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Defensoría: falta articular políticas contra la violencia hacia las mujeres

Foto: Defensoría del Pueblo

Informe defensorial revela que problemas en la coordinación e implementación de dichas políticas afecta su eficiencia y efectividad.

Servindi, 25 de noviembre, 2021.- La Defensoría del Pueblo advierte que la falta de articulación de las normas y políticas para erradicar la violencia contra la mujer afectan su eficiencia y efectividad.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el órgano defensorial expresa la necesidad de que el abordaje del tema desde el Estado sea integral y sistemático.

Esto implica no solo una problematización amplia del problema, sino una respuesta articulada desde los diversos sectores y los instrumentos de gestión. 

Para el efecto, publicó el informe: Balance sobre la política pública contra la violencia hacia las mujeres en el Perú (2015 – 2020) que puede ser descargado libremente desde la internet.

Diversidad de instrumentos de gestión

La Defensoría reconoce que, bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), se desarrollaron diversos instrumentos de gestión, compromisos, productos, servicios y acciones con indicadores y metas específicas.

Durante la actual gestión la Defensoría supervisó la labor de las instituciones del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) y la respuesta de sectores involucrados, gobiernos regionales y locales en el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 (PNCVG).

El documento identifica avances y obstáculos para implementar la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG), el PNCVG; el Programa Presupuestal orientado a Resultados para Reducir la Violencia contra la Mujer (PPoR-RVcM) y el Plan de Acción Conjunto (PAC).

De esta manera, la Defensoría del Pueblo pudo advertir que los instrumentos han tenido distinta metodología en su formulación.

Ello originó que el PAC, por ejemplo, no tomara en cuenta lo planteado por el PNCVG, ni considerara el análisis causal o evidencia que sustente la comprensión del problema que busca afrontar.

Pese a ello, su implementación fue priorizada frente al Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021.

Sobre el seguimiento y evaluación de los documentos, cabe señalar que no existe ninguna disposición que prevea la articulación entre la PNIG y la Comisión de Alto Nivel (CMAN), pese a que la Ley 30364 exige que esta última siga y monitoree los planes nacionales que abordan la problemática.

En la práctica, se priorizó el seguimiento del PAC y el PPoR-RVcM, lo que tiene un impacto en el monitoreo de la respuesta del Estado frente a diversas formas de violencia reconocidas en el PNCVG.

Otra consecuencia de la diversidad de instrumentos supervisados es que no se considera el seguimiento de todas las instituciones involucradas en el problema.

Cada instrumento reconoce un número distinto de instituciones y solo el grupo conformado por el MIMP, Mininter, MINJUSDH, Minedu, Minsa, Ministerio Público y Poder Judicial son reconocidos en todos los instrumentos.

Tal situación genera múltiples decisiones normativas y de política pública, pero sin una articulación en su formulación e implementación, lo que pueda afectar su eficiencia y efectividad, advierte el informe defensorial.

Recomendaciones

El análisis exhaustivo desarrollado por la Defensoría del Pueblo deriva en un conjunto de recomendaciones como las siguientes:

  • La Presidencia del Consejo de ministros debe adoptar las medidas necesarias para que las políticas promovidas desde el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico tengan correlato con el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Asimismo, es necesario que se garantice la implementación de la PNIG a través de un adecuado eje presupuestal.
  • El MIMP debe articular los diversos planes, considerando el SNEJ y el PPoR en relación con la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG). De la misma forma, debe considerar esta política de manera integral en las normas de gestión relacionadas y destacar la relación entre las violencias y la discriminación estructural que afecta de manera particular a la diversidad de mujeres, además de homogeneizar los indicadores y metas en el proceso de actualización y mejora de estos instrumentos de gestión.
  • El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) debe implementar instrumentos de medición de los indicadores en relación con la violencia en función de la PNIG y del PPoR-RVcM, así como recoger información sobre las diversas modalidades de violencia que afectan a las mujeres, niñas y adolescentes en la Endes y la Enares, lo cual debe ser complementado con la información que sistematiza sobre la violencia en relaciones de pareja.

 

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