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Límites en el derecho mundial a la vacuna contra el COVID-19

El presidente Francisco Sagasti anunció que el 9 de febrero el Perú recibirá un millón de dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm / Foto: Andina

Frente a la complejidad que representa el acceso y la distribución de la vacuna contra el COVID-19, es indispensable implementar una regulación mundial.

En este caso, implementar la acción pública, en el que los países del mundo se reorganicen en torno a las Naciones Unidas para implementar el derecho mundial a la vacuna dando prioridad al personal médico y a toda persona de riesgo en todos los Estados.

Por Antonio Peña Jumpa*

2 de febrero, 2021.- Con mucha satisfacción hemos recibido en el Perú la noticia del presidente de la República que en su mensaje a la nación del día 31-01-2021 ha afirmado que “el Perú contará con las vacunas necesarias para proteger a la población durante el 2021” (diarios en línea, 31/01/2021). Sin embargo, el contexto mundial es adverso para afirmar ello, sobre todo por la disputa mundial en la fabricación, demanda y distribución de las vacunas ya aprobadas, que muestra los límites que tiene la población mundial para acceder a la vacuna contra el COVID-19.

En el caso peruano el presidente de la república ha confirmado que el 9 de febrero el país recibirá un millón de dosis de la vacuna de China Sinopharm (de un total de 38 millones de dosis que se encuentra en negociación). En el mismo sentido ha confirmado que recibirá vacunas de “Covax Facility” (la gran alianza mundial de tipo privado-público, a la que se integra la Organización Mundial de la Salud y es administrada por GAVI -Alianza financiera dirigida por la fundación Bill y Belinda Gates-, que busca democratizar la distribución de vacunas) en el primer trimestre del año aunque sin indicar la cantidad de dosis (se estima que será menos de un millón de dosis, conforme a la distribución de la misma alianza hacía otros países).

Pero el presidente también ha confirmado que su gobierno se encuentra en negociación final con el laboratorio norteamericano-alemán Pfizer-BioNTech (por un total de 9.9 millones de dosis) y ha firmado un contrato de compra con el laboratorio británico-Sueco AstraZeneca/Oxford (por un total de 14 millones de dosis), cuyas vacunas llegarían al país en el segundo semestre del año. Finalmente, el presidente ha informado que su gobierno se encuentra en negociaciones con los empresarios de los laboratorios Johnson & Johnson (Estados Unidos), Moderna (Estados Unidos) y Gamaleya (Rusia).

Esta buena intención gubernamental peruana lamentablemente contrasta con la realidad económica mundial donde la oferta y la demanda, la disputa y el egoísmo se encuentran tanto en la fabricación como en la distribución de la vacuna. El solo conocer la presencia de numerosas empresas o laboratorios multinacionales y sus formas de financiamiento para obtener y fabricar la vacuna, así como enterarnos de las diversas formas de contratos de compraventa o suministros de vacunas, de cláusulas de confidencialidad sobre los precios que se negocian y de diferentes intereses en las negociaciones finales e iniciales dados los cambiantes actores por parte del Estado y de las empresas o laboratorios privados, muestra el difícil camino de acceso a la vacuna y de clara contingencia sobre la cantidad de dosis a comprar y a recibir por cada Estado.

Esta buena intención gubernamental peruana lamentablemente contrasta con la realidad económica mundial donde la oferta y la demanda, la disputa y el egoísmo se encuentran tanto en la fabricación como en la distribución de la vacuna.

Se trata de una situación de desigualdad extrema y un mercado sin reglas que impide el reconocimiento y cumplimiento del derecho mundial de toda persona a las vacunas contra el COVID-19. No existe equidad o justicia en el acceso y distribución de las vacunas para contrarrestar la pandemia. El director de la Organización Mundial de la Salud ha denunciado este hecho mostrando cifras extremas en el suministro de dosis de vacunas: al 18 de enero de 2021, se muestra que mientras 39 millones de dosis de vacunas habían sido suministradas entre 49 países ricos o de ingresos altos y medios, solo 25 dosis habían llegado a un país de ingresos bajos o pobre (https://news.un.org/es/story/2021/01/1486742).

No existe equidad o justicia en el acceso y distribución de las vacunas para contrarrestar la pandemia.

Esta denuncia se confirma a través de las estadísticas diarias difundidas por la universidad de Oxford en su portal Our World in Data (Nuestro Mundo en Datos) (en línea en https://ourworldindata.org/covid-vaccinations), en las que se muestran el número de dosis de vacunas suministradas por cada 100 personas en cada país:

 

Según esta información, solo países con grandes ingresos tienen un alto porcentaje de dosis de vacunas por cada 100 personas en su país. Al 31 de enero, entre los primeros cinco países figuran Israel (con 54.72 dosis/100 personas en su país), los Emiratos Árabes Unidos (con 33.71 dosis/100 personas), Reino Unido o Inglaterra (con 13.95 dosis/100 personas), Bahréin (con 10.02 dosis/100 personas) y Estados Unidos (con 9.4 dosis/100 personas). En el otro extremo, no aparecen los países de ingresos bajos o pobres, o países en desarrollo como el Perú.

¿Qué hacer?

Dado esta compleja realidad que brota del mercado mundial para el acceso y la distribución de la vacuna contra el COVID-19, es indispensable implementar una regulación mundial. Al no cumplirse, o cumplirse con limitaciones, con la democratización de las vacunas por parte de la alianza privada-pública “Covax Facility”, alternativas como la acción pública son necesarias.

Una acción pública significa que los países del mundo se reorganicen en torno a las Naciones Unidas para implementar el derecho mundial a la vacuna contra el COVID-19 dando prioridad al personal médico y a toda persona de riesgo en todos los Estados.

Una acción pública significa que los países del mundo se reorganicen en torno a las Naciones Unidas para implementar el derecho mundial a la vacuna contra el COVID-19 dando prioridad al personal médico y a toda persona de riesgo en todos los Estados. El objetivo principal sería incluir en la organización a las empresas o laboratorios relacionados con la vacuna contra el COVID-19 para que sean parte del proceso de reconstrucción del mundo tras la situación de desastre que nos ha traído la pandemia. ¿lo podremos hacer?

 

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* Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; abogado, Magister en CCSS y PhD in Laws. El autor agradece los comentarios de Imelda Campos Ferreyra, de Ana, Leonidas, Orieli y Fernando Peña Jumpa, y de José Sánchez Peña.

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Comentarios

Interesante el comentario, y al parecer queda demostrado que el derecho a la vida de todo ser humano, a su bienestar y a obtener justicia en muchas ocasiones, está intimamente relacionado al poder economico que posee. Esto debe cambiar.

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