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Asesinan a defensor ambiental en México

Activista se oponía a proyectos de termoeléctrica y gasoducto promovido por el gobierno de López Obrador. Comunidades locales de Tlaxcala, Puebla y Morelos responsabilizan al Gobierno de México de este asesinato.

Por José Díaz

Servindi, 22 de febrero, 2019.- La situación de los defensores ambientales en América Latina sigue siendo bastante riesgosa. Esta semana el joven activista mexicano Samir Flores Soberanes, de 30 años, fue asesinado de tres disparos en el estado de Morelos. En los últimos meses él se había dedicado a oponerse a un proyecto eléctrico promovido por el presidente mexicano Andrés M. López Obrador.

El asesinato ocurrió en la comunidad indígena de Amilcingo. Según han relatado varios testigos, dos vehículos llegaron a casa de Samir Flores a las 5.00 horas y lo llamaron a la puerta. Cuando el activista salió fue baleado por estas personas no identificadas. Desde el 2010 este dirigente local se había opuesto al Proyecto Integral Morelos (PIM).

El PIM es un proyecto múltiple que implica la construcción de una central termoeléctrica en la comunidad de Huexca, así como un gasoducto que atravesaría decenas de comunidades campesinas entre Tlaxcala, Puebla y Morelos. La obra estaba a punto de someterse a una consulta pública, algo a lo que se oponían las comunidades indígenas de la zona, las mismas que había pedido la eliminación de este proceso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Para los miembros de la organización Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, el asesinato de Samir Flores está vinculado al accionar del Gobierno de México. Ellos han demandado que se realicen investigaciones porque sugieren responsabilidad de las autoridades centrales del país.

Marchan y protestan

El sepelio de Samir Flores se realizó el pasado jueves, un acto al que asistieron cientos de personas. Las organizaciones campesinas e indígenas que asistieron al funeral reiteraron sus acusaciones contra el gobierno que lidera López Obrador y anunciaron que continuarán oponiéndose al PIM.

“Es un asesinato político. Nosotros hacemos responsable al Estado mexicano por el asesinato de Samir. En los últimos días él había estado muy activo por la imposición de la consulta del proyecto”, declaró Samantha César, integrante del integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.

Pese a estos acontecimientos, el presidente mexicano López Obrador ha anunciado que la consulta previa para la ejecución del proyecto se realizará de todos modos. Desde el 2006, en México han sido asesinados más de 60 activistas por los derechos humanos. Una cifra que a nivel regional se hace cada año más alarmante.

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