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Conflictividad social se mantuvo alta al cierre de 2020

Servindi, 16 de enero, 2021.- Con 197 casos el índice de conflictividad social en el Perú se mantuvo alto al cierre del 2020, según el reporte anual que presentó la Defensoría del Pueblo.

El documento informa también sobre 183 acciones colectivas de protesta, el 18 por ciento de ellas estuvieron relacionadas a conflictos sociales.

El informe sugiere que el número de conflictos se habría estabilizado luego del repunte registrado en los meses anteriores, en particular en noviembre (ver gráfico siguiente) según una apreciación de la asociación CooperAcción.

Acceda al informe completo a través del siguiente enlace:

De los 197 conflictos registrados en diciembre 146 se consideran activos, evidenciándose la misma tendencia: un alza respecto a octubre, y una estabilización frente a noviembre.

En diciembre se incorporó un conflicto nuevo de tipo socioambiental que se refiere a la oposición al proyecto minero de exploración “Pukaqaqa Sur” de la empresa Nexa Resources, en Huancavelica.

Tanto autoridades locales y regionales manifiestan su oposición al proyecto por el temor a la afectación de los recursos hídricos, la conservación de los recursos naturales y la salud de la población.

De otro lado, la aparente estabilización del número de conflictos "podría ser coyuntural" considerando que el reporte identifica hasta 13 alertas tempranas.

Estas alertas incluyen casos que pueden reactivarse, así como casos en observación que podrían devenir en nuevos conflictos sociales, puntualiza CooperAccion que destaca entre las principales las siguientes.

– El caso de la comunidad de Huancuire (Apurímac) y la empresa MMG Las Bambas, donde la comunidad denuncia incumplimiento de los compromisos por parte de la empresa;

– El caso del distrito de Ascención (Huancavelica) en el que la población rechaza el proyecto de exploración “Pukaqaqa Sur” de la empresa Nexa Resources, por el temor a la afectación de los recursos hídricos;

– Las protestas en Ayacucho (provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara) en rechazo a la actividad minera;

– El caso de Cajabamba (Cajamarca) donde las rondas campesinas y otras organizaciones sociales rechazan la actividad minera de la empresa Shahuindo y de mineros informales;

– El conflicto relacionado con la deforestación en Tamshiyacu (Loreto);

– Las protestas en Puno y Tacna contra el proyecto hídrico Vilavilani II;

– El caso del distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán (Pasco) y la empresa minera Nexa Resources, donde existe una controversia por el uso de terrenos;

– El rechazo de la población del distrito de Tambogrande (Piura) ante el proyecto minero El Algarrobo.

¿Qué es el conflicto social?

De acuerdo a la propia definición de la Defensoría del Pueblo el conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia.

La complejidad de los conflictos está determinada por el número de actores que intervienen en ellos, la diversidad cultural, económica, social y política, las formas de violencia que se pueden presentar, o la debilidad institucional para atenderlos, entre otros elementos.

Conflictividad socioambiental

La conflictividad de tipo socioambiental es la que reúne la mayor proporción con 129 casos de conflictos, y que representan el 65.5 por ciento del total. 

Le sigue los conflictos de tipo comunal con 9.1 por ciento y los conflictos sobre asuntos de gobierno nacional (6.6 %) y regional (5.6%).

El 64.3 por ciento de los conflictos socioambientales son generados por la actividad minera, seguida de la actividad de hidrocarburos (17.8 por ciento).

En cuanto a la ubicación territorial de los conflictos, las regiones donde se encuentra la mayor cantidad de conflictos activos son Loreto (23), Cusco (22), Áncash (17), Apurímac (15), Puno (14), Piura (11) y Cajamarca (10).

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