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Pueblos indígenas, políticas públicas y elecciones en Brasil

Foto: Ricardo Stuckert

El país tiene una gran deuda interna, social e histórica: el genocidio de los pueblos indígenas. Esta realidad comenzó a ser reparada con la Constitución de 1988, una serie de políticas públicas destinadas al reconocimiento de derechos y la demarcación de Tierras Indígenas. En los últimos años, frente al retroceso vivido durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, el movimiento indígena ha optado por la resistencia, la organización y la participación política a través de candidaturas. El Estado debe ser consciente de que la lucha indígena tiene como objetivo la reparación histórica.

Por Mirian Potiguara*

Debates Indígenas, 5 de diciembre, 2022.- Durante mucho tiempo, la legislación relativa a los pueblos indígenas estuvo marcada por una visión conservadora y homogénea que defendía los intereses de los colonizadores. Esta situación perjudicaba a las poblaciones que han habitado las tierras brasileñas durante siglos. En ningún momento, la legislación respetó los derechos territoriales y ancestrales de los pueblos indígenas.

Esta realidad comenzó a transformarse en la década de 1980, cuando la lucha indígena pasó del pan-indigenismo a la atomización a través de ONG, asociaciones y entidades de defensa de los derechos humanos. Esta fragmentación multiplicó las organizaciones y la construcción de alianzas estratégicas. De esta manera, las movilizaciones étnicas posibilitaron que los propios líderes y lideresas se presentaran ante el Estado y la sociedad brasileña. En este marco, los dirigentes participaron en la elaboración del Capítulo VIII “De los indios” de la Constitución Federal de 1988.

A partir de esta carta magna, los pueblos indígenas tenemos derecho a políticas que valoricen nuestras lenguas y nuestros conocimientos tradicionales. Para ello, es necesario fortalecer las instituciones que priorizan nuestros valores culturales. En cuanto a las escuelas indígenas, es fundamental contar con currículas específicas, calendarios que respeten nuestras tradiciones, metodologías de enseñanza diferenciadas, publicación de materiales didácticos en lengua indígena y formación docente de indígenas para que enseñen en nuestras comunidades.
 

El movimiento indígena de Brasil encuentra en la Constitución de 1988 un texto que protege sus derechos. Foto: Tiago Miotto, CIMI

Tres décadas de políticas indígenas

En este marco, es importante conocer las políticas públicas desarrolladas por los distintos gobiernos y sus efectos en nuestros derechos y nuestra autonomía. El Gobierno de João Batista Figueiredo (1979-1985) fue conocido como la “Nueva República” porque sirvió de transición entre el autoritarismo militar y la democracia. Esta presidencia tuvo consecuencias dramáticas para la cuestión indígena: se propagaron epidemias y endemias que afectaron a decenas de pueblos indígenas amazónicos. La perspectiva del Estado era integrar a los indios a la nación brasileña y, a quienes se resistían al proceso asimilacionista, se los exterminaba a través de la expansión territorial y la colonización.

Durante el gobierno de José Sarney (1985-1990), muchos territorios indígenas, especialmente en la Amazonía, fueron ocupados por invasores, pescadores, madereros, buscadores de oro y empresas mineras. La Fundación Nacional del Indio (FUNAI) se convirtió en un bastión de los sectores anti-indígenas, mientras que las políticas implementadas tenían como objetivo la liberación de tierras para la minería, las madereras y la implantación de núcleos de colonización. Se estima que más de 2.000 yanomami murieron como consecuencia de las enfermedades transmitidas por la invasión de sus tierras.

Presionado por la realización de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, Collor de Mello realizó la demarcación del área yanomami y aprobó 108 Tierras Indígenas.

Ya en la presidencia de Collor de Mello (1990-1992), se otorgaron competencias a los Ministerios de Justicia, Salud, Educación y Agricultura para promover acciones y servicios para los pueblos indígenas. Presionado por la realización de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, Collor de Mello realizó la demarcación del área yanomami y aprobó 108 Tierras Indígenas. Tras su destitución, durante el gobierno de Itamar Franco (1992-1994) se realizó la Segunda Conferencia Nacional de Salud Indígena que estableció lineamientos y parámetros para una nueva política en la materia. En sus dos años, se ratificaron 20 Tierras Indígenas.

Durante la presidencia de Fernando Henrique Cardozo (1995-2003) se derogó el Decreto 22/91 que reglamentaba el procedimiento de deslinde de tierras creado por Collor de Mello. En su lugar, el Decreto 1775/96 estableció el "derecho de contradicción" con el objetivo de facilitar la oposición contra la demarcación de Tierras Indígenas. Con esta estrategia, decenas de demarcaciones de tierras fueron cuestionadas, incluso después de concluidos los estudios de identificación, delimitación y comprobación de la presencia indígena. En sus ocho años de gestión, Henrique Cardozo aprobó 147 Tierras Indígenas.

Lula Da Silva aprobó solamente 88 territorios, muchos de los cuales ya tenían trámites iniciados en gobiernos anteriores.

Durante las dos presidencias de Inácio Lula da Silva (2003-2010), los pueblos indígenas pensaron que se iban a encontrar con un gobierno comprometido con sus reivindicaciones. Por lo tanto, esperaban que se demarcaran sus tierras y se ejecutaran políticas diferenciadas y dignas, en línea con la Constitución. Sin embargo, el saneamiento de tierras, un deber del Estado, no se convirtió en una prioridad y muchos de los trámites de demarcación fueron paralizados. Como resultado, muy pocas Tierras Indígenas fueron regularizadas: Lula aprobó solamente 88 territorios, muchos de los cuales ya tenían trámites iniciados en gobiernos anteriores.

Desde el inicio del gobierno de Jair Bolsonaro, el país y la comunidad internacional han sido testigos del desmantelamiento de las políticas de protección hacia los pueblos originarios y las áreas de preservación ambiental, especialmente en la Amazonía. Hay dos ejemplos muy claros: el debilitamiento de la FUNAI y el despido de altos funcionarios de sus cargos directivos. De este modo, solo dos de los 39 coordinadores regionales son funcionarios de carrera. La presidencia de Bolsonaro será recordada como un gobierno genocida e inhumano que sembró el odio y la violencia en nuestra nación.
 

El de Jair Bolsonaro será recordado como un gobierno que significó el retroceso de los derechos indígenas. Foto: Midia Ninja

Consolidación del movimiento indígena

La resistencia de los pueblos indígenas está sustentada en su propio carácter guerrero y, en las alianzas con instituciones dispuestas a colaborar con nuestra causa y con la implementación de políticas públicas. Por este motivo, necesitamos que nuestros líderes y lideresas ocupen espacios de decisión con el objetivo de orientar las políticas públicas de acuerdo a lo que consideramos que es mejor para nuestro futuro. En este sentido, la Campaña Indígena forma parte de un proyecto de fortalecimiento de la participación política a través de candidaturas de dirigentes y dirigentas en la disputa electoral.

Con el lanzamiento de la carta abierta “Por un parlamento cada vez más indígena”, este movimiento tiene el objetivo de defender nuestra identidad cultural y ancestral. Por un lado, como resistencia al proyecto de aniquilación de un país pluricultural y, por otro lado, como denuncia a la parálisis de la demarcación de Tierras Indígenas. En 2020, el Manifiesto a los pueblos, organizaciones y lideranzas indígenas describía la mirada indígena sobre la disputa política del país. Finalmente, con el lema “Arreglemos la política”, la movilización indígena de 2022 fue fundamental para la construcción de un colectivo de base.

No basta con ocupar los legislativos municipales. Pretendemos ocupar el Senado y la Presidencia de la República, es decir, donde se toman las decisiones más importantes. Las candidaturas tienen como principal agenda la reducción del cambio climático y nadie mejor que los pueblos indígenas para abordar este debate. También necesitamos fortalecer las instituciones relacionadas con la salud y la educación indígena: la FUNAI, la Fundación Nacional de Salud, el Programa de Educación Escolar Indígena, las Secretarías Municipales de Educación, el Distrito Especial de Salud Indígena, el Ministerio Público de la Federación y el Consejo Indígena Misionero.
 

A fines de agosto de 2021, el país vivió la mayor movilización indígena en defensa de sus derechos territoriales. Foto: Isabelle Araújo y Alas Derivas

La bancada cocar llegó para aldear a la política

En la coyuntura actual, las candidaturas indígenas han ganado cada vez más espacio en los partidos políticos. Este escenario es el resultado directo de las movilizaciones indígenas en torno a la ocupación de cargos públicos. En 2022, estas organizaciones realizaron la “aldea de la política” para elegir a sus representantes en el Parlamento. Si bien se debe celebrar la movilización de estos actores políticos, hay que repensar la apertura de los partidos políticos hacia el movimiento indígena, al mismo tiempo que deberían existir mayores incentivos para que estas candidaturas sean viables electoralmente.

En consecuencia, debemos estar atentos a la posibilidad de ampliar la representación indígena en los espacios tradicionales de poder. Para ello se ha creado una bancada do cocar en el ámbito federal y estatal: un bloque que reúne a legisladores indígenas, afrodescendientes, feministas y LGTBIQ+ excluidos de la participación democrática. Esta bancada puede ser de mucha utilidad para luchar contra el desmantelamiento normativo e institucional que ha imperado en los últimos años.

Hoy tenemos voz, y como el ave fénix, nos levantamos más fuertes y somos protagonistas de nuestra historia.

En las elecciones de 2022, cinco representantes indígenas muy bien preparados obtuvieron escaños en la Cámara de Diputados. Entre ellos, se destaca la figura de Sôninha Guajajara, quien simboliza a la mujer indígena guerrera y, sería una buena candidata para representarnos en el Ministerio de los Pueblos Indígenas y articular la política indigenista. Sin embargo, no es suficiente. Como pueblos indígenas, queremos discutir nuestra participación en todas las áreas del Gobierno de Lula. Queremos estar presentes en la construcción de la política cultural, educativa y de salud, en el Ministerio de Justicia y, por supuesto, en el Ministerio del Medio Ambiente.

En tiempos tan sombríos es necesario seguir las palabras de Paulo Freire: “Es necesario tener esperanza, pero tener esperanza del verbo esperanzar; porque hay gente que tiene esperanza del verbo esperar. Y la esperanza del verbo esperar no es esperanza, es esperar. ¡Esperanzar es levantarse, esperanzar es ir tras él, esperanzar es construir, esperanzar es no rendirse!”. Y como los indígenas somos un pueblo de lucha y resistencia, nunca nos rendiremos. Por eso tenemos esperanza en el verbo esperanzar y lucharemos por tiempos mejores.
 

Las Diputadas Federales Sônia Guajajara y Célia Xakriabá, integrantes de la bancada do cocar, presentes en la COP 27. Foto: Twitter Célia Xakriabá

Como el Ave Fénix

Estamos cansados ​​de la tutela del Estado que nos dice todo el tiempo cómo actuar y qué hacer. Hoy tenemos voz y, como el Ave fénix, nos levantamos con más fuerza y somos protagonistas de nuestra historia. Hoy, la historia es contada por nuestro propio pueblo y creemos que es a través de la educación que ocuparemos los espacios que por derecho son nuestros. Todo nos fue arrebatado, nuestra lengua materna fue extinguida, nuestra identidad fue negada, nuestro pueblo fue diezmado y no se nos hizo partícipes en la construcción de este territorio.

Las naciones del mundo están experimentando problemas sociales que sus ciudadanos y sus gobiernos están tratando de resolver. La solución implica cambiar la forma de vivir de las personas, transformar prácticas nocivas en saludables, cambiar valores en las sociedades y crear nuevas tecnologías que eleven la calidad de vida de las personas. Frente al actual gobierno genocida, esperamos que Lula asuma el compromiso de colaborar con los pueblos indígenas y reconstruir políticas sociales sin odio ni rencor.

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* Mirian Potiguara es Pedagoga y Licenciada Intercultural Indígena por la Universidad Federal de Campina Grande (UFCG). Actualmente es investigadora especializada en Patrimonio Histórico y Cultural, y es profesora indígena de la Escuela Akajutibiró.

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Fuente: Publicado en Debates Indígenas como parte de su boletìn correspondiente a diciembre de 2022, Especial: Agenda Indígena. Reproducido en Servindi respetando sus condiciones: https://bit.ly/3UzEwt0

 

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