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Exigen indemnizar a familias de “Héroes del Bicentenario”

Conferencia de prensa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, este miércoles 18 de noviembre. Foto: Captura de video.

La CNDDHH también pidió al Estado cubrir los gastos médicos de los heridos y desactivar al grupo Terna, acusado de cometer detenciones arbitrarias y secuestrar a manifestantes.

Servindi, 18 de noviembre, 2020.- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) exigió al Estado peruano reparar económicamente a las familias de los jóvenes que fallecieron en medio de las protestas del 14 de noviembre.

En una conferencia de prensa, acompañados por los familiares de las víctimas mortales y heridos que dejó la represión policial, Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la CNDDHH, afirmó que el Estado también debe cubrir los gastos médicos de los heridos.

Asimismo, indicó que se debe desactivar al grupo Terna y convocar a una comisión de expertos para generar reformas y garantizar la gestión adecuada de las manifestaciones. Todo ello, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Hablan por las víctimas mortales

La conferencia de prensa brindada por la CNDDHH al mediodía de este miércoles 18 de noviembre, también contó con la participación de los abogados de las familias de las dos víctimas mortales.

Jimmy Sotomayor, abogado de la familia de Jack Brian Pintado, señaló que no se detendrán hasta saber “quién ordenó el operativo [en las manifestaciones], quién elaboró el plan y quién lo ejecutó”.

“No vamos a permitir que este caso se archive. El día de la necropsia de Jack, la policía trató de participar. ¿A qué le tienen miedo si dicen que no han cometido ningún acto irregular? Les pedimos que se dejen investigar”, sostuvo Sotomayor.

A su turno, Walter Matos, abogado de la familia de Inti Sotelo, replicó el pedido para que la policía colabore con las investigaciones y exigió que se retire del cargo al director de la policía y al jefe de la séptima región policial.

Además, informó que la muerte de Inti Sotelo viene siendo investigada como un homicidio, “pero si se prueba el ensañamiento contra Inti, ya estaríamos hablando de un asesinato”, acotó.

Vigilia por Jack Pintado e Inti Sotelo, jóvenes que murieron producto de la represión policial durante las manifestaciones. Foto: Jaime Mendoza/La República.

Heridos y secuestrados

Durante la conferencia, Luis Suárez Valle, dijo que su hermano Lucio, uno de los jóvenes heridos durante la protesta del sábado 14 de noviembre, le contó que la policía le disparó con la intención de matarlo.

“Mi hermano me indicó que le dispararon a matar porque el disparo le cayó en la parte superior del cuerpo”, dijo.

Lucio Suárez recibió impactos en la cabeza, tórax y hombro y, a la fecha, continúa hospitalizado debido a que mantiene un perdigón alojado en el cerebelo, contó su hermano Luis.

Otro de los jóvenes heridos fue Rubén Guevara, quien recibió impactos en la cara. “Cuando fui a la clínica me quisieron hacer firmar un documento donde aceptaba que me había autolesionado, pero no lo firme”, contó.

Guevara, que es padre de familia, ahora tiene un desprendimiento de retina. Solo exige justicia.  

De otro lado, la abogada Rocío Meza, contó que su patrocinado, Luis Fernando Araujo, fue secuestrado por el grupo terna, perteneciente a la policía, durante tres días.

“Lo tuvieron encerrado en una habitación, sin comida ni bebida e, incluso, burlándose, le hacían escuchar a su madre que salía en diversos medios de comunicación denunciando su desaparición”, señaló Meza.

Luis Araujo también fue detenido en la marcha del 14 de noviembre, pero recién ayer, martes 17, fue encontrado. Los agentes del grupo Terna, según contó, lo dejaron libre en la avenida Aviación.

Violaciones a los derechos humanos

Para Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la CNDDHH, todos estos actos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y tendrán que ser investigados de forma independiente.

Además, indicó que desde el año 2003 hasta la fecha, se han registrado al menos 200 muertes civiles a manos de agentes del Estado, las mismas que hasta hoy continúan impunes.

Por todo esto, indicó que en las próximas horas emitirán un pronunciamiento firmado por más de 100 organizaciones de la sociedad civil, exigiendo que el Estado asuma su responsabilidad y se generen cambios.

Dicho pronunciamiento, titulado “Verdad y justicia para la generación del Bicentenario”, exigirá que el Estado repare a los familiares de los fallecidos y asuma los gastos médicos de los heridos.

Asimismo, demandarán la desactivación del grupo Terna, la derogación de la Ley de protección policial 31012 y la reforma de la Constitución Política del Perú.

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