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El débil Estado del Perú en su Bicentenario (2021)

Fuente de la imagen: pqs.pe

El coloniaje español y la república criolla de 500 años atrás ha transformado el país incluyendo una cultura legal europea en nuestras instituciones y en la sociedad. Un cambio objetivo es iniciar un retorno transformando esa cultura legal a través de un nuevo orden institucional y social que valore nuestra diversidad originaria en un contexto de globalización.

Por Antonio Peña Jumpa*

1 de agosto, 2021.- Han transcurrido 200 años de la declaración de la independencia del Perú, pero su Estado continúa siendo muy débil. Sus instituciones y niveles de gobierno se ilegitiman ante la población al poco tiempo de iniciar su gestión, por incomprensión, ineptitud o al involucrarse sus autoridades en actos de corrupción. El problema se agudiza cuando se confronta una situación de desastre o crisis como el generado por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, las causas de este problema no se encuentran solo en la gestión pública, sino en las históricas estructuras sociales y el espíritu de quienes integramos el país.

Antes de la independencia, fueron cerca de 300 años de coloniaje español (1533 a 1821) que transformaron la sociedad peruana. En esos años se trasplantó la cultura española y con ésta la cultura occidental o europea de aquel entonces. La cultura española fue impuesta militarmente, no integrada pacíficamente, sometiendo a las diversas culturas preexistentes: los Incas y su cultura quechua, y los cientos de grupos culturales diversos que poblaban el territorio como Aimaras, Ashánincas, Aguarunas, entre otros. Esta imposición también incluyó la introducción de nuevas formas de privilegios, egoísmos y ambiciones que respondían a los intereses de la metrópoli europea.

La independencia no ha podido recuperar el Perú de aquella transformación colonial.

Las huestes libertadoras al mando de José de San Martín primero (1821) y de Simón Bolívar posteriormente (1824) consiguieron liberarnos del virreinato español, pero no de su cultura. La liberación significó un cambio de personas en el gobierno, pero no del contenido de este gobierno. Así, tras la expulsión de los españoles ingresaron a gobernar los criollos (peruanos hijos de españoles) y algunos mestizos, manteniendo la estructura y mentalidad colonial muy oligárquica y racista.

El sostén de esta continuidad cultural, social y política tiene su explicación en un concepto poco comprendido y estudiado en la historia del Perú: la cultura legal. Las instituciones del Estado, la elección de autoridades, la manera de gobernar, así como el contenido de cómo legislar, reformar, enseñar y aprender el derecho, comprenden esta cultura legal que se mantiene intangible desde la colonia.

Primero los conquistadores, luego las autoridades coloniales y por ultimo las autoridades republicanas han continuado con la aplicación de un sistema jurídico parecido al de la metrópoli española o al de la revolución francesa; ambos de la cultura legal europea. Se pensó que la civilización europea era la mejor, y que a través de su modelo de sistema jurídico o derecho podíamos alcanzar dicha civilización.

También se pensó etnocéntricamente que los grupos culturales preexistentes a los españoles no tenían cultura legal o ésta era primitiva. En tal sentido, solo en forma dependiente o complementaria reconocieron ciertas disposiciones constitucionales o legales de la cultura legal originaria (reconocida hoy en la forma de comunidades campesina, comunidades nativas o rondas campesinas).

El carácter débil del Estado peruano justo reside en aquella dicotomía: emular a la cultura legal europea (o, últimamente, a la anglosajona-norteamericana), aunque su sociedad se identifique con la cultura legal de los diversos pueblos originarios.

Las últimas elecciones presidenciales han confirmado esta realidad. Los diversos partidos políticos se han presentado con propuestas de cambios frente a la crisis sanitaria o política, pero sin cambiar el sistema jurídico que sostiene hoy el modelo económico que, a su vez, privilegia a determinados grupos económicos. Salvo excepciones, no se cuestiona el sistema jurídico y menos se puede proponer la validez de una cultura legal diferente a la dominante.

Tras una segunda vuelta electoral reñida, que también develó nuestra conciencia discriminatoria y racista en las redes sociales, la actual presidencia del gobierno la tiene un partido político que se encuentra en aquellas excepciones. El nuevo presidente es un profesor rural que ha propuesto incluso una nueva constitución política para el país, pero sin un programa y sin un sostén institucional y social para ello.

¿Qué hacer?

El coloniaje español y la república criolla de 500 años atrás ha transformado el país incluyendo una cultura legal europea en nuestras instituciones y en la sociedad. Un cambio objetivo consiste en iniciar un retorno renovado transformando esa cultura legal a través de un nuevo orden institucional y social que valore nuestra diversidad originaria en un contexto de globalización.

Sin embargo, ese retorno no se puede realizar improvisadamente. Es necesaria una comprensión colectiva de la necesidad del cambio, y una muestra de su éxito. Un nuevo orden constitucional sin un respaldo institucional y social no garantiza este retorno y, más aún, debilitaría al Estado. Un proceso de transformación de 500 años no se puede revertir en 1 o 5 años. Pero, si se puede iniciar.

Una posible solución es materializar el retorno cultural en aquellas regiones donde se encuentran los pueblos o las comunidades originarias. Con la puesta en operación y la efectividad de la cultura legal de estos pueblos o comunidades, otros buscarán emular el modelo y se iniciaría el proceso de retorno.

La emergencia sanitaria actual ha mostrado esta necesidad. Los diversos grupos culturales desatendidos por el gobierno central demandan urgente un cambio. Es una oportunidad para la construcción de un Estado fuerte en el Perú a partir de su diversidad y en su bicentenario.

(Escrito en Lima, el 31 de julio y 1ro. de agosto de 2021).
 

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* Antonio Peña Jumpa es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abogado, Máster en Ciencias Sociales y PhD. in Laws. El autor agradece los comentarios de Leonidas Peña Jumpa.
 
 

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