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El diálogo tripartito intercultural

Foto: Andina

Bajo el presente título se pretende poner en discusión la pertinencia de la creación de una instancia de diálogo tripartita o trilateral que congregue a distintas instituciones vinculadas al desarrollo y problemática de la actividad minera en el país.

Por César Reyna Ugarriza*

30 de octubre, 2018.- Frente la situación actual, de gran conflictividad en el sector extractivo(1), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha dado algunos pasos para reducirla mediante la creación de Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera, “encargada de articular a nivel intersectorial e interinstitucional el diseño de las estrategias y mecanismos que permitan la sostenibilidad y viabilización de las inversiones mineras”, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 021-2018-EM que modifica el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MINEM(2).

Asimismo, el referido ministerio ha venido implementando la figura del Comité de Gestión e Información Minero Energético en distintas regiones para convertirse, según el ministro Francisco Ísmodes, en un “mecanismo de prevención, (que) funcionarán como un espacio de coordinación entre el Gobierno Nacional y el Regional para seguir el desarrollo de los proyectos y promover también las buenas prácticas”(3).

Sin embargo, estos esfuerzos e iniciativas novedosas e interesantes resultan insuficientes para abordar problemas de gran complejidad, larga data y naturaleza transversal o intersectorial, pues debemos considerar la necesidad de rediseñar nuestros procedimientos e instituciones, especialmente las funciones de estas últimas para que atiendan determinados fenómenos que presenta la realidad.

En ese sentido, surge la idea de establecer una instancia sui generis o especial para tratar de encaminar un proceso estable y regular de diálogo entre los protagonistas por excelencia de la relación en el sector minero: el Estado, la empresa privada y las comunidades locales(4).

Lo que pretendemos, en esencia, es llegar al más amplio consenso posible entre los representantes del poder político, económico y social en torno a la ejecución de las principales actividades extractivas y el tratamiento de su compleja problemática. Es decir, crear una instancia de discusión para asegurar la gobernabilidad, asunto que compete directamente al Poder Ejecutivo, la sostenibilidad, de gran interés para las empresas, y los derechos de los ciudadanos, asunto fundamental que se suma al desarrollo o bienestar de la población.

Con respecto al Estado, este debe apuntar a fomentar e institucionalizar el diálogo en la sociedad, y en particular el de tipo intercultural entre los distintos pueblos indígenas y campesinos y el sector extractivo. Este diálogo, de naturaleza tripartita, congregará a las principales instituciones y organizaciones que participan en el devenir de los proyectos extractivos. El diálogo propuesto es a todas luces multiactor y servirá para tratar los problemas centrales de las comunidades y la industria extractiva, dentro del cual el Estado ejercería un rol mediador, objetivo e imparcial para generar legitimidad y grandes consensos.

La necesidad de crear esta clase de instancia tiene como uno de sus objetivos el empoderamiento de los pueblos indígenas, a fin de que participen en condiciones idóneas (de igualdad) en la discusión y tratamiento de su problemática, en la que tiene gran incidencia o repercusión la presencia de actividades extractivas, en particular la minera, toda vez que se trata de la actividad más extendida y una de las más relevantes al tener concesionada grandes extensiones que se superponen con territorios indígenas(5).

En el caso de las empresas que integran el sector, generadoras importantes divisas y actividad económica para el país, se busca que participen activamente en discusiones amplias y profundas con aquellos actores con los que deben relacionarse al momento de iniciar actividades exploratorias o productivas, ya que generan ciertos impactos en la calidad de vida de las comunidades. El propósito fundamental es que el sector privado intervenga en la generación de mejores políticas de desarrollo para atender determinadas necesidades y demandas sociales, pero a la vez trate de alcanzar consensos con su contraparte comunal (campesina y nativa) para impulsar y garantizar sus inversiones.

Ahora bien, antes de definir el concepto de diálogo intercultural debe entenderse el de interculturalidad. En ese orden de ideas, la interculturalidad, según la antropóloga Fabiola Yeckting, profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, “es un proceso complejo que implica el ejercicio de ciudadanía –que implica un conjunto de derechos y deberes- para actuar a pesar de las diferencias en un clima de respeto y tolerancia”.

En cuanto a la noción de diálogo intercultural, el Ministerio de Cultura considera que se trata de un “proceso de comunicación e intercambio que puede traducirse en la interacción entre dos o más individuos y/o grupos que provienen de diferentes orígenes o culturas, donde cada uno de ellos manifiesta sus ideas, opiniones, brinda información y/o busca establecer acuerdos o aceptación de divergencias en un ambiente de respeto y reconocimiento de las diferencias culturales, a través de relaciones de simétricas y de reciprocidad.

Se trata de un proceso que abarca el intercambio abierto y respetuoso de opiniones entre personas y grupos con diferentes tradiciones y orígenes étnicos, culturales, religiosos y lingüísticos, en un espíritu de entendimiento y respeto mutuos”(6).

La institucionalidad planteada tiene como elemento sustancial la inclusión social y reflexión en torno a grandes temas, y pretende replicar –en lo pertinente- el modelo de diálogo social existente en el sector del trabajo desde hace varios años donde participan el Estado, el gremio empresarial y organizaciones sindicales.

En principio la instancia propuesta podría denominarse, de manera tentativa, Diálogo Intercultural Nacional (DIN) y participaría el Gobierno Central a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), y las organizaciones indígenas y campesinas representativas, contando además con la participación y asistencia técnica de otros ministerios e instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo, así como diversos sectores de la sociedad civil como universidades, iglesias, centros especializados en diálogo, etc.

Nuestra intención es que se encuentren representados los principales actores de la relación en el sector minero para discutir y analizar su problemática, proponer soluciones viables y arribar a acuerdos generales sobre temas gravitantes como la asignación de derechos sobre la tierra (el régimen de concesiones mineras, por ejemplo), el agua (el suministro, calidad y aprovechamiento de los recursos hídricos), los procesos de participación ciudadana y consulta previa como procesos de interacción directa o indirecta entre los actores (definir qué, cuándo, cómo y en cuáles etapas del proceso minero se consulta), y, finalmente, la gestión social, responsabilidad social empresarial (para promover e implementar las mejores prácticas) y la negociación y cumplimiento de actas y convenios, principalmente para atender demandas vinculadas con empleo, pobreza, alimentación, salud, educación, desarrollo, saneamiento básico (infraestructura), emprendimiento productivo, medio ambiente, entre otros.

La falta de diálogo efectivo, regular y al más alto nivel puede remediarse si los actores involucrados decidieran crear una instancia de concertación global sobre los temas antes mencionados. A la fecha el Acuerdo Nacional no ha producido el consenso necesario porque los pueblos indígenas no se encuentran representados(7) en dicho espacio. Y, en el caso de los procesos de consulta previa y participación ciudadana, estos solo involucran de manera puntual a ciertas empresas con determinadas comunidades cuando se plantea el desarrollo de un proyecto específico.

Finalmente, la opción de construir un importante espacio de diálogo que canalice las demandas históricas de las comunidades, y las compatibilice o armonice con la responsabilidad social e intereses de las empresas, y la función primordial del Estado en la promoción del desarrollo para generar bienestar general, resulta indispensable para encontrar soluciones a grandes problemas que conciernen a todos los peruanos de cara al Bicentenario de la Nación.

Notas.

(1) Defensoría del Pueblo reportó la existencia de 196 conflictos: 134 activos y 62 latentes a setiembre del presente año, así  lo registra el Reporte de Conflictos Sociales N°174, disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/documentos/reporte-mensual-de-conflictos-sociales-n-174/

(2) Decreto Supremo Nº 021-2018-EM, publicado en el diario oficial “El Peruano”. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-de-organizacion-y-decreto-supremo-n-021-2018-em-1682427-7/

(3) MEM instala en Moquegua el primer Comité de Gestión e Información Minero Energético. Nota de Prensa del Portal del Ministerio de Energía y Minas. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/19985-mem-instala-en-moquegua-el-primer-comite-de-gestion-e-informacion-minero-energetico

(4) Lo que se busca es reunir a los principales actores de la relación y conflictos sociales para discutir la problemática del sector minero y de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.

(5) El Reporte de Evolución de Concesiones Mineras (2018) refiere que “Actualmente el 14.07% de nuestro territorio continental se encuentra concesionado a titulares mineros (…) muestra que el 37.87% del territorio de las comunidades campesinas se encuentra concesionado a titulares mineras (…)  El Reporte muestra que el 56.26% de las concesiones se ubica en rangos mayores a los 3000 msnm, en tanto que el 35% de las mismas se ubica por encima de los 4000 msnm”.  Disponible en: http://cooperaccion.org.pe/cooperaccion-presenta-nuevas-herramientas-para-analizar-concesiones-mineras/

(6) Diálogo Intercultural. Pautas para un mejor diálogo en contextos de diversidad intercultural. Ministerio de Cultura. Primera edición, abril 2015, p. 11. Disponible en:  http://repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CULTURA/350/DIALOGO%20INTERCULTURAL%20-%20A5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(7) En la relación de miembros se advierte la ausencia de instituciones indígenas. Ver https://acuerdonacional.pe/foro-del-acuerdo-nacional/instituciones-miembros/

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*César Reyna Ugarriza es consultor en temas sociales y negociación con comunidades.

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