Servindi, 30 de enero, 2023.- Un plan nacional por la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible e inclusivo como salida a la crisis política proponen 130 organizaciones, plataformas e instituciones de la sociedad civil a través de un pronunciamiento.
El documento difundido por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) apuesta por por un nuevo pacto político que represente a todos y a todas sin exclusión
Con ello se espera contribuir a la posibilidad de abrir un cauce democrático para “un nuevo proyecto político de los excluidos/as, víctimas del clasismo, del racismo, del patriarcado, que durante siglos han sido postergados”.
Propuestas de urgencia frente a la crisis:
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El pronunciamiento acusa que se viene generando un “escenario de guerra interna” al que buscan legitimar acusando a ciudadanos/as y a los/as dirigentes sociales y gremiales de “terroristas”.
Esas acusaciones se hacen sin pruebas, con el apoyo de los medios de comunicación al servicio de los grupos de poder, obviando que las poblaciones indígenas y populares fueron afectadas y violentadas por el terrorismo.
Agenda nacional de corto y mediano plazo
La situación demanda una plataforma política y una agenda nacional de corto y mediano para construir un espacio político con legitimidad.
“Esta es la ruta para enfrentar y revertir la clara amenaza conservadora y autoritaria que busca imponer en nuestro país su agenda ideológica contra los derechos de todos y todas, así como un régimen vertical y excluyente, al servicio de los poderes fácticos”.
Por ello se debe impulsar la articulación nacional de las representaciones territoriales de la sociedad movilizada, para fortalecer su capacidad de negociación con los poderes del Estado.
“Rechazamos todo intento de obviar esta agenda y acotar el diálogo a lo que el gobierno denomina agenda social” indica el pronunciamiento ciudadano.
“Asumimos el compromiso de participar con nuestras propuestas y desde nuestras posiciones, en un amplio diálogo nacional desde los territorios de cara a la instalación de un nuevo gobierno, para consensuar agendas de corto y mediano plazo”.
Asimismo, proponen coordinar y hacer alianzas con los gobiernos regionales, y con las articulaciones sociales del norte, centro y sur del Perú, para abrir espacios de diálogo regional representativos y autónomos.
Finalmente, exhorta a los representantes de las delegaciones del sistema de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de la OEA a que sigan vigilantes y pronunciándose ante los graves acontecimientos que se viven en Perú, “a fin de evitar que la estigmatización de la protesta social y la represión violenta se profundicen”.
A continuación el pronunciamiento completo:
130 organizaciones de la sociedad civil suscriben pronunciamiento por la defensa de la vida y la democraciaUn plan nacional por la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible e inclusivo como salida a la crisis política nacional Renuncia de Dina Boluarte y Elecciones este 2023 Ante los recientes y graves acontecimientos suscitados en el país las organizaciones de la sociedad civil firmantes expresamos nuestro reconocimiento y saludamos el ejemplo de coraje y dignidad de los pueblos, gremios, organizaciones de jóvenes, mujeres, movilizadas en gran parte del territorio nacional en defensa de la vida, libertad, la dignidad y la democracia que clama por una respuesta política ciudadana. Nos sentimos parte de las luchas de nuestros pueblos. Estamos por un nuevo pacto político que nos represente a todos y a todas sin exclusión Con estos esfuerzos esperamos contribuir a la posibilidad de abrir un cauce democrático para un nuevo proyecto político de los excluidos/as, víctimas del clasismo, del racismo, del patriarcado, que durante siglos han sido postergados 1.- Rechazamos la actuación autoritaria y violenta, el atropello a la libertad y la violación a los derechos humanos, como respuesta al legítimo derecho a la protesta ciudadana y sus justas demandas democráticas, de parte del gobierno. Esta peligrosa deriva autoritaria ha significado hasta el momento 56 fallecidos. 9 menores de edad, 46 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 912 heridos, detenciones ilegales, durante las cuales se ha agredido a detenidos y violentado sexualmente a las mujeres, así como más de 100 personas investigadas sin garantías de un debido proceso. 2.- Para justificar la violencia del Estado, con el apoyo de los medios de comunicación al servicio de los grupos de poder, generan un escenario de guerra interna al que buscan legitimar acusando a ciudadanos, y ciudadanas a las y los dirigentes sociales y gremiales de terroristas. Esto lo hacen sin pruebas que lo sustenten y obviando conscientemente que estas organizaciones indígenas y populares no sólo fueron afectadas y violentadas por el terrorismo, que les costó la vida a cientos de dirigentes populares en defensa de sus organizaciones y de la democracia y, fueron uno de los artífices más importantes de la derrota del senderismo criminal. 3.- Criticamos el desempeño de las fiscalías y del poder judicial por incumplir su función de defensa de los derechos, negándose a recibir los habeas corpus, así como al no hacerse presentes de manera oportuna en los momentos que se reprime a la población movilizada, dejando en el desamparo a los ciudadanos y ciudadanas. Exigimos el fortalecimiento de las fiscalías de derechos humanos, que vienen siendo desmanteladas al reducirlas de 12 a 7 y que sean estas las encargadas de investigar los crímenes contra la población movilizada y no las de crimen organizado. 4.- Rechazamos con firmeza los hechos de vandalismo cometidos por infiltrados y por grupos violentistas que actúan en las marchas y manifestaciones pacíficas para desprestigiarlas. Exigimos que la PNP cumpla con su responsabilidad de identificar y detener a los responsables de estos hechos, así como que actúe cumpliendo la normatividad nacional y los estándares internacionales establecidos para el control del conflicto social. 5.- La presencia de sectores tradicionalmente ignorados como las organizaciones indígenas y campesinas, así como amplios sectores de la sociedad, especialmente de las regiones con mayores niveles de vulnerabilidad, nos compromete a todos a dialogar sobre la plataforma política que los articula y convoca, así como construir una agenda nacional de corto y mediano con mecanismos, objetivos y estrategias claras. Sólo así lograremos ampliar y reconstruir un espacio político con legitimidad e iniciar un proceso de reconstrucción de la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. 6.- Esta es la ruta para enfrentar y revertir la clara amenaza conservadora y autoritaria que busca imponer en nuestro país su agenda ideológica contra los derechos de todos y todas, así como un régimen vertical y excluyente, al servicio de los poderes fácticos. Es desde la solución de las demandas políticas de la población movilizada, que se debe articular integralmente las diversas agendas regionales, generando propuestas para los temas críticos que permitan cerrar las brechas estructurales que están en la base de las masivas movilizaciones en gran parte de las regiones del país. 7.- Esta agenda nacional y descentralizada, debe tener como base esencial la defensa del derecho a la vida, la libertad, la dignidad y el desarrollo pleno como pilares esenciales de nuestra sociedad, así como la defensa de los derechos civiles y políticos, los de las mujeres, así como los económicos, sociales, culturales y ambientales. Para darle contenido democrático y sostenibilidad, esta agenda debe construirse mediante el diálogo y la concertación entre la población y sus organizaciones, los gobiernos regionales y locales, así como con los múltiples actores económicos, sociales, medioambientales y culturales de cada uno de los territorios. 8.- Frente a la gravedad de la crisis que estamos atravesando como componentes de la sociedad civil proponemos con carácter de urgencia: a. Renuncia de la presidenta Dina Boluarte 9.- Impulso a la articulación nacional de las representaciones territoriales de la sociedad movilizada, para fortalecer su capacidad de negociación con los poderes del Estado de la agenda que vienen exigiendo desde hace semanas como la salida política a la crisis. Rechazamos todo intento de obviar esta agenda y acotar el diálogo a lo que el gobierno denomina agenda social. 10.- Apelamos a los diversos organismos internacionales, así como a instituciones con legitimidad como la ANGR o las universidades nacionales, para que asuman un rol activo de mediadores entre la sociedad movilizada, con el Gobierno y el Congreso, para abordar las demandas políticas urgentes 11.- Asumimos el compromiso de participar con nuestras propuestas y desde nuestras posiciones, en un amplio diálogo nacional desde los territorios de cara a la instalación de un nuevo gobierno, para consensuar agendas de corto y mediano plazo. 12.- Acompañaremos y participaremos en diálogos y reuniones con organizaciones y representantes sociales, económicos y políticos en los diversos territorios para concertar propuestas y acordar prioridades en las agendas de desarrollo. Coordinar y hacer alianzas con los gobiernos regionales, y con las articulaciones sociales del norte, centro y sur del Perú, para abrir espacios de diálogo regional representativos y autónomos. Finalmente llamamos a las organizaciones de la sociedad civil a realizar el monitoreo y veeduría de la investigación de las muertes de las más de 56 personas, de los cientos de heridos/as, y de las violaciones a su dignidad de las mujeres detenidas en San Marcos y durante las protestas e investigaciones sobre derechos humanos, a la vez de reiterar que se adopten las políticas públicas eficaces para reparar a las víctimas de estos recientes hechos. Y exhortamos a los representantes de las delegaciones del sistema de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de la OEA a que sigan vigilantes y pronunciándose ante los graves acontecimientos que se viven en nuestro país, a fin de evitar que la estigmatización de la protesta social y la represión violenta se profundicen. Lima, 30 de enero de 2023 Articulación de Organizaciones, Redes y Plataformas de la Sociedad. Suscriben:
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