Por Lourdes García U.
Servindi, 17 de octubre, 2018.- La transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana asumen un rol central y determinante en la coyuntura ambiental del país, tal es el caso del Acuerdo de Escazú, firmado en el mes de setiembre.
En el Taller Nacional "Estándares interamericanos y legislación nacional en materia de acceso a la información ambiental en contextos de industrias extractivas", realizado el jueves 11 y viernes 12 de octubre, se dio a conocer a detalle las aplicaciones de información que permiten difundir temas de importancia nacional, especialmente en materia ambiental.
El taller fue organizado por la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), contando además con el apoyo de la Embajada de Suiza y Open Society Foundation.
Desde el siglo XX y principios del siglo XXI sabemos que los estándares interamericanos y el derecho al acceso a la información pública han empezado a tomar mayor fuerza; y en este conjunto también encontramos a los estándares ambientales, cada vez más importantes a nivel de Latinoamérica.
El Estado debe garantizar que el acceso a la información esté a disposición para cualquier persona
Acceso a la información
Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, dijo durante su intervención en el taller que "el Estado debe garantizar que el acceso a la información esté a disposición para cualquier persona".
Además que, "las audiencias públicas o consultas con población informada previamente son ejemplos de mecanismos para asegurar la participación".
Todo esto se consigue rompiendo las asimetrías entre el Estado y la ciudadanía, durante un proceso de rendición de cuentas, luchando de esa manera también contra la corrupción.
Por su parte, César Gamboa de DAR, se dirigió a los asistentes diciendo que "la accesibilidad a la información ayuda a romper mitos y a crear sostenibilidad en el país", ya que es el desarrollo de un mecanismo de transparencia.
Cabe resaltar que el Perú es uno de los primeros países en Latinoamérica que se unió a la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI).
Aspectos ambientales
Los aspectos ambientales, ahora son componentes del marco jurídico interamericano, desde la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la CIDH en el año 2000.
Por ello la información ambiental accesible en dispositivos virtuales, debe ser presentada con transparencia para toda la ciudadanía.
"El estado debe poner a disposición a la información, así como promover que la ciudadanía utilice los espacios de acceso y que estos sean útiles para evitar cualquier daño ambiental", comentó Lanza.
Todos estos son derechos de acceso a la información que deben ser exigidos y respetados, a excepción de casos en los que los datos sean sensibles o privados, por ejemplo con algunos datos personales.
El Estado debe promover que la ciudadanía utilice los espacios de acceso y que estos sean útiles para evitar cualquier daño ambiental
Ramiro Orias de DPLF, quien también participó del taller, agregó que en el Programa de Industrias extractivas y Derechos Humanos, se han elaborado estándares internacionales para proteger los derechos de pueblos indígenas, relacionados a la gestión de sus territorios.
Este programa es una herramienta esencial para lograr el derecho efectivo de pueblos indígenas al acceso a la información pública; y junto con éste, la creación de sinergias para lograr el cumplimiento y la efectividad de los estándares internacionales.
Finalmente, Lanza concluyó su participación diciendo que "los estados americanos deben publicar información relacionada al medio ambiente, como los Planes de Manejo Ambiental, abordando temas de cambio de uso de suelo, reforestación y servicios ecosistémicos".
Estos temas deben ser publicados de la manera más accesible según a la población a la que se quiera informar expresó.
"Hay casos en Latinoamérica donde los ciudadanos han demandado al Estado por incumplimiento con normativa ambiental, amparándose en los principios y obligaciones impuestas por el Derecho de Acceso a la Información (DAI)", concluyó el relator.
Acuerdo de Escazú
El Acuerdo de Escazú es una oportunidad para que la información que se maneja en los altos niveles pueda alimentarse de procesos locales y evitar de esa manera los conflictos socioambientales.
Dicho acuerdo es un instrumento internacional y vinculante regional de acceso a la información y participación, y además sirve como guía de políticas públicas nacionales.
Lies Linares, Jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio del Ambiente, recalcó el interés del MINAM para la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, mediante regulación y ajuste de estándares de acceso a la información ambiental.
Alan Farlie Reinoso del Parlamento Andino comentó que "es importante que las comunidades campesinas tengan acceso a la información para la toma de decisiones sobre su territorio. Además, fomenta la participación ciudadana".
El Estado tiene el rol de definir la aplicación de Acuerdo de Escazú en el Perú y potenciarlo, incluyendo a las poblaciones y manteniendo un transparente acceso a la información e incentivando su participación. Por esta razón es fundamental que se ratifique el Acuerdo de Escazú, ya que se ha cumplido con firmarlo.
Además se debe tener en cuenta que las barreras de información, como las geográficas, lingüísticas y culturales, son la principal causa de los conflictos socioambientales en el país, donde casi el 70 por ciento de los casos se da por alguna de estas barreras.
Con el Acuerdo de Escazú, se abre una ventana de oportunidad para los derechos humanos de las personas defensoras de tierras, territorios y un medio ambiente saludable
Asimismo, Marina Navarro de Amnistía Internacional, acotó que con el Acuerdo de Escazú, se abre una ventana de oportunidad para los derechos humanos de las personas defensoras de tierras, territorios y un medio ambiente saludable.
"Hay una política de criminalización a estos actores, la cual permite que haya desalojos forzados de las comunidades, apertura de expedientes judiciales infundados y estigmatización y difamación de las personas defensoras del ambiente. Todo esto en un ambiente de hostigamiento", exhortó.
"No hay medidas de protección para defensoras y defensores, lo que se traduce en que en América Latina y el Caribe se condense el 60 por ciento de asesinatos a los mismos", agregó Navarro.
"Los estados de emergencia se dan de manera preventiva cuando debería tomarse como medida extrema. Además, no hay una investigación eficiente por parte del Estado para evitar ataques mortales".
"Está pendiente la ratificación del Acuerdo de Escazú, pero aun así se debe avanzar con la implementación de mecanismos de acceso a la información", ultimó.
No hay participación visible de las mujeres y, en general, en los procesos de participación ciudadana el pueblo no es realmente escuchado
Desafíos para el Perú
El acceso a la información, la participación ciudadana y la consulta son procesos complejos. Si bien el país ha tenido avances en instituciones públicas y privadas, aún falta desarrollar los mecanismos de participación.
Desde la representación de ONAMIAP, Melania Canales, coincidió en que el Acuerdo de Escazú es una herramienta importante, pero que el Principio 10 —sobre el cual se basa el acuerdo y que prioriza derecho y acceso a la información— se encuentra muy debilitado en el país.
"Los procesos de consulta previa son asimétricos, ya que el Estado tiene toda la información técnica y oportuna, pero los pueblos indígenas no" dijo Melania.
"Además, hay una manipulación previa por parte de las empresas extractivas a la población, por lo que siempre se les habla de los beneficios del proyecto, pero no de las consecuencias", continuó.
"No hay participación visible de las mujeres y, en general, en los procesos de participación ciudadana el pueblo no es realmente escuchado. Son necesarios espacios de toma de decisiones efectivos", añadió.
"La criminalización no solo es hacia una persona en particular, sino hacia aquellos o aquellas que representan a pueblos indígenas en defensa de su territorio", sentenció Canales.
Para la justicia en asuntos ambientales, se necesita acceso a la información. Los pueblos indígenas tienen como prioridad su seguridad y soberanía alimentaria, su salud, procurar un ambiente sano, por eso defienden su territorio.
"Desde el Estado, no se sabe qué pasa realmente en las comunidades. Lo que pasa en la capital tampoco llega a sus lugares de residencia. Los medios de comunicación tienen un papel principal para solucionar estas brechas, pero muchas veces son amañados por empresas o el Estado", indicó.
"Los pueblos indígenas sí tienen su propia visión de desarrollo, pero no se le reconoce. Asimismo, se debe respetar su autonomía", agregó Melania Canales reinvindicando la incorporación de los enfoques de género e interculturalidad que se estipulan en el Acuerdo de Escazú.
Como cierre, Alicia Abanto; Adjunta al Defensor del Pueblo en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indífenas de la Defensoría del Pueblo, durante su intervención en el taller; expuso los principales desafíos para que los principios y normas del Acuerdo de Escazú se implementen en el país.
- El Estado debe producir más información necesaria en materia ambiental, y articular la ya existente.
- Modernización mediante soportes tecnológicos para una mejor gestión pública.
- Las instituciones públicas no tienen ningún orden o estructura clara en sus páginas web, específicamente en los repositorios de información.
- La metodología de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) debe pasar por una reestructuración, ya que tienen mucha información cuantitativa y no cualitativa.
- Los mecanismos informativos propuestos en el Acuerdo aún no son adaptados, democráticos ni accesibles.
- Debe haber una evaluación de mecanismos de participación. No hay indicadores de calidad del proceso informativo en cuanto calidad y accesibilidad.
Indicó que la participación ciudadana tenía dos enemigos principales para influir en la toma de decisiones: los intereses empresariales y los mecanismos de violencia para influir en decisiones de autoridad.
Sobre las consultas previas, mencionó que los acuerdos con Pueblos Indígenas estaban basados en cuestiones etéreas. Las observaciones que se hacen a los documentos no son necesariamente influencias y la participación no es siempre informada.
El Taller
Las organizaciones participantes e invitadas fueron: Minjus, Adjuntía para Asuntos Constitucionales, Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), Minem, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Amnistía Internacional, Organización Nacional de Mujeres Indígenas andinas y amazónicas del Perú (ONAMIAP), Servicios Educativos Rurales, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), PerúPetro, Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), Minagri, Autoridad Nacional del Agua, Mincul, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Asociación Nacional de Centros (ANC), Minam y Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).
Se convocó a representantes de sociedad civil, sector privado y sector público, principalmente. Se dividió a los participantes en dos grupos, procurando que en ambos hubiera representatividad de los sectores mencionados.
Se analizaron los procesos de acceso a la información en las tres fases principales de un proyecto de extractivismo: fase previa o de negociación, fase de exploración/explotación y fase de abandono y cierre del proyecto.
Sobre cada una de las fases, los integrantes dieron alcances que permitieran mejorar los mecanismos de transparencia e información, vinculándolos con principios o estándares del Acuerdo de Escazú.
El objetivo es poder incorporar estos aportes a las negociaciones del acuerdo. Las ideas de ambos grupos se compartieron en una plenaria al finalizar la jornada, con la cual se dio fin al taller y al evento.
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Con información de Gabriela Gonzales
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