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El fin de la ilusión de los pueblos indígenas en Colombia

Foto: Luis Robayo

Los Acuerdos de Paz firmados en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC generaron la esperanza de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes de vivir en paz en sus territorios. Sin embargo, el nuevo Gobierno de Iván Duque no cumplió con lo firmado y, lejos de integrar las áreas abandonadas por la guerrilla a la vida institucional del país, terminó librándolas a su suerte. Actualmente, los grupos paramilitares encuentran la libertad para disputarse las tierras y asesinar a líderes sociales como mecanismo de sujeción de las poblaciones rurales. A las minas antipersonales y los confinamientos obligatorios, se suman las masacres como mecanismo de presión en 2020.

Por William Villa*

Debates Indígenas, 3 de noviembre, 2020.- En la historia política de Colombia, el asesinato, la amenaza y el desplazamiento forzado de la población se han convertido en instrumentos a través de los cuales ciertos sectores de la sociedad, vinculados a los poderes económicos, legitiman y afirman un modelo de ordenamiento del territorio, de regulaciones respecto a la tenencia de la tierra y de mecanismos para acceder al control de los recursos del subsuelo.

 Durante los siglos XIX y XX, la guerra ha sido el medio para fraguar el ideario de nación, mientras que la gran propiedad agraria y ganadera se ha construido a sangre y fuego, ya sea bajo la fórmula de la propiedad terrateniente o de la agroempresa. Este mecanismo violento también se impone para el control y saqueo de los bosques, la explotación de las zonas ricas en recursos minero energéticos y el desarrollo de grandes proyectos.

La formación de la actual economía agraria del país y la consecuente consolidación de las élites que gobiernan es un proceso que se desarrolla a partir de la expulsión de las poblaciones localizadas en los valles interandinos, en la gran llanura caribeña y, en el piedemonte llanero y amazónico. Estas poblaciones que hacia el pasado ejercían control y propiedad sobre tales áreas estaban conformadas por pueblos indígenas, por poblaciones de raigambre afro y por el campesinado mestizo.

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta la mitad de 2020, han sido asesinados 250 líderes indígenas

En este contexto y dinámica de larga duración, caracterizada por la exclusión y la violencia, es como se puede comprender la persecución y asesinato de los líderes indígenas que se vive actualmente en Colombia.

Según el Balance General de Vulneraciones a los DDHH e Infracciones contra los Pueblos Indígenas, durante el período 1985-2017 fueron asesinados 9.148 indígenas que cumplían acciones de liderazgo para la afirmación de un proyecto cultural propio: la defensa del territorio, el ejercicio de la autonomía, la aplicación de justicia y, la defensa de los derechos de niños y mujeres frente a los grupos armados.

Este informe realizado por la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas toma como referencia a 1985 por ser el año pactado en el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a partir del cual a las víctimas de la guerra se les reconoce el derecho a ser reparadas, a tener conocimiento de la verdad sobre los sujetos y motivaciones de quienes participaron en la guerra, y a que se aplique justicia a los grupos que se identifican como victimarios.

Manifestación de pueblos indígenas en Colombia. Foto: Semana

La persistencia del asesinato de líderes indígenas

El Informe Especial Registro de líderes y personas defensoras de DDHH asesinadas desde la firma del Acuerdo de Paz realizado por las organizaciones Indepaz, Cumbre Agraria y Marcha Patriótica denuncia: “Desde que se suscribió el acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP hasta el 15 de julio de 2020, 971 personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia (21 en 2016, 208 en 2017, 282 en 2018, 253 en el año 2019 y 53 en lo que va de 2020)”.

Con la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Estado colombiano en noviembre de 2016 se cierra un ciclo de guerra que a lo largo de 50 años ha involucrado, especialmente, a las poblaciones rurales y ha tenido un impacto grave para los pueblos indígenas, las poblaciones afro y las comunidades campesinas. 

Tal evento generó grandes expectativas en los pueblos indígenas y sus organizaciones, que imaginan la vida en paz dentro de sus territorios junto a la consolidación de su proyecto autonómico y su visión de desarrollo. Sin embargo, las vulneraciones a sus derechos persisten y, en ciertas regiones, se intensificaron: desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta la mitad de 2020, han sido asesinados 250 líderes indígenas. La región del Cauca es uno de los territorios en los que más se concentra la violencia contra los liderazgos indígenas.

Con la implementación del Acuerdo de Paz y el desarme de las FARC, las áreas controladas por esta guerrilla fueron abandonadas por sus combatientes y se esperaba que la acción estatal integrara estos espacios a la vida institucional del país, a través de programas orientados a crear una economía y una cultura fundada en la legalidad. 

 Pero de modo contrario, el nuevo gobierno de Iván Duque, asumido en 2018, no reconoció lo pactado y las tierras se convirtieron en un campo de batalla entre los grupos paramilitares que se disputan la zona. 

Frente a este escenario, el asesinato de los defensores de derechos humanos se constituye en el instrumento usado por estos grupos armados para asegurar el control sobre el territorio y la sujeción política de las poblaciones rurales.

El asesinato de los defensores de derechos humanos constituye el instrumento usado por estos grupos armados para asegurar el control sobre el territorio y la sujeción política de las poblaciones rurales

Otro conflicto que ha ido en aumento es el del narcotráfico. Desde la firma del Acuerdo de Paz, se ha incrementado significativamente las áreas sembradas de coca. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas, entre 2016 y 2020, las plantaciones se han mantenido entre las 150.000 y las 170.000 hectáreas. En relación a años anteriores, el incremento del área sembrada de coca se ubica en 100.000 hectáreas.

En las áreas de resguardos indígenas, los cultivos de hoja de coca cubrían, para 2019, una extensión de 14.000 hectáreas. Con ello se acrecienta la violencia en todas sus formas. En algunos resguardos indígenas, las autoridades y líderes optan por resistir la siembra de hoja de coca o, en su defecto, plantean la sustitución de esos lotes por cultivos de alimentos, a partir de programas que sean financiados por el gobierno nacional.

 Esta política de defensa territorial asumida por las autoridades indígenas es interpretada como un obstáculo por el narcotráfico y sus ejércitos, que responden con la amenaza a los líderes, el desplazamiento forzado de sus territorios y el asesinato de miembros de la población.

Además de establecer cultivos de coca en tierras de resguardo, los grupos armados buscan atraer a la población, especialmente a los jóvenes, como jornaleros en los campos sembrados, empleados en las redes de narcotráfico o soldados armados. Para las autoridades indígenas, resistir al reclutamiento forzado de los jóvenes y al establecimiento de grupos armados en su territorio ha sido durante décadas un campo de acción política. 

Esta postura política de las organizaciones se ha convertido en la causa para que las bandas de narcotraficantes conviertan a los líderes en objetivo militar.

Los territorios indígenas y los espacios de la guerra

El espacio geográfico en el que se distribuye el asesinato de líderes indígenas y la vulneración a los derechos territoriales guarda correspondencia con las regiones en las que los grupos armados se disputan el control de rutas para el narcotráfico, se concentra el cultivo de coca y se establece la minería ilegal. También son lugares en donde históricamente se ha presentado confrontación por el control y acceso a la tierra, o donde la explotación minero energética es relevante.

La población indígena del departamento del Cauca, especialmente el pueblo Nasa, ha experimentado con mayor rigor el asesinato de sus liderazgos. Desde 2016 han sido asesinados 94 líderes indígenas, 28 de ellos en el primer semestre del 2020. Esta cifra muestra que en una sola región se concentra el 37,6% de los asesinatos a defensores indígenas.

Otro de los territorios afectados por la violencia son los resguardos del pueblo Awá. En la región suroccidental de Colombia, entre la costa del Pacífico y la frontera con Ecuador, viven cerca de 25.000 Awá. Allí se concentran las mayores extensiones de cultivos ilegales de coca en Colombia. En los municipios adyacentes a la costa las áreas sembradas suman un área aproximada de 45.000 hectáreas, cifra que representa el 25% del área cultivada en Colombia.

Esta situación que caracteriza a la región desde principios de siglo XXI tiene consecuencias en la violencia que viven los pobladores indígenas y afros. Al respecto, el gobernador indígena Pai señala: “Ya contamos 425 miembros de nuestra comunidad asesinados en Nariño desde el 2000. Casi dos al mes. Tan solo en los últimos dos años y medio, hemos visto morir a 30 Awá a manos de todos los actores armados”.

La presencia de paramilitares y la confrontación entre grupos armados al interior de los resguardos indígenas lleva a que las comunidades sean sometidas al confinamiento obligatorio

De modo paralelo, la presencia de paramilitares y la confrontación entre grupos armados al interior de los resguardos indígenas lleva a que durante ciertos períodos las comunidades sean sometidas al confinamiento obligatorio. En ocasiones, la siembra de minas antipersonales restringe la movilidad en las zonas boscosas y, con ello, se presentan situaciones de crisis alimentaria. 

Las poblaciones indígenas Embera y Wounaan, que habitan las zonas selváticas de la región occidental de Colombia, llevan viviendo dos décadas en este ambiente de zozobra, de presión sobre sus territorios y de persistente amenaza por parte de grupos armados.

Durante este año, las masacres se han convertido en el modo de violencia extrema elegido por los grupos armados. El fenómeno tiene como finalidad causar temor entre la población indígena e inmovilizarla, a los fines de minar su capacidad de resistencia a los grupos ilegales que ingresan a su territorio.

La periodista Valerie Cortés contabiliza 43 masacres en lo que va del 2020: “Durante este período se identificó que Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo son los departamentos en los que se han presentado el mayor número de masacres en lo corrido de este año. En estos territorios se presentaron 31 masacres, es decir, el 72% del total registrado en todo el país. Como es de esperarse, allí se concentra la mayor cantidad de víctimas: 134 de 181, aproximadamente el 74%”.

"Reconciliación con las víctimas". Mural por los derechos indígenas. Foto: Bibiana Moreno (ONU)

Las organizaciones indígenas frente a la violencia

Al tener conocimiento sobre la situación en sus territorios y las amenazas a sus líderes, la organización indígena actúa como una red de comunicación con capacidad para generar alertas orientadas a movilizar las instituciones gubernamentales y no gubernamentales encargadas de la protección de los derechos de la población. 

Esta función las convierte en un objetivo militar de las bandas criminales y, en ocasiones, sus líderes sufren amenazas, son obligados al desplazamiento forzado o son asesinados.

En los territorios indígenas, sus autoridades han promovido la formación de grupos de guardias, que ofician como una organización no armada para el control social interno y de los territorios. 

A pesar de estas desarmadas, estas guardias indígenas enfrentan a quienes ingresan ilegalmente a sus territorios, protegen a sus líderes frente a la amenaza de los paramilitares armados y movilizan al conjunto de la población para resistir a la violencia.

Si bien la organización indígena no tiene la capacidad para enfrentar directamente la violencia en las comunidades, su importancia reside en operar como una red de comunicación hacia el interior del país y en el plano internacional. A través de la prevención inmediata y pacífica, las organizaciones regionales y nacionales han sido el instrumento de protección y salvaguarda más importante de las comunidades.

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*William Villa es antropólogo e investigador. Durante cuatro décadas, ha publicado trabajos relacionados con la construcción territorial y política de las poblaciones indígenas y afrocolombianas, sobre la vulneración a los derechos, los conflictos experimentados en sus territorios y, la caracterización de su organización social y política.

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Este artículo forma parte del boletín que edita Debates Indígenas dedicado a los Defensores Indígenas. Hoy se publica el informe sobre El fin de la ilusión de los pueblos indígenas en Colombia, las demás investigaciones que forman parte de esta serie se publicarán durante noviembre. 

- Los desafíos del movimiento indígena en Rusia

Por Nikita Bulanin: https://bit.ly/3e1PpAm

- Los pueblos indígenas y los derechos sobre la tierra en Myanmar

Por Ke Jung y Nikita Bulanin: https://bit.ly/2HyvkWE

 

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Comentarios

El artículo es muy bueno pero es demasiado largo.

¡VIVA LOS PUEBLOS INDIGENAS DE COLOMBIA!

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