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Protesta indígena por deficiente gestión de ACR Imiría cumplirá 2 meses

Jeremías Cruz Nunta.

Oficinas del Área de Conservación Regional (ACR) Imiría fueron tomadas por el pueblo Shipibo el 27 de julio, pero hasta ahora autoridades no atienden demanda indígena.

Servindi, 21 de setiembre, 2022.- El próximo 27 de setiembre la protesta del pueblo Shipibo por la deficiente gestión del Área de Conservación Regional (ACR) Imiría, en Ucayali, cumplirá dos meses y aún no tiene solución.

Jeremías Cruz Nunta, representante de las cinco comunidades y nueve caseríos de la laguna Imiría, reiteró su llamado a las autoridades para que atiendan su exigencia y se derogue el decreto que creó dicho ACR.

Con ello, piden se dé pase a la creación de un Área Ecológica Indígena, que permita que la conservación de la laguna Imiría sea administrada por la población hoy afectada por el modelo ACR.

Problema de origen

Jeremías Cruz Nunta pertenece a la comunidad nativa de Caimito y es presidente de la Organización de Comunidades Nativas y Campesinas en Defensa de Áreas y Recursos Naturales de Laguna Imiría y Chaulla.

En entrevista presencial con Servindi desde Ucayali, Cruz Nunta ratificó que el problema con el ACR Imiría proviene desde el origen, pues su creación se realizó con un deficiente proceso de consulta previa.

“Al ser creada el ACR Imiría, el 15 de junio de 2010 mediante el Decreto Supremo 006-2010-Minam, se hizo caso omiso al pedido de la población que quería un área de conservación comunal”, indicó.

Ubicada entre las cuencas de los ríos Tamaya y Inamapuya en Masisea (Coronel Portillo, Ucayali), el ACR Imiría cuenta con una extensión total de 135 mil 737.52 hectáreas.

El dirigente resaltó que el rechazo al ACR creció cuando el Gobierno Regional de Ucayali implementó el Plan Maestro, sin la participación de la población, y por las consecuencias que empezó a generar en la población.
 

“La población en la zona se dedica a tres actividades principales: la agricultura, la pesca y la madera, pero estas actividades se han visto afectadas desde la creación del ACR”, sostiene Cruz Nunta.

Para ilustrar las afectaciones, puso como ejemplo los casos de pobladores a los que se les retuvo la madera que solían extraer, al igual que las herramientas que utilizaban para pescar.

“Están limitando la actividad que los comuneros realizan, para qué, para su existencia diaria, para hacerle estudiar a sus hijos, para que mañana más tarde sean profesionales”, señala el dirigente.

Estas afectaciones se suman las ya reportadas por la Guardia Indígena de Caimito, que alegó la proliferación de actividades ilegales en la zona, la contaminación del lago y de los bosques.

Cruz Nunta confirmó la presencia de grupos foráneos que llegan para cultivar coca y se retiran, así como de grupos menonitas que han deforestado 72 hectáreas de la comunidad de Caimito para realizar sus actividades.

“Al no estar de acuerdo con todo esto, después de 12 años, el 27 de julio hemos hecho la toma de las oficinas del ACR Imiría”, cuenta Cruz Nunta.
 

Foto: Adrian Leon/ONAMIAP

Demandas indígenas

En efecto, las oficinas del ACR Imiría, ubicada en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, se encuentran tomadas desde el 27 de julio por varios miembros del pueblo Shipibo.

Los indígenas llegaron hasta este lugar cansados de no ser escuchados, exigiendo su salida legal inmediata del ACR Imiría y la conformación de un Área Ecológica Indígena administrada por el pueblo.

¿Qué se ha logrado desde entonces? Según Cruz Nunta, a la fecha, todavía no hay respuesta contundente de parte de las autoridades, pero han logrado que se firme un acta.

En dicha acta, suscrita el 15 de agosto según el dirigente por representantes indígenas y la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Ucayali, se reconoce que las demandas del pueblo Shipibo son legítimas.

Además, se exige la derogatoria del decreto que creó el ACR Imiría en 2010. “Nosotros estamos haciendo la documentación necesaria con la parte legal para lograr este objetivo”, dice Cruz Nunta.

Mientras no se consiga esto, afirma que las oficinas de la ACR Imiría seguirán tomadas. “El gobierno nacional y regional tiene que dar solución a este problema que ya va por los dos meses”, dice.
 

 

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