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Lo que dijo la CVR sobre el conflicto armado interno

La población campesina fue el sector más afectado por la violencia interna. Foto: Vera Lenz/CVR

Tras más de dos décadas de concluida la época de violencia interna, es necesario recordar sus consecuencias, así como los irresueltos problemas de la sociedad peruana.

Servindi, 15 de setiembre, 2021.- “La tragedia que sufrieron las poblaciones del Perú rural andino, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país”.

Esta fue una de las conclusiones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sobre la violencia interna, episodio que reveló “brechas y desencuentros profundos” en la sociedad peruana.

El conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 “constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República”.

Atentados y asesinatos del terrorismo del PCP - SL. Foto: Congreso de la República

Desmedida violencia

La violencia, que inició en 1980 con la quema de ánforas en Chuschi, impactó de forma desigual en los diferentes espacios geográficos y estratos sociales, siendo la población de Ayacucho la más afectada.

La CVR estimó que los años del conflicto causaron la muerte o desaparición de 69 mil 259 personas.

El 79% las víctimas vivían en zonas rurales y eran, principalmente, campesinos. Además, el 75% tenía el quechua u otra lengua nativa como idioma materno.

El PCP-SL fue responsable del 54% de estas muertes, producto de la violencia terrorista que desplegaron en la puesta en práctica de su proyecto fundamentalista y totalitario.

Los agentes del Estado, los comités de autodefensa y los grupos paramilitares fueron causantes de 37%. Mientras que el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) fue responsable del 1.5%.

Fuente: CVR
Fuente: CVR
Fuente: CVR

Crímenes senderistas

Como indica la CVR, hay manifestaciones del racismo de Sendero Luminoso hacia la población campesina e indígena, a la que consideraba como “masa que debía someterse a la voluntad del partido”.

En su búsqueda por destruir el “viejo Estado”, Sendero asesinó a autoridades locales y nacionales, además de dirigentes comunales, campesinos, sindicales o de organizaciones de mujeres.

Con proclamas que llamaban a pagar una “cuota de sangre”, el PCP-SL incurrió en asesinatos selectivos, paros armados, masacres, arrasamientos de comunidades y el empleo de otros métodos terroristas como el uso de coches-bomba.

“El PCP-SL negaba que los individuos tuvieran realmente derechos por el hecho de ser seres humanos y afirmaba que toda consideración humanitaria debía ceder ante la exigencia de tomar el poder” (Hatun Willakuy, p. 39).

En medio de un país con inmensas carencias, el culto a la personalidad de Abimael Guzmán y el fanatismo del “pensamiento Gonzalo” hizo que miles de jóvenes dieran sus vidas por una agrupación que menospreciaba a sus propios militantes.

Fuente: CVR
Fuente: CVR

Violencia estatal

A pesar de que la violencia durante este periodo fue iniciada por el PCP-SL, la reacción de las fuerzas estatales también fue desproporcionada, vulnerando los derechos de inocentes en múltiples ocasiones.

En medio de una condición de precariedad, sin la debida preparación y sin un verdadero apoyo gubernamental, las fuerzas del orden enfrentaron la violencia de los grupos subversivos.

“Los agentes del Estado sustituyeron su falta de conocimiento por la definición de una población genérica como el presunto enemigo: los ayacuchanos, los quechuahablantes, los estudiantes universitarios, los dirigentes de izquierda” (p.44).

Entre 1983 y 1984, años en que se le delegó a las Fuerzas Armadas el combate contra la subversión, se registró un mayor número de casos de ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada, torturas y violencia sexual.

Casos que, en vez de actos individuales o de tropa, constituyeron “prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones a los derechos humanos”.

Tiempo después, hacia los últimos años de la lucha contrasubversiva, las detenciones arbitrarias se constituyeron como la práctica más común.

Por otro lado, la aparición de comités de autodefensa o grupos paramilitares también contribuyó a que se registren un mayor número de violaciones de derechos humanos.

Los gobiernos

En relación a las fuerzas políticas, la CVR reconoció a las víctimas del Acción Popular y el Partido Aprista durante la época de violencia interna, muchas de las cuales cumplían funciones de autoridades locales.

Y, asimismo, teniendo en cuanta las fallas estructurales del Estado, la CVR también señaló la responsabilidad de los gobiernos de esos años (Belaunde, García y Fujimori), así como la de los partidos con representación parlamentaria y gobiernos locales.

Durante 1983 y 1984, en el gobierno de Fernando Belaunde, se produjo la mayor cantidad de muertes de todo el conflicto, responsabilidad compartida entre las acciones del PCP-SL y las fuerzas estatales.

Las 19 mil 468 víctimas de este periodo (28% del total del conflicto), “pasaron casi inadvertidas para el resto del país, debido a las graves fracturas étnicas de nuestra sociedad”, señaló la CVR.

El informe indicó responsabilidad del gobierno de Alan García en actos como ‘la masacre de los penales’ y denunció la presencia de grupos paramilitares como el ‘Comando Rodrigo Franco’.

Sobre el gobierno de Alberto Fujimori, se advirtió el control del gobierno sobre las fuerzas militares, mediante el vínculo de Vladimiro Montesinos; además de los indicios, hasta aquel momento, de la responsabilidad en los delitos cometidos por el ‘Grupo Colina’.

Así, la CVR sostuvo que “en los últimos años del gobierno de Fujimori, el conflicto armado interno fue manipulado con la finalidad de hacer que el régimen permaneciera en el poder”.

El rol de la izquierda

Aunque la CVR también recordó las pérdidas que tuvo la izquierda (víctimas de PCP-SL y las fuerzas armadas), apuntó la responsabilidad de sus grupos políticos por un “insuficiente y tardío” deslinde con las acciones del PCP-SL y el MRTA.

Además, señala el tratamiento diferenciado que se le dio, desde estos grupos, a las denuncias de crímenes cometidos por las organizaciones terroristas frente a las cometidas por el Estado.

De igual forma, el sectarismo de la izquierda peruana, que se evidenciaba en sus divisiones, señala la CVR, favoreció al avance de los grupos subversivos.

No obstante, la CVR resalta el papel de la Izquierda Unida (IU) en la denuncia de violaciones a los derechos humanos y la clara condena que realizó respecto a las acciones y pensamiento del PCP-SL y el MRTA..

Secuelas y reconciliación

La CVR reconoció el profundo y dañino impacto que tuvo el conflicto armado interno en la sociedad peruana: la descomposición moral, así como la acentuación de los problemas de desigualdad, de racismo, de pobreza y de falta de oportunidades.

Por ello, sostuvo que el primer paso para superar estas secuelas era “que el país conozca en toda su magnitud las dimensiones del horror vivido entre 1980 y 2000”.

Además, mencionó la importancia de reparaciones, dando una atención preferente a personas campesinas, indígenas y pobres quienes fueron las principales víctimas del conflicto y, además, además de ser históricamente excluidas del Estado.

Finalmente, señaló la necesidad de la reconciliación como un pacto entre el Estado y la sociedad peruana en su conjunto, para la construcción de un país “multiétnico, pluricultural y multilingüe”.

El exhaustivo trabajo presentado en el Informe final de la CVR evidencia que este es un documento necesario para comprender la historia reciente del país y señala, a su vez, la necesidad de resolver los problemas que aún mantenemos como nación.

Hatun willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

 

 

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Foto: Vera Lenz/CVR

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