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Apurímac: Declaran inocentes a 17 comuneros por caso Las Bambas

Foto: Asociación Pro Derechos Humanos

El Poder Judicial, a través del Juzgado Unipersonal de Cotabambas, notificó la sentencia a favor de 17 campesinos, quienes en defensa del medioambiente fueron acusados injustamente de delitos graves por sus participaciones en las protestas contra el proyecto minero Las Bambas (Apurímac) en el 2015.

Servindi, 28 de octubre, 2020.- El Poder Judicial declaró inocentes a 17 campesinos, quienes fueron injustamente acusados de delitos graves por sus participaciones en las protestas contra el proyecto minero Las Bambas, región Apurímac, en el 2015.

El 26 de octubre, el Juzgado Unipersonal de Cotabambas notificó la sentencia que absuelve a los comuneros por tenencia ilegal de armas, producción de peligro común con medios catastróficos, disturbios y daños.

Por estas acusaciones, la Fiscalía pidió 17 años de cárcel contra los involucrados, cuyo caso se dio a través del Expediente N.° 13-2015.

“[…] con los medios probatorios actuados, se ha generado […] la plena convicción de la falta de responsabilidad de los acusados”, señala la sentencia a favor de los campesinos.

La defensa legal de los comuneros fue asumida por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) en forma conjunta con la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

Ambas instituciones –quienes tuvieron el apoyo institucional de CooperAcción– expresaron su satisfacción con esta resolución que ha puesto en evidencia la falsa e injusta criminalización contra los 17 campesinos.

Un emblemático caso

En setiembre del 2015 en Apurímac, diferentes comunidades campesinas iniciaron una serie de protestas públicas contra el proyecto minero Las Bambas, operada por la empresa MMG.

Esto se originó ante el desinterés del Estado peruano de atender las demandas de los protestantes, quienes se vieron afectados por este proyecto en materia ambiental y otros.

Producto de estas legítimas protestas que el derecho constitucional asiste, miembros de la Policía Nacional del Perú desarrollaron una represión contra los manifestantes.

Según Fedepaz, el Gobierno de aquel entonces y la empresa “denunciaron falsamente de la comisión de diversos delitos a dichos campesinos que no hacían otra cosa que ejercer […] la protesta social”.

A raíz de esto, fueron detenidos alrededor de 25 personas disponiéndose prisión preventiva contra dos de ellos por pruebas incriminatorias sin fundamento, que el juez a cargo del proceso reconoció de irregular.

Esta sentencia “ha puesto en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a todos aquellos que […] se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales”, manifestó Fedepaz.

 

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