Servicios en comunicación Intercultural

Minería y petróleo: Las consecuencias devastadoras de los privilegiados

Foto: Supervisores del organismo de evaluación ambiental OEFA confirmando el derrame de petroleo de la Refinería de Iquitos administrada por Petroperú, el 9 de abril /Fuente: OEFA

Derrames petroleros y centenas de trabajadores mineros contagiados con el COVID-19. A más de dos meses de iniciado el estado de emergencia, estas son algunas de las consecuencias que nos deja la actividad ininterrumpida del sector minero y de hidrocarburos.

Servindi, 24 de mayo, 2020.-  Durante el estado de emergencia nacional, muchas empresas del sector minero y de hidrocarburos continuaron operando. Unas transportaron a sus trabajadores exponiendo a varias comunidades a posibles contagios y otras tuvieron que suspender sus operaciones cuando la cifra de infectados entre su personal no se pudo ocultar más.

En esta nota, recopilamos parte de estas denuncian que dejan en claro porque en plena pandemia «las actividades extractivas, petroleras y relacionadas con el sector forestal representan un riesgo que expone al contagio a las poblaciones amazónicas, así como a los pueblos indígenas», tal como lo afirma en un reciente informe la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos.

Hidrocarburos: Traslados perjudiciales

Pese al estado de emergencia nacional, los trabajadores de la empresa Perenco Peru Petroleum Ltd., con operaciones en Loreto, continuaron transitando en barcas de la propia compañía a través del río y sin ningún tipo de restricción.

La compañía que es subsidiaria de la empresa petrolera anglo francesa Perenco, se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos en la cuenca de Marañón, en la región de Loreto.

Para la Plataforma de la Sociedad Civil, la base del campamento de esta empresa, ubicada en el distrito de Napo, provincia de Maynas, «es responsable de que por lo menos 14 comunidades Kichwas y Arabelas de toda esta zona del río Napo se vean afectadas».

Un caso similar ocurrió en el distrito de Puinahua, provincia de Requena. Allí la empresa Petrotal Corp. que opera el Lote 95, continuó con sus labores pese al estado de emergencia, poniendo en riesgo a sus trabajadores que ingresan y se trasladan a lo largo de la cuenca de Puinahua.

Para llegar a su centro de trabajo, el personal de Petrotal Corp. tuvo que pasar antes por al menos cinco comunidades nativas pertenecientes a la parte baja de la cuenca. Urarina, Jorge Chávez, Manco Cápac, San Pedro I y San Pedro II, fueron las comunidades que se vieron afectadas por este motivo, según reporta el informe de la plataforma.

Foto: Informe de la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos 

Derrames petroleros

Pero los traslados con exponenciales riesgos de contagio no fueron lo único que se suscitó en cuarentena. Durante este periodo, los derrames de petróleo tampoco cesaron.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) también reportó otro derrame el 9 de abril en la zona de Barrio Florido y Santa Clara de Ojeal, en el distrito de Punchana, región Loreto.

Ese mismo día el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmaría que el derrame de petróleo provenía de la poza API de la Refinería Iquitos, a cargo de la empresa estatal Petroperú.

«Los pobladores de la comunidad campesina de Santa Clara del Ojeal, en Loreto, se ven afectados por el aislamiento, la falta de abastecimiento de alimentos y ahora [por] este derrame de petróleo», advirtió entonces la Aidesep.

 

Por otro lado, la Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú-Ecuador (OPIKAFPE) alertó que el 21 de abril se produjo un nuevo derrame en la base petrolera San Jacinto, administrada por la empresa Frontera Energy del Perú S.A.

Denunciaron que, desde mediados de marzo, la compañía dejó abandonada esta base petrolera, por lo que a las extremas necesidades que pasan en estos tiempos, se sumaba un nuevo factor: el riesgo de que el crudo afecte el agua que abastece a sus comunidades, lo que atentaría contra su derecho a la salud y a un ambiente sano.

Minería: Más de 800 trabajadores contagiados

Desde el 26 de marzo, día en que la minera Cerro Verde reportó el primer caso positivo de COVID-19, el sector minero no ha dejado de sumar infectados.

Según un reporte interno del Ministerio de Energía y Minas, al 22 de mayo son 821 los trabajadores mineros que se están infectados con el COVID-19. Los contagios se produjeron principalmente porque las empresas decidieron no acatar el estado de emergencia y otras al continuar operando con el permiso del gobierno, pero sin controles estrictos.

El Consorcio Minero Horizonte, que opera en el distrito de Parcoy, perteneciente a la provincia de Pataz, La libertad, registra el número de trabajadores infectados más alto: 320. Los contagiados no solo están en Parcoy, sino también en Trujillo, ciudad a la que fueron trasladados para que realicen la cuarentena.

En el distrito de Marcona, en la región Ica, la minera Marcobre había reportado inicialmente 38 trabajadores con el virus el pasado 14 de mayo, a siete días de haber retomado sus operaciones con el aval del gobierno que aprobó su protocolo de seguridad.

Sin embargo, cinco días después, tras realizarle una segunda ronda de pruebas rápidas a sus trabajadores, la minera aumentó la cifra de casos positivos a 129, motivo por el cual tuvo que optar por paralizar sus operaciones.

Lo más dramático de este distrito que también alberga a la minera Shougang Hierro Perú S.A.A. es que en la localidad solo cuenta con un hospital que funciona en un conteiner y no tiene ni ventiladores ni camas UCI para atender a pacientes COVID-19.

El estado de emergencia tampoco fue impedimento para que la empresa china Shougang Hierro Perú S.A.A. continuara operando en Marcona (Ica). Su desacato fue reportado el 18 de marzo por sus propios trabajadores, quienes denunciaron que la empresa los seguía obligando a asistir al trabajo y los trasladaba en buses sin ninguna medida de protección.

Foto: Trabajadores mineros transportados en un bus el lunes 16 de marzo por la empresa china Shougang, pese a que decreto supremo lo impedía / Fuente: Fuerza Obrera Shougang

El sindicato Fuerza Obrera Shougang denunció que esto venía ocurriendo desde el lunes 16 de marzo y que ese mismo día, se había producido el derrame de una gran cantidad de aceite en el muelle San Nicolás, la zona de embarque de mineral. Esto se produjo porque la faja transportado que conducía el mineral hacia las embarcaciones, cayó al mar.

La empresa minera Antamina, que reportó a su primer trabajador infectado el 31 de marzo, tuvo que paralizar sus operaciones el 13 de abril, luego de que la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash, confirmara días antes que, siete personas de esta compañía, habían dado positivo a las pruebas del COVID-19.

Hoy, según el reporte interno que se filtró a la prensa y que hasta el momento no ha sido negado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), Antamina registra 210 trabajadores mineros infectados.

Foto: Reporte interno del Minem

Riesgo mayor

En su informe, la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos llama la atención sobre la irresponsabilidad de las empresas al no acatar las medidas del gobierno y advierte que el Estado no está en condiciones de supervisarlas.

«Esta situación constituye un comportamiento poco responsable de las empresas al no acatar debidamente la cuarentena, y muestra las limitadas capacidades del Estado para supervisarlas adecuadamente y verificar que las acciones excepcionales autorizadas no generen un riesgo para sus trabajadores y la población que habita en las zonas cercanas a sus operaciones», señalan.

A esto se suma una reciente denuncia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) que alerta sobre la peligrosidad del Decreto Legislativo N°1500, trabajado por el Ejecutivo.

El documento establece que durante el tiempo que dure la pandemia, las empresas del sector minero quedarán exoneradas de presentar «reportes, monitoreos y cualquier otra información de carácter ambiental o social, que implique trabajo de campo», ante las entidades con competencia ambiental como la OEFA.

Para la coordinadora nacional se trata de una medida que debilita la institucionalidad ambiental porque esta era una responsabilidad a la cual las empresas estaban obligadas a cumplir con el fin de «controlar que sus actividades no impacten el medio ambiente». ¿Quién las controlará entonces?

___

Con la información de: Red Muqui, Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, CNDDHH.

Valoración: 
0
Sin votos (todavía)

Añadir nuevo comentario