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CIDH: Estados deben de proteger urgentemente a defensores

Tras registrar una alarmante situación de violencia contra defensores de derechos, organismo pide a países que garanticen su protección para que puedan seguir cumplimiento su labor.

Servindi, 27 de mayo, 2022.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a garantizar un ambiente seguro para la defensa de los derechos humanos en la región.

Ante la alarmante violencia registrada durante el primer cuatrimestre del 2022, el organismo recordó la obligación que tienen los Estados para proteger integralmente los derechos de personas defensoras.

“Preocupa especialmente a la Comisión que la mayoría de los casos registrados refieren a personas defensoras que ejercían la defensa de la tierra, el territorio y el ambiente o eran integrantes de comunidades indígenas”, indica la Comisión.

En este contexto, la CIDH advirtió que la región sigue siendo una de las más peligrosas para ejercer la defensa de derechos en el mundo.

“Las personas defensoras de derechos humanos cumplen un rol fundamental en el fortalecimiento y la consolidación de las democracias”, indicó la entidad.

“La labor realizada por quienes defienden el medio ambiente es esencial para garantizar el equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo sostenible de los países de la región”, agregó.

Llamado de emergencia

A través de un comunicado, el organismo pidió investigar exhaustiva, seria e imparcialmente los crímenes contra personas defensoras registrados en los países de Latinoamérica.

Con ese objetivo, invocó a que se considere la vinculación de la violencia con la labor de defensa como primera hipótesis de estos hechos.

Junto a ello, planteó la incorporación de un enfoque de género y étnico-racial en la investigación, juzgamiento y sanción de estos crímenes, y la implementación de medidas de reparación a familiares de las víctimas; así como garantías de no repetición.

Teniendo en cuenta la responsabilidad de los Estados en garantizar un ambiente libre de amenazas y violencia para la defensa de derechos, la CIDH señaló la importancia de adoptar medidas de protección efectivas y se reconozca la importancia de las personas defensoras.

Crítica situación

Exponiendo la situación regional, la Comisión dio cuenta de los casos que se han registrado en países de la región durante los primeros cuatro meses de este año.

Así, indicó que se observa un alto número de asesinatos, amenazas, ataques, hostigamientos, y procesos de criminalización hacia personas por ejercer su legítima labor de defensa de derechos.

Así, el comunicado resalta el grave caso de Colombia, donde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) recibió 71 denuncias sobre asesinatos de personas defensoras.

De estos casos, la misma CIDH ha podido verificar 11 y la Defensoría del Pueblo de ese país informa de 52 asesinatos hasta marzo.

Otro país con un alto índice de estos casos es Honduras, donde se han documentado 6 asesinatos entre enero y marzo. Asimismo, 4 asesinatos adicionales fueron registrados por la OACNUDH.

Por otro lado, en Brasil, al menos 5 personas defensoras fueron asesinadas en el primer cuatrimestre, mientras que 3 de estos casos fueron registrados en México por la CIDH en el mismo periodo.

En el caso de Perú, se resaltan los asesinatos del líder nomatsigenga Ulises Rumiche, en San Martín de Pangoa (Junín), y de Ulises Rumiche, defensor ambiental de Tambopata, Madre de Dios.

Estigmatización y criminalización

Sumados a lo descrito, la CIDH da cuenta de la información recibida sobre la criminalización y discursos estigmatizantes hacia personas defensoras de derechos humanos.

La entidad del Organismo de Estados Americanos (OEA), resalta que la criminalización de personas defensoras promueve un estigma colectivo y envía un mensaje intimidatorio.

Asimismo, destaca que los casos judiciales sin fundamento contra defensores tienen un efecto amedrentador en su labor, el cual puede verse paralizado.

“En especial, cuando se trata de mujeres que realizan esta labor, la criminalización resulta inhibidor en las actividades de defensa que llevan a cabo, además aumenta y exacerba desigualdades sociales existentes”, apunta la CIDH en su comunicado.

 

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