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¿Pueden las comunidades sancionar a los que violen el cierre territorial?

Comuneros resguardando el acceso a sus territorios con el control de los ríos. Foto: GTANW

¿Pueden las comunidades nativas sancionar a los que incumplen el cierre de sus territorios para impedir el ingreso del Covid-19? Esta pregunta se hacen muchos líderes de comunidades nativas en la Amazonía, cuando constatan que muchas personas, no solo no están respetando su decisión de cerrar sus territorios, ante el peligro de ser contagiados por el Covid 19, y ante la inexcusable inacción y desprotección del Estado, sino cuando muchas personas, comerciantes, madereros, alcaldes, etc., ingresan a sus territorios sin el menor cuidado, poniendo en grave peligro la salud, la vida y la integridad física de las comunidades.
 

¿Pueden las comunidades nativas sancionar a los que incumplen el cierre de sus territorios para impedir el ingreso del Covid-19?

Por Juan Carlos Ruiz Molleda*

2 de mayo, 2020.- Esta pregunta se hacen muchos líderes de comunidades nativas en la Amazonía, cuando constatan que muchas personas, no solo no están respetando su decisión de cerrar sus territorios, ante el peligro de ser contagiados por el Covid 19, y ante la inexcusable inacción y desprotección del Estado, sino cuando muchas personas, comerciantes, madereros, alcaldes, etc., ingresan a sus territorios sin el menor cuidado, poniendo en grave peligro la salud, la vida y la integridad física de las comunidades.

1. ¿Pueden impartir justicia y aplicar sanciones las autoridades de las comunidades nativas contra personas que no acatan su decisión de cerrar sus territorios?

La respuesta es sí pueden. El artículo 149 de la Constitución, la norma más importante en nuestro sistema jurídico reconoce la facultad de las comunidades nativas y campesinas de administrar justicia en sus territorios, de acuerdo a sus costumbres. El artículo 9.1 del Convenio 169 de la OIT, también reconoce el derecho de los pueblos indígenas, de resolver sus conflictos de acuerdo con sus costumbres (1).

“Artículo 149°. Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”. (Resaltado nuestro).

2. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos de la justicia comunal?

El fundamento de la justicia comunal es el derecho a la libre determinación, el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la identidad cultural. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, “la libre autodeterminación es la capacidad pueblos indígenas de organizarse de manera autónoma, sin intervenciones de índole política o económica por parte de terceros, y la facultad de aplicar su derecho consuetudinario a fin de resolver los conflictos sociales surgidos al interior de la comunidad, siempre que en el ejercicio de tal función no se vulneren derechos fundamentales de terceros, de los cuales el Estado es garante, por ser guardián del interés general y, en particular, de los derechos fundamentales” (STC No 03343-2007-PA, f.j. 32).

En relación con los límites de este derecho, el TC señala en la misma sentencia que la autodeterminación, “no debe ser confundida con pretensiones autárquicas, separatistas o antisistémicas, puesto que deben considerarse juntamente con el principio de unidad de gobierno e integridad territorial del Estado (artículos 43 y 54 de la Constitución), sustento material de los derechos y deberes de los ciudadanos en su conjunto”. (STC No 03343-2007-PA, f.j. 32).

El derecho constitucional de acceso a la justicia, está implícitamente reconocido en el artículo 193.3 de la Constitución, cuando reconoce los principios del debido proceso y la tutela procesal efectiva, y tiene reconocimiento explícito en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley 28237. Finalmente, tenemos el derecho a la identidad cultural está reconocido en el artículo 2.29 de la Constitución y en el artículo 5 del Convenio 169 de la OIT. La justicia indígena concreta y materializa estos principios y encuentra en ellos su fundamento constitucional y convencional.

3. ¿Pueden impartir justicia y aplicar sanciones las autoridades de las comunidades nativas contra personas que no son de las comunidades?

Si tiene competencia sobre terceros. Las autoridades de las comunidades nativas no solo tiene competencia para sancionar a los miembros de sus comunidades que se encuentren en su territorio, sino contra personas ajenas a la comunidad, como pueden ser comerciantes, alcaldes, funcionarios públicos, madereros, etc., siempre que estos incurran en conductas dentro del territorio comunal, que afecten bienes jurídicos de relevancia para las comunidades nativas, como puede ser la salud de los miembros de la comunidades, los recursos naturales que garantizan su subsistencia, la paz comunal, etc. Se aplica la misma lógica cuando un extranjero comete un delito en suelo peruano, no importa de qué país es, está sometido a las normas penales del Perú.

4. ¿La facultad de administrar justicia de las comunidades es obligatoria o solo cuando la comunidad lo decida?

El artículo 149 de la Constitución dice “pueden” administrar justicia las autoridades de las comunidades nativas, con lo cual deja en libertad a las autoridades de la comunidad nativa para impartir justicia. Esto significa que no es una obligación de las autoridades indígenas administrar justicia. Si estas autoridades advierten que no están en la capacidad de enfrentar una problemática, puede recurrir a la justicia estatal.

5. ¿Quién tiene la competencia y la preferencia de resolver un conflicto ocurrido en territorio de la comunidad, si la justicia estatal y la justicia indígena reclaman jurisdicción?

De acuerdo con el artículo 18.3 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo 957, la preferencia la tiene las comunidades nativas. Según esta norma, la justicia estatal no es competente para resolver conflictos que son competencia de los pueblos indígenas.

“Artículo 18°.- Límites de la jurisdicción penal ordinaria.

La jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer:

1. De los delitos previstos en el artículo 173° de la Constitución.

2. De los hechos punibles cometidos por adolescentes.

3. De los hechos punibles en los casos previstos en el artículo 149° de la Constitución”(Resaltado nuestro)

6. ¿Qué penas pueden las comunidades nativas imponer a las personas sometidas a la justicia estatal?

Según el artículo 149 de la Constitución las autoridades de las comunidades campesinas imparten justicia de acuerdo con sus costumbres. Se pueden imponer como sanciones trabajo comunal, pago en dinero, pago en especies, y todo tipo de sanciones que no afecten sustancialmente los derechos fundamentales.

7. ¿Cuáles son los límites de las penas que pueden imponer las autoridades de las comunidades nativas?

Según el artículo 149 de la Constitución las autoridades de las comunidades campesinas cuando imparten justicia de acuerdo con sus costumbres tienen como límite los derechos humanos. Es decir, las sanciones no pueden poner en peligro la integridad física y la vida de las personas sancionadas.

8. ¿Según la Corte Suprema cuándo se considera que la justicia indígena ha violado los derechos fundamentales?

Esta facultad de sancionar de las autoridades de las comunidades nativas no es absoluta, tiene límites. Debe respetar los derechos humanos. La Corte Suprema, ha establecido cuáles son esos límites. De conformidad con el Acuerdo Plenario No 1-2009/CJ-116 de la Corte Suprema,

“será de rigor considerar como conductas que atentan contra el contenido esencial de los derechos fundamentales y, por tanto, antijurídicas y al margen de la aceptabilidad del derecho consuetudinario,

(i) las privaciones de libertad sin causa y motivo razonable –plenamente arbitrarias y al margen del control típicamente ronderil-;

(ii) las agresiones irrazonables o injustificadas a las personas cuando son intervenidas o detenidas por los ronderos;

(iii) la violencia, amenazas o humillaciones para que declaren en uno u otro sentido;

(iv) los juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa –lo que equivale, prácticamente, a un linchamiento-;

(vi) la aplicación de sanciones no conminadas por el derecho consuetudinario;

(vii) las penas de violencia física extrema –tales como lesiones graves, mutilaciones- entre otras”.

9. ¿Pueden ser revisadas las decisiones de la justicia indígenas por el Poder Judicial?

La justicia impartida por las autoridades de las comunidades nativas no está subordinada a la justicia estatal impartida por el Poder Judicial. Como muy bien dice el artículo 149 de la Constitución, entre la justicia estatal y la justicia comunal hay una relación de coordinación y no de subordinación. Esto significa, que la justicia estatal no funciona como segunda instancia estatal. La justicia indígena es tan administración de justicia como el Poder Judicial.

10. ¿Qué pasa si la justicia indígena a juicio del sancionado incurre en un acto de abuso que viola derechos humanos de terceros?

Si alguna persona considera que la justicia indígena ha incurrido en un abuso que viola derechos fundamentales, debe en primer lugar darle la oportunidad para que las autoridades de la comunidad nativa rectifiquen y subsanen su error. Si este pedido es rechazado o no es posible impugnar ante la misma comunidad, porque no hay una segunda instancia, el afectado o sancionado puede presentar un proceso constitucional de amparo o de hábeas corpus conta los líderes de la comunidad, para que los jueces constitucionales revisen la decisión de la justicia indígena.

En caso, que adviertan el juez constitucional que conoce un amparo o un habeas corpus contra las autoridades de la comunidad nativa, que se está violando algún derecho constitucional o convencional, de naturaleza sustancial o procesal, debe declarar nula la decisión de la justicia indígena, y le debe pedir a la comunidad nativa que vuelva a pronunciarse, pero esta vez respetando las garantías del debido proceso. No puede resolver por las autoridades de las comunidades nativas, salvo que estas autoridades indígenas declinen competencia, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional de Colombia (2).

11. ¿Qué garantías del debido proceso deben respetar las autoridades de las comunidades nativas cuando administran justicia indígena?

Según la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Zelada, las garantías del debido proceso que las autoridades de las comunidades nativas deben respetar son:

“Por lo tanto, en virtud de estos dos elementos, es posible deducir que toda jurisdicción comunal en nuestro país debe contar con:

a) Autoridades comunales para ejercer la jurisdicción y tomar de decisiones administrativas.

b) La facultad de competencia para resolver el conflicto jurídico que ocurra en su territorio, de conformidad con su desarrollo histórico-cultural, su derecho consuetudinario y, en general, su particular sistema normativo.

c) Procedimientos que permitan una mínima garantía de los derechos fundamentales de los procesados y los agraviados;

d) La potestad para hacer efectivas sus decisiones y que estas sean definitivas, con plena observancia de los derechos fundamentales de los integrantes; y,”. (STC No 02765-2014-AA)

12. ¿Tienes las autoridades de la justicia estatal la obligación de apoyar a las autoridades de las comunidades nativas cuando estas últimas administran justicia?

Mediante Resolución Administrativa Nº 333-2013-CE-PJ, publicada el 29 de noviembre de 2014, se aprobó el “Protocolo de Coordinación entre Sistemas”. Este texto plantea pautas para la coordinación entre la justicia comunal y la justicia estatal. En palabras del propio protocolo:

“Tomando en cuenta la trascendencia de promover y consolidar un sistema de justicia intercultural en el Perú, que responda a nuestra realidad pluriétnica y cultural, el Poder Judicial estimó necesario elaborar un protocolo de coordinación entre las autoridades de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción especial. Este protocolo sistematiza una serie de pautas y estándares que regulan la actuación de todas esas autoridades, con miras a establecer criterios para la solución de conflictos que puedan suscitarse entre ellas, fortalecer las relaciones de coordinación actualmente existentes y, en último caso, que todo este proceso se conduzca sin ninguna forma de discriminación y bajo criterios de reciprocidad. En ese sentido, este documento se visualiza como un punto de partida para la adecuada organización y desarrollo de las funciones jurisdiccionales que hoy comprometen a autoridades estatales, comunales y ronderiles en diferentes ámbitos del territorio nacional”. (Pág. 23).

Notas:

(1) Para un seguimiento del desarrollo normativo de la justicia impartidas por las autoridades de las comunidades campesinas y nativas ver: https://idl.org.pe/el-desarrollo-normativo-de-la-justicia-comunal-en-el-peru/

(2) Ver por ejemplo T- 349 de 1996. Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/T-349-96.htm.

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* Juan Carlos Ruiz Molleda es abogado de la PUCP, con especialización en derecho constitucional y Coordinador del Área de Pueblos Indígenas del IDL.

 

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Comentarios

Claro que sí pueden. Son sujetos de derecho. Lee asiste la autonomía jurisdiccional dentro de su territorio para asuntos como este que no choca con derecho de los miembros de la comunidad como persona. El autoaislamiento territorial por razones de defensa de la salud de la comunidad deben comunicar a las autoridades del Estado para que pongan en conocimiento de aquellas personas extrañas que en tiempos normales visitan a la comunidad.
Es más, el gobierno debería aplaudir eso, porque le está ahorrando desprestigio o gasto si COVID-19 entra.

Tienen razón de protegerse, ya hace mucho han declarado su autoaislamiento y se les debe respetar, ya no estamos enla etapa de la colonización.

Es preciso aclarar algunas cosas. ¿Pueden la comunidades sancionar a quienes incumplan incumplan el cierre de sus territorios? La respuesta es sí. Pero, hasta dón abarca y jurídicamente qué comprende su territorio? Si eso no se tiene claro se deja a las comuniades sin marco legal y sin seguridad jurídica paar que actúe. Muchas organizaciones han cerrado acceso a los distritos (se puede eso considera su territorio?) En lo personal apyo esa decisión, su autonomía no debe ser cuetionada, Pero no faltará algún leguleyo que arguemente que su territorio es su espacio titulado, mas no lo que esta fuera de ella. ¿Qué segurodad jurídica tienen en estos casos?

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