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¿Quién paga por los pecados climáticos?

Levi Sucre, coordinador general de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB). Foto: Joel Redman / If Not Us Then Who

“Mi comunidad no existe solo para absolverte de tus pecados climáticos” se titulo el artículo de opinión del líder indígena Bribri publicado en el diario New York Times.

Servindi, 3 de diciembre, 2022.- La última COP27, como sus predecesoras, continúa sin definir ni movilizar compromisos climáticos concretos de los grandes responsables de la crisis climática.

Mientras tanto, los auténticos actores eficientes de la mitigación y adaptación al cambio climático continúan siendo utilizados y reducidos en su capacidad de decisión en los procesos climáticos globales.

Y es que las últimas negociaciones no lograron crear reglas justas para el nuevo sistema de comercio de carbono que se espera comience en 2024 como parte del acuerdo climático de París.

Por lo tanto, ante la falta de regulación y carencia de reglas claras, se deja intacto un sistema en el que las comunidades indígenas pueden – y son – explotadas con facilidad.

Así lo denuncia Levi Sucre Romero, indígena del pueblo Bribri y coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) en un artículo publicado por The New York Times.

El dirigente explica que la compra de bonos de carbono por empresas y estados contaminadores resulta alentada si se permite a los países mantener la confidencialidad de la información sobre los proyectos de créditos de carbono.

Ello es sumamente preocupante para los pueblos indígenas y comunidades locales pues en este escenario proliferan los vaqueros o piratas del carbono, que como intermediarios, buscan convencer a las comunidades para ceder sus derechos sobre el carbono de sus bosques.

Es así como los pagos prometidos sobre los derechos del carbono genera un marco de acuerdos que vulneran los derechos colectivos de las comunidades.

Por tal motivo cualquier propuesta de asociación con los pueblos indígenas debe comenzar con el reconocimiento de los derechos sobre la tierra y la transparencia sobre los detalles del proyecto.

A ello se agrega además la necesidad de procesos adecuados de consulta a las comunidades, tal como lo deberá exigir el organismo de la ONU que supervisará los mercados de carbono, refiere Sucre.

Para acceder al artículo de completo puede ingresar aquí:
 

 

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