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“Somos una piedra en el zapato para las mineras y también para el Estado”

César Estrada y Elita Yopla, ambos defensores de derechos humanos, viven amedrentados por su defensa al agua en el departamento de Cajamarca / Foto: Organización Mundial Contra la Tortura

En plena pandemia, el comunicador César Estrada Chuquilín denunció un nuevo acto de vigilancia y seguimiento contra su familia. A través de un trabajo de investigación periodística identificó al sospechoso; sin embargo la denuncia interpuesta no avanza.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos solicita al Estado peruano “iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los incidentes”.

Servindi, 23 de enero, 2021.- No se detienen ni durante la pandemia. El comunicador indígena César Estrada Chuquilín denuncia un nuevo acto de seguimiento y vigilancia contra su familia.

El 21 de diciembre de 2020, cuando su esposa Elita Yopla se encontraba barriendo la azotea de la casa donde se alojaba en la ciudad de Cajamarca se percató que estaba siendo fotografiada desde la casa contigua.

Tras el hecho, la también defensora de los derechos humanos buscó una cámara fotográfica y procedió a registrar imágenes del sospechoso, quien al darse cuenta abandonó la casa y huyó en un coche.

En comunicación con Servindi, Estrada Chuquilín advirtió que –ejerciendo su labor periodística– realizó un cruce de información con todos los datos del auto para determinar de quién se trataba.

“En principio identificamos al dueño del auto. Luego, descubrimos que el señor tenía un seguro policial. Por tanto, es un efectivo de la policía”, cuenta.

Cuando el comunicador realizó una búsqueda a través de las redes sociales se percató de que el sospechoso era efectivamente un policía por lo que se presentó a realizar la denuncia correspondiente.

Sin embargo, al sentar la denuncia con nombre propio y presentar las pruebas, el comunicador y su esposa fueron acusados de realizar un “seguimiento” contra el sospechoso por la forma cómo consiguieron los datos. A pesar de ello, la denuncia fue recibida “pero no hay ningún avance”.

Continúa con denuncia periodística

No es la primera vez que tanto César Estrada como Elita Yopla son víctimas de amedrentamiento a raíz de su defensa por el agua de la contaminación minera.

Estrada fue víctima de acoso, seguimientos, amenazas y ataques contra su vida e integridad desde el 2014 por su oposición al proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha y por sus denuncias contra las violaciones de los derechos de las comunidades indígenas y rondas campesinas.

A pesar de ello, el comunicador informa que sigue realizando las denuncias periodísticas a través de un portal usando un seudónimo. Sin embargo, sospecha de que el Estado y los defensores de los proyectos mineros lo tienen identificado.

“Determinar el dominio y dueño de la página es súper sencillo. Creo que las empresas mineras y el mismo Estado tienen conocimientos más sofisticados que nosotros. Entonces es fácil identificar”, comenta.

En este sentido, Estrada Chuquilín advirtió que es el propio Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), realiza los seguimientos a los opositores de los proyectos mineros, quienes son expuestos a través de un reporte que podría ser usado por las mineras para el amedrentamiento.

“Somos una piedra en el zapato no solo para las mineras, sino para el Estado. Sabemos que el agua nos hace mucha falta, al igual que las tierras”, declara.

Investigación inmediata e imparcial

Tras conocer el reciente hecho, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) exigió una sanción contra los responsables del seguimiento.

El organismo internacional solicitó al Estado peruano “iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los incidentes de seguridad con el fin de identificar a los responsables y aplicarles las sanciones previstas por la ley”.

Asimismo, exige poner fin a cualquier acto de amedrentamiento, incluido a nivel judicial, en contra de los denunciantes así como de todas las personas defensoras de los derechos humanos en Perú.

El Observatorio también pide al presidente de la República y otros altos funcionarios reconocer públicamente “la importancia de la legítima labor llevada a cabo por las personas defensoras de derechos humanos en el Perú”.

Finalmente, solicitó “impulsar una política pública integral de protección” para los defensores de derechos humanos donde se incluya “componentes de protección, prevención y lucha contra la impunidad a través de un proceso amplio y participativo”.

 

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