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Lote 200: Comunidades exigen reestructurar proceso de consulta

Fuente: Instituto de Defensa Legal (IDL)

Servindi, 27 de febrero, 2020.- De manera unánime, once comunidades indígenas pertenecientes al área de influencia del proyecto Lote 200 en Ucayali, exigen la reestructuración del proceso de consulta previa y su reinicio a la etapa 3 de transparencia y publicidad.

Los pueblos Shipibo-conibo y Asháninca, expresaron su postura en la asamblea realizada el 23 de febrero en el hotel Tahuarí de Pucallpa, como parte de la última reunión concerniente a la etapa de evaluación interna de la consulta previa del proyecto.

En el encuentro organizado por la empresa estatal Perupetro, las comunidades cuestionaron la manera en que el Estado condujo el proceso de consulta que —según denuncian— careció de información técnica y de una metodología intercultural adecuada.

Del mismo modo, denunciaron la falta de intérpretes durante las reuniones con el Estado, el abrupto cambio en la entidad promotora —del Ministerio de Energía y Minas a Perupetro—  y la insuficiente participación del Ministerio de Cultura a lo largo del proceso.

A ello se suma el grave hecho de que las comunidades indígenas desconocen el íntegro del contrato de licitación; pues hasta el momento, según señalaron, solo se les habría consultado sobre el proyecto de decreto supremo encargado de aprobar las acciones de exploración y explotación de hidrocarburos.

En ese sentido, mientras las comunidades pidieron que se les entregue el contrato para conocer los detalles del proyecto; los representantes indígenas señalaron que eso ameritaría que el proceso de consulta regrese a su tercera etapa: la de transparencia y publicidad.

Foto: Instituto de Defensa Legal

Considerando esta situación, las comunidades y organizaciones presentes exigieron la reestructuración del proceso de consulta previa con el fin de que se incluya un nuevo cronograma y una metodología de trabajo que recoja todas sus preocupaciones.

Más adelante, le recordaron al Estado que, debido a la magnitud del proyecto Lote 200, antes de proceder, deben contar con el consentimiento de las comunidades indígenas.

A su turno, el especialista Álvaro Másquez Salvador, del Instituto de Defensa Legal (IDL),respaldó las exigencias indígenas y explicó que tienen sustento jurídico citando las normas del derecho nacional e internacional.

La normatividad reconoce el derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblo indígenas, en particular en casos donde los proyectos comprometen la supervivencia, física o cultural.

"Exigimos que se cuente con el consentimiento de las comunidades indígenas. Todo ello de conformidad con los principios de buena fe, transparencia y flexibilidad, contenidos en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Ley de consulta previa, libre e informada".

Asi lo señalan en un acta que firmaron todos los asistentes y que las comunidades y organizaciones indígenas harán llegar en los próximos días al gobierno central.

En la asamblea participaron los representantes de las comunidades de Puerto Firmeza, Panaíllo, Santa Clara de Yarinacocha, Santa Clara de Uchunya, San José de Tununya, Shambo Porvenir, Nuevo Egipto, Nuevo San Juan, Santa Teresita de Cashibococha, Santa Lucía y San Salvador.

También se hicieron presentes la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau), la Organización Regional AIDESEP de Ucayali (ORAU) y el Consejo del Pueblo Shipibo, Conibo y Xetebo (Coshicox), con la asistencia técnica de miembros del Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

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Fuente: Con información del Instituto de Defensa Legal

¿Qué es el Lote 200 y qué busca el proyecto?

El Lote 200 es un polígono ubicado entre las regiones de Ucayali y Huánuco, en las provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Puerto Inca. Posee una extensión de 447,126.5 hectáreas en medio de la Amazonía peruana.

El 1 de agosto de 2017, la Compañía Española de Petróleos –a través su filial CEPSA Peruana S.A.C.– manifestó interés en la exploración y explotación del lote petrolero. El 21 de marzo de 2018, la empresa obtuvo la calificación favorable de su capacidad legal, técnica, económica y financiera de parte de Perupetro.

Desde entonces Perupetro —empresa encargada, en representación del Estado peruano, de suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú— inició talleres informativos de participación ciudadana en la zona.

Posteriormente, el Ministerio de Energía y Minas anunció la consulta previa a las comunidades de los pueblos shipibo, asháninca y awajún, al ser directamente afectadas por la exploración y explotación del Lote 200. Fueron identificadas once en el ámbito de influencia del proyecto.

Sin embargo, los pueblos indígenas han rechazado de forma tajante la consuta; pues aseguran que lo que debe regir aquí es su derecho al consentimiento previo, libre e informado, que a diferencia de la consulta donde el Estado tiene la última palabra, deja en manos de los pueblos la aprobación o desaprobación de la medida como resultado del diálogo intercultural.

Fuente: Instituto de Defensa Legal

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