoFom

  • Las mujeres Mapuche y la lucha por nuestra autonomía territorial

Por Millaray Painemal Morales: https://bit.ly/3hFUajX

  • Mujeres no permitidas en la historia Mapuche

Por María José Lucero Díaz, Carola Pinchulef Calfucura y Marie Juliette Urrutia Leiva: https://bit.ly/2GazN0F

  • Extractivismo, racismo y violencia estatal en Wallmapu

Por Jakelin Curaqueo y Milton Almonacid: https://bit.ly/2YHY98h

 

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