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CIDH oyó demandas comunales por vulneración de sus derechos

Foto: La Mula.

Minería ilegal, contaminación por mercurio, concesiones territoriales inconsultas, criminalización de defensores entre otras afectaciones fueron denunciadas por representantes de comunidades indígenas.

Por Patricia Saavedra

Servindi, 25 de febrero, 2017.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó conocimiento de las vulneraciones a los derechos humanos y colectivos que sufren diversas comunidades indígenas por parte del Estado peruano así como la desatención a problemas que enfrentan.

Las demandas fueron expresadas directamente por los representantes de las organizaciones indígenas y campesinas ante los comisionados de la CIDH Paulo Vannuchi, relator para Perú, y Norma Colledani, especialista en derechos humanos.

Los comisionados, al igual que los especialistas y parlamentarios, participaron de la mesa de trabajo sobre casos emblemáticos de afectación a derechos colectivos indígenas, impulsada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República, realizada el viernes 24 de febrero.

Denuncias y demandas

Entre las más graves destacaron las de Jeremías Petsein, de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), quien demandó al Estado peruano el reconocimiento como “pueblo o nación indígena” para dicha población.

Asimismo, solicitó la nulidad de los lotes 64, 166 y 199 y de la autorización de operaciones a Geopark por no contar con consulta previa ni consentimiento de la FENAP.  

De otro lado, exigió respeto a las decisiones jurisdiccionales y la remediación de los pasivos ambientales dejados por empresas petroleras en territorios del pueblo Achuar.

Por su parte Yanet Cachique, secretaria de la Comunidad Nativa Tres Islas denunció que desde hace más de ocho años su comunidad lucha para que se respete su derecho a la autonomía y a la propiedad territorial frente al ingreso no autorizado de terceros.

De otro lado Brenda Chapiama, de la misma comunidad, denunció que la actividad minera ilegal pone en riesgo la vida e integridad de la población, además de originar deserción escolar y graves afectaciones a la salud, ya que la comunidad padece concentraciones de mercurio muy por encima del promedio admisible.

Marcos Díaz, presidente de la Central Única Nacional de las Rondas Campesinas del Perú (CUNARC)denunció la criminalización contra los líderes y autoridades indígenas por defender sus territorios y por el ejercicio de la administración ancestral de justicia.

“Por ejercer funciones jurisdiccionales en el Perú somos perseguidos colectivamente y sistemáticamente”, sostuvo.

Igualmente indicó que hay ronderos que enfrentan hasta más de 100 procesos judiciales y las acusaciones son por secuestro, usurpación de funciones, coacción, entre otros

Lourdes Huanca, del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú denunció la violación del derecho a la participación institucional en el Estado, así como concesiones mineras inconsultas y el establecimiento de lotes petroleros a través del despojo territorial.

Vulneración a estándares jurídicos internacionales

De acuerdo a Raquel Yrigoyen, del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) y participante de la mesa de trabajo, tras oír la exposición de los casos, sostuvo que “se han violado estándares internacionales que el Estado peruano ya está obligado a cumplir”.

Asimismo, indicó que se está vulnerando la personalidad jurídica, propiedad del territorio, participación, institucionalidad, vida e integridad, jurisdicción indígena, consulta y consentimiento.

Explicó que “las normas constitucionales se deben interpretar de conformidad con los tratados internacionales”, los cuales no solo incluyen los tratados y declaraciones, sino también la jurisprudencia de las cortes y tribunales internacionales, es decir, la constitución interpretada de conformidad con el derecho internacional, lo cual actualmente no se hace.

"Sin personalidad jurídica un pueblo luego no puede defender su territorio ni otros derechos, esto le dificulta el ejercicio de su vida jurídica", explicó en alusión a la negativa del Estado a reconocer al Pueblo Achuar.

El compromiso de la CIDH

Por su parte, a través de una transmisión vía teleconferencia con el grupo de trabajo, el comisionado Paulo Vannuchi valoró haber  tenido una audiencia “con tanta información” y “de calidad”.

“He tomado nota de todas las situaciones presentadas”, señaló. Asimismo, frente a estas denuncias y demandas, el comisionado reiteró su intención de visitar nuestro país entre abril y mayo próximos para conocer in situ cada una de las realidades denunciadas.

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