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21N: Colombia marchó en defensa de la paz, la vida y la justicia

Foto: El País

Por Renzo Anselmo

Servindi, 22 de noviembre, 2019.- En una movilización pacífica, miles de colombianos marcharon por las ciudades principales del país para exigirle al gobierno de Iván Duque el cumplimiento del acuerdo de paz, mayor protección a los líderes indígenas y las mejoras de los sectores de educación y trabajo.

En una jornada de desplazamientos realizada el último 21 de noviembre, las calles de Colombia acogieron a sindicatos de trabajadores, estudiantes, y alrededor de 10.000 mil indígenas.

Entre las demandas de la población se encontró el rechazo a un posible «paquetazo económico», el aumento de inversión en educación y el fin de las matanzas de indígenas y líderes sociales.

El clamor popular    

En diálogo con CNN, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia —uno de los sectores que promovió la movilización— Diógenes Orejuela denunció que el gobierno de Iván Duque planea ejecutar un «paquetazo económico» respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

«El paquetazo contempla lo que hemos llamado la pretensión de reforma laboral, reforma pensional […] procesos de privatización y ventas de importantes empresas del Estado para resolver la grave crisis que tiene el país […]», expresó Orejuela.

Del mismo modo, la BBC News Mundo señala que, entre otras, medidas se estaría planeando eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, aumentar la edad de jubilación y reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en el 75% del sueldo mínimo.

Otro de los puntos que motivó la protesta que —según Diógenes— congregó a más de 2 millones de personas, es el tema educativo. Los estudiantes se movilizaron para exigir mayor inversión en el sector y el cumplimiento de acuerdos que incluye la inversión de unos US$ 1.300 millones para las universidades.

Pedro Hernández, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu) y docente de la Universidad Nacional de Colombia, le manifestó a Sputniknews que «desde 2017 el Gobierno está recaudando una cifra no inferior a 1,4 billones de pesos [438 millones de dólares] y de eso sólo ha girado a las universidades públicas 260.000 millones [81 millones de dólares]».

El tercer punto se tiñe de blanco porque los manifestantes también demandaron su lucha por la paz en Colombia. Además de exigir el compromiso del gobierno para implementar el acuerdo de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) firmado en el 2016, los ciudadanos se unieron al clamor de los indígenas y líderes sociales, quienes vienen siendo víctimas de una ola de asesinatos.

No más genocidio

Bajo el lema «Que pare el genocidio indígena», los movimientos indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) marcharon exigiendo la aplicación de medidas de seguridad para sus compañeros ya que en lo que va del año han sido asesinados al menos 52 indígenas, según reporta la Oficina de Derechos Humanos la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En una comunicación reciente que sostuvo Luis Fernando Arias, consejero Mayor de la ONIC con el diario El País, informó que «desde que se posesionó Duque han matado a 129 compañeros indígenas. La militarización solo va a escalar el conflicto», expresó entonces considerando insuficiente la decisión del presidente colombiano de enviar militares a las zonas del Cauca, en el suroeste del país.

A fines del mes de octubre, tras un ataque a la Guardia Indígena que cobró la vida de 5 personas, la ONIC condenó la falta de apoyo de parte del gobierno para frenar la ola de genocidios. «El Gobierno Nacional de Iván Duque es responsable de la masacre y el genocidio al que están sometidos los Pueblos Indígenas de Colombia», comunicó el grupo indígena mediante su cuenta de twitter.

Una respuesta vacía

La noche del 21 de noviembre en Colombia terminó con enfrentamientos aislados en la ciudad de Bogotá y con Cali —una ciudad al oeste del país— sumida en un toque de queda decretado por el alcalde de la comuna, Maurice Armitage al advertir saqueos en la zona.

En un pronunciamiento emitido tras la manifestación, el presidente Iván Duque condenó los actos violentos presenciados al fin de la protesta considerando de «vandalismo puro» este accionar. Más temprano las organizaciones sociales también habían marcado distancia de los hechos.

Más allá de definir medidas para aplacar las demandas de la población, el presidente Duque limitó su discurso a asegurar la seguridad de los colombianos en una próxima manifestación y «aplicar todo el peso de la ley» a las personas que hayan incurrido en delitos durante la manifestación.

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