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Demandan a Dirección de Agricultura por favorecer a empresa de palma

Líderes de la comunidad Santa Clara de Uchunya y representantes de la Feconau. Foto: Facebook de Juan Carlos Ruiz Molleda

- Comunidad nativa exige se declare la inconstitucionalidad de los derechos otorgados a favor de colonos y se paralicen operaciones de empresa Plantaciones Pucallpa S.A.C. 

Servindi, 26 de mayo, 2016.- La comunidad shipibo Santa Clara de Uchunya y la federación nativa Feconau presentaron el jueves 26 de mayo una demanda de amparo contra la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) por haber entregado territorio ancestral de la comunidad a un total de 222 colonos para su posterior conversión en una plantación de palma aceitera.

Acusan que la entrega se dio a través de la expedición de constancias de posesión y, posteriormente, títulos de propiedad, los cuales luego fueron adquiridos a través de contratos de compra venta por la empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C.

En ese sentido, la demanda de amparo también está dirigida a la empresa, una de las 25 que tiene en el Perú el polémico empresario de nacionalidad checa y estadounidense, Dennis Melka. 

La comunidad sostiene en un oficio presentado ante un juzgado civil de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que solicitó a la DRAU formalmente la ampliación de la titulación de su propiedad ancestral, "con el objetivo de hacer compatibles su propiedad material y formal; no obstante, la entidad denegó esta petición, con lo cual su propiedad ancestral se mantuvo en indefensión".

Los demandantes afirman que con esta acción se viola su derecho de propiedad que, de acuerdo al ordenamiento legal vigente en el Perú, se extiende sobre territorio tradicional sea titulado o no.

“En virtud de nuestra Constitución y los Convenios y tratados internacionales que ratificamos como Estado Peruano los pueblos indígenas tienen derecho de propiedad sobre sus territorios independientemente de si tienen título de propiedad o no”, dijo en conferencia de prensa Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado constitucionalista del Instituto de Defensa Legal (IDL) que asesora a la comunidad. 

La comunidad Santa Clara de Uchunya se ubica a dos horas en auto de la ciudad de Pucallpa, en la región Ucayali. Foto: Servindi

Sobre la actuación de la empresa, la comunidad sostuvo que sus operaciones vienen causando daños al medio ambiente "toda vez que esta ejecuta actos graves de depredación ambiental en bosques y otras formaciones boscosas, que incluyen inclusive bosques primarios."

Agregan que esta situación ha generado la degradación y destrucción de los hábitats naturales de la flora y fauna locales, nuevamente, en perjuicio de la comunidad, que depende de los recursos naturales producidos en la zona para su supervivencia alimentaria y social.

Por todo ello, resumieron que estos hechos "violan los derechos fundamentales de los pueblos indígenas a la propiedad comunal y la posesión del territorio ancestral, al territorio, a la identidad étnica, a la libre determinación y la elección del propio modelo de desarrollo, a disfrutar de un medio ambiente adecuado y equilibrado y a los recursos naturales."

Dicho eso, los demandantes solicitan al Poder Judicial que ordene a la DRAU reconocer la ampliación de titulación solicitada por la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya.

Asimismo, le piden que se declare la inconstitucionalidad de los derechos otorgados a favor de colonos y se paralicen las operaciones de la empresa Plantaciones Pucallpa S.A.C.

Medidas serias

Joel Nunta Valera, presidente de Santa Clara de Uchunya, denunció que “hay personas extrañas que viene amenazando e intimidando a los pobladores de la comunidad, sembrando temor y zozobra, en represalia por las diferentes denuncias y acciones realizadas por la comunidad en defensa de su territorio”.

Al respecto y por el daño ambiental ocasionado, el presidente de la Feconau, Robert Guimaraes, exigió al Gobierno Regional, al Ministerio de Agricultura y al Ministerio del Ambiente "adoptar una posición más firme en la protección de los derechos territoriales de la comunidad y la protección del medio ambiente y de los bosques."

"No basta declaraciones y pronunciamientos, necesitamos medidas y acciones concretas”, aseveró.

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Comentarios

El abuso del ministerio de agricultura en Ica discrimina desde hace 20 años el proceso de titulación de la comunidad campesina de arrieros anan santa ana y luren arrebatando sus tierras en posesión y uso tradicional violentamdo la constitución política del Perú y los derechos internacionales entregandolas a empresas transnacionales haciendo inclusive el desconocimiento de la ley 15497 de restitución de nuestra tierra de acuerdo a nuestro titulo ancestral

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