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Para combatir la deforestación hay que entender las economías ilícitas

Colombia perdió 115 mil hectáreas de bosque primario, una cifra alarmante que ubica al país entre los de que más ha perdido bosques en el mundo, solo superado por países como Brasil, Perú, Bolivia e Indonesia.  Foto: Semana Rural

Las economías ilegales mantienen sólidos nexos con las economías legales para subsistir. El lavado de activos es el mecanismo que más utilizan y mediante el cual circulan recursos de una economía a otra: actúa como una puerta giratoria en donde los actores claramente ilegales interactúan con quienes aparentemente son legales, que en muchos casos son autoridades del Estado. Para frenar este vínculo que también genera un impacto negativo en el medioambiente es necesario diseñar estrategias que ataquen directamente a esas estructuras que sostienen esas puertas giratorias.

Por María Alejandra Vélez y María Juliana Rubiano*

La Silla Vacía, 18 de diciembre 2020.- El borrador del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) de deforestación que ha salido recientemente para discusión incluye un elemento central: el rol de las economías ilícitas en la deforestación.

En el Conpes, el énfasis está en el control territorial a través del fortalecimiento de la presencia de las fuerzas militares en los territorios y de las capacidades técnicas y administrativas del sector defensa y justicia.

Como lo discutimos en una columna reciente a varias manos, hay otras aristas que debemos considerar, como la interacción entre las economías legales e ilegales y la diferenciación por tipo de actor para abordar de manera sistémica el problema de la deforestación. Sabemos que vienen otros Conpes e instrumentos en camino. Aquí profundizamos en algunas ideas sobre el rol de las economías ilícitas en la deforestación que pueden ser de utilidad.

Como lo explicó Estefanía Ciro en el reciente foro sobre Economías Ilícitas y Medio Ambiente, organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), no se puede hablar de lo “ilegal” sin lo “legal”. La discusión sobre los impactos de las economías ilegales en el medioambiente, y en particular en la deforestación, se ha focalizado en su mayoría en el desarrollo de actividades mineras y en la siembra de cultivos ilícitos. Ambas actividades tienen efectos en la deforestación directos e indirectos, aunque varían considerablemente en el tipo y extensión de sus impactos.

Sin embargo, además de estas dos actividades con impactos diferenciados a nivel regional, también generan deforestación la tala ilegal de madera, la ganadería, la praderización y el acaparamiento ilegal de tierras; siendo las dos últimas, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las principales causas de la deforestación en el país.

En esta diversidad de actividades que se traslapan en el territorio confluyen múltiples actores en distintos niveles de las cadenas de valor. Las economías ilegales (coca, oro, acaparamiento ilegal de tierras, entre otros) mantienen sólidos nexos con las economías legales para subsistir. Uno de los fenómenos más visibles es el tránsito de los recursos provenientes de las economías ilegales hacia economías legales. El lavado de activos es uno de los mecanismos mediante los cuales circulan los recursos de una economía a la otra: actúa como una puerta giratoria en donde actores claramente ilegales interactúan con quienes son aparentemente legales –y que en muchos casos representan al Estado- mediante la corrupción y el clientelismo.

En las prácticas de acaparamiento territorial, la puerta giratoria se hace visible. Rodrigo Botero explica cómo actores legales- incluyendo exgobernadores o congresistas en algunas regiones- con bastante capital económico, praderizan los bosques para apropiarse de las tierras que comienzan a ser conectadas y valorizadas por un sistema de vías legales e ilegales. Inevitablemente su formalización ocurre por la vía legal y debe traer de la mano la colaboración de funcionarios del Estado.

Por lo tanto, si se reconoce la circulación de recursos, actores y mercancías entre las economías legales e ilegales, es necesario diseñar estrategias que ataquen directamente estas estructuras que sostienen las puertas giratorias, en lugar de enfocarnos exclusivamente en el eslabón más débil de la cadena, por ejemplo, en campesinos con lotes pequeños con cultivos de uso ilícito o campesinos con motosierra. Clave, en este sentido, el Conpes sobre lavado de activos que están elaborando y una revisión de la política de vías y transporte del país que está empujando la frontera agrícola.

Las actividades ilegales no solo interactúan con las esferas legales y formales de la economía; también hay una clara conexión entre las economías ilegales. Según datos de la Unodc, en el 2019, alrededor del 43 por ciento del territorio que presenta explotación de oro aluvión también registra cultivos de coca. Esto es importante porque, aunque las mercancías de cada una de las actividades tienen cadenas de valor y ciclos de producción distintos, tienen una estrecha relación.

Como lo discutió Angélica Rettberg en el foro Coca y Oro, organizado por el Cesed, la fuerza laboral migra de una actividad a otra (coca-oro) en función de los cambios en el precio del oro y del éxito de las estrategias de erradicación. A su vez, datos históricos que cruzan la presencia de cultivos de coca con la explotación de oro muestran una relación negativa entre ambas actividades: cuando aumenta el precio de oro caen los cultivos de coca.

Sin embargo, en el mismo foro, Santiago Saavedra explicó que su correlación espacial a nivel de pixeles de 1 km por 1 km y municipios es baja; sugiriendo que la diversificación de los portafolios de los grupos criminales debe abarcar áreas más grandes. La relación de la coca y el oro es más bien regional.

Esta interacción de economías ilegales también nutre el conflicto, como nos recordó Absalón Suárez, coordinador de medio ambiente del Proceso de Comunidades Negras, en el foro sobre economías ilícitas y medio ambiente. Los grupos armados o criminales han utilizado las rentas provenientes de la coca y del oro a través del cobro de impuestos para financiar sus actividades y, en muchos casos, han perpetrado actos violentos hacia las comunidades para garantizar la obtención de dichas rentas.

En el escenario del posacuerdo esto no puede perderse de vista. Las disidencias de las FARC continúan disputándose el control territorial con otros grupos armados y criminales para financiar sus actividades. Las confrontaciones han generado hechos violentos en los territorios; las comunidades además de ser intimidadas para pagar los llamados "impuestos" quedan en un fuego cruzado entre distintos grupos armados.

Como lo mencionó Juan Carlos Garzón, de la Fundación Ideas para la Paz, en el foro del Cesed, tramitar con los actores criminales la regulación de actividades productivas que generan deforestación y de las cuales obtienen los recursos para financiarse no es tarea fácil, y muchos han arriesgado sus vidas en el proceso. 

Hay que recordar que, en lo que llevamos del año, han asesinado a 254 líderes sociales, muchos de los cuales eran líderes ambientales. En comparación con el 2019 la tasa de asesinatos aumentó en un 61 por ciento entre enero y junio del 2020; se han asesinado 17 guardaparques en los últimos 30 años; y en los municipios Pnis, tras la firma de los acuerdos comunitarios, la tasa de asesinatos de líderes sociales aumentó, en promedio, en un 546 por ciento.

Aunque el Gobierno ha señalado al narcotráfico como el principal motor de los asesinatos, muchos están asociados con conflictos por tierras, con las disputas por el control territorial y con otras actividades como la minería ilegal. 

Las políticas en materia de seguridad deben orientarse no solo a atacar y desmantelar las estructuras criminales, sino también a proteger a la ciudadanía para garantizar que la vida de funcionarios del Estado y líderes comunitarios/étnicos que luchan en contra de la deforestación no esté en peligro.

En este contexto complejo, las estrategias para detener la deforestación deben reconocer el accionar de actores muy diversos y a diferentes escalas: desde grupos delincuenciales organizados y comunidades vulnerables, hasta actores formales y funcionarios del Estado.

Para el caso de la deforestación generada por la praderización y el acaparamiento territorial, es necesario pensar estrategias enfocadas en frenar el accionar de actores con capital económico que buscan apropiarse de la eventual formalización y valorización de las tierras.

Para las actividades ilegales o informales, se debe tener en cuenta que quienes las desarrollan no son necesariamente actores criminales. En muchos casos son comunidades vulnerables que se ven obligadas a desarrollarlas por falta de oportunidades. Es necesario tener estrategias diferenciadas por tipo de actor: en clave de seguridad para los actores criminales – incluidos quienes están en el sector formal - y en clave de desarrollo rural para las comunidades vulnerables. Esto aplica para la coca, el oro, la tala ilegal, etc.

En la política ambiental no podemos repetir los mismos patrones que los de la política de drogas, invirtiendo mucha plata y con pocos avances. Si no consideramos las complejidades de las economías ilegales para diseñar políticas ambientales corremos el riesgo de repetir la historia.

Es un acierto que la perspectiva de la política del Conpes de deforestación esté planteada a 10 años, sobre todo porque la deforestación es un plan de largo plazo, pero solo podremos ver resultados favorables en materia ambiental si no descuidamos el tejido social local y atacamos las puertas giratorias entre las economías legales y las ilegales.

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*María Alejandra Vélez es directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas. 

*María Juliana Rubiano es asistente de investigación del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas.

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Fuente: Publicado en Silla Vacía el 24 de noviembre de 2020: https://lasillavacia.com/silla-llena/blogoeconomia/combatir-la-deforestacion-hay-entender-las-economias-ilicitas-77366

 

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