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Congreso debilita fiscalización de la ONPE a partidos políticos

Comisión de Constitución del Congreso presidida por la fujimorista Úrsula Letona / Foto: Congreso de la República

Servindi, 19 de marzo, 2018.- Tras confirmarse el financiamiento de campañas políticas por parte de la constructora brasileña Odebrecht, la modificación del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios realizado por el Congreso en febrero último, genera un nuevo debate.

Se trata de la Resolución Jefatural N° 000025-2018-JN/ONPE, publicada por el diario oficial El Peruano, cuyo cambio en la Ley de Organizaciones Políticas, hace que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantenga sus limitaciones.

Entre los cambios ejecutados en el reglamento, se establece que los partidos políticos no están obligados a presentar los aportes que reciben durante la campaña electoral, sino después de 15 días de finalizado el proceso.

“A los partidos políticos ya no se les exigen que presenten reporte de gastos durante la campaña electoral, esa que era una potestad de la ONPE, el Congreso se la ha quitado”, cuestionó Gerardo Távara, secretario general de Transparencia, durante un reportaje en Cuarto Poder.

Asimismo, la norma establece la responsabilidad de los candidatos por las acciones que realicen sus encargados de campaña; para ello se aplicará el 109 del reglamento, que estipula sanciones a las infracciones con una multa no menor de 10 ni mayor de 30 UIT.

Contaminación de la clase política

“La clase política peruana está descalificada éticamente. Hay un problema ya no solo de intoxicación o contaminación de esa clase política, sino también de una descomposición”, sostuvo Wálter Albán, director ejecutivo de Proética, luego de conocerse las declaraciones de Jorge Barata ante los fiscales peruanos en Brasil.

De acuerdo a Albán, este problema ocurre porque no existen controles para evitar el financiamiento de campañas o candidaturas con dinero proveniente de la corrupción.

Sin embargo, el especialista ve también como una oportunidad de presionar al Congreso para que apruebe estas medidas, entre ellas la de establecer como delito el hecho de recibir aportes de campaña y no declararlos.

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