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Defensoría del Pueblo sobre derrames: Niños deben ser protegidos

Osman, de la comunidad Nazareth. Foto: Rosa Laura / Número Zero

- Titular de este organismo llamó la atención para que Petroperú tome medidas efectivas para evitar que se repitan escenas como las vistas en Chiriaco a inicios de mes. 

Servindi, 25 de febrero, 2016.- El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, expresó su preocupación por la comprobada intervención de menores de edad en el recojo de petróleo en el distrito de Imaza, región Amazonas, tras el derrame de más de dos mil barriles producto de la rotura del Oleoducto Norperuano que opera la empresa estatal Petroperú. 

En ese sentido, el funcionario llamó la atención para que la empresa tome medidas efectivas para evitar la participación de estos en las labores de limpieza y remediación y solicitó que el tema sea considerado en la implementación de los planes de contingencia. 

Sobre dichos planes, Vega Luna planteó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), revisen si Petroperú ha ejecutado diligentemente las medidas para controlar y minimizar los daños sociales y ambientales.

“Se debe analizar si lo establecido en los planes de contingencia es adecuado o si hay irregularidades en su cumplimiento”, añadió.

Como es sabido, el 25 de enero en el distrito de Imaza, región Bagua, a seis kilómetros del río Chiraco, se registró un derrame debido a una rotura en el oleoducto que administra Petroperu. 

En un primer momento, la empresa estatal minimizó los hechos; más tarde, ante algunas denuncias, negó la participación de menores de edad en los trabajos de limpieza. No obstante, hace algunos días, ante la abrumadora evidencia, la empresa reconoció esta participación. 

Según el antropólogo Rodrigo Lazo, que visitó la zona afectada, alrededor de 140 menores de edad de las comunidades Nazareth y Wachapea vienen presentando signos de intoxicación por causa de los trabajos de "limpieza" realizados. 

De otro lado, el representante del organismo constitucional autónomo señaló que la empresa debe pagar una compensación a todos los afectados, luego de indicar que es fundamental que OEFA exija y supervise la remediación de todos los derrames, además de imponer sanciones para desincentivar nuevas infracciones.

Vale precisar que en lo que va del año se han registrado tres derrames que han tenido como origen el oleoducto de Petroperú. 

Luego del derrame en Imaza, se registró el 3 de febrero otro en el distrito de Morona, en la provincia loretana de Datem del Marañón. Más tarde, el 17 del mes en curso, se reportó el último en la provincia de Jaén, región Cajamarca.

Vega Luna propuso que SUNAFIL verifique que los trabajadores que hacen labores de limpieza y remediación -muchos de ellos indígenas de las comunidades- no resulten afectados en su salud o vida tras remarcar que está prohibido exponer al peligro a los menores de edad.

Finalmente, recalcó que la declaración de emergencia sanitaria que se dio el 15 de febrero debe permitir que la población reciba agua, alimentos y atención de salud de manera suficiente y durante el tiempo necesario.

Por ello, informó que la Defensoría realizará un seguimiento a las autoridades locales y regionales, al INDECI, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Ambiente, entre otras entidades, obligadas a intervenir ante dicha declaratoria. 

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