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¿Quién le teme al tratado ambiental de la Cepal? (Escazú)

Foto: Musuk Nolte / Goldman Environmental Prize

¿Por qué un acuerdo que busca garantizar el acceso a la información, participación y justicia ambiental en América Latina y el Caribe, ha merecido una campaña intensa de desinformación en el Perú? Quienes se oponen, dicen que el país no necesita de este acuerdo porque ya cuenta con una regulación interna que vela por estos derechos. El último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales evidencia la poca efectividad de esta regulación: más del 70% de los 138 conflictos sociales activos registrados a mayo de este año, están relacionados a problemas socioambientales.

Por Renzo Anselmo

Servindi, 16 de julio, 2020.- En noviembre del año pasado, los pobladores, autoridades locales y rondas campesinas del Valle de Llaucano, en Cajamarca, protestaron en contra de una resolución que autorizaba a la minera Yanacocha a realizar estudios de agua subterránea que ponían en riesgo el recurso hídrico de la zona.

Según los dirigentes, el rechazo de la población sobre estas actividades ya había sido expresada mediante un documento enviado a la Autoridad Nacional del Agua (ANA); sin embargo, hasta ese momento, no habían sido escuchados.

Este caso es uno de los 98 conflictos socioambientales activos que registró la Defensoría del Pueblo en su último reporte de mayo. Los conflictos de este tipo, indican, representan el 71% del total de conflictos sociales activos reportados (138) y, en su mayoría, están relacionados a la actividad minera.

ACTIVOS. De los 138 conflictos sociales activos registrados durante mayo, el 71% (98 casos) corresponde a conflictos del tipo socioambiental.

La adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Alicia Abanto, considera que en un país como el Perú que registra una tendencia alta en índices de conflictividad socioambiental, es necesario fortalecer el derecho a la participación ciudadana en estos temas.

En ese sentido, señaló que el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca fortalecer entre otros, el derecho a la participación en la toma de decisiones en asuntos ambientales, es la oportunidad que el Perú tiene para mejorar su cultura de diálogo y, de esa manera, evitar que continúen desatándose más conflictos.

«El Acuerdo de Escazú tiene el potencial de ayudar a prevenir conflictos sociales en la medida que, entre sus objetivos, está la mejora y el fortalecimiento de los procesos y mecanismos vinculados a la participación ciudadana», señaló Abanto a Servindi.

El problema es que, para que entre en vigencia, el acuerdo firmado por 22 países de América Latina y el Caribe, necesita ser ratificado por al menos 11. Hasta el momento, 9 países lo han hecho.

En el Perú, estando a dos meses de vencerse el plazo para la ratificación del acuerdo, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso puso en agenda, el 6 de julio, el proyecto de ley que busca su ratificación y, de inmediato, surgieron las voces de algunos sectores que intentan traerse abajo el acuerdo con argumentos alarmistas y falsos.

A FAVOR. La adjunta de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, sostiene que el Acuerdo de Escazú será un motor que fortalecerá los mecanismos tradicionales de acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia en materia ambiental.

Tratado ambiental

El Acuerdo de Escazú, un tratado ambiental elaborado por los países de América Latina y el Caribe, entre ellos Perú, desarrolla una serie de principios que buscan garantizar la implementación plena y efectiva de tres derechos fundamentales en materia ambiental: acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia.

A diferencia del derecho a la consulta previa, que reconoce el diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado para llegar a acuerdos sobre decisiones que puedan afectar sus derechos, el Acuerdo de Escazú establece que todo ciudadano debe tener la posibilidad de acceder a los tres derechos fundamentales mencionados.

El acuerdo, aprobado en marzo del 2018 y firmado por el Perú en setiembre de ese año, también es el primero en incluir disposiciones a nivel regional para la protección de los defensores ambientales.

Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), desde el 2013 hasta este año se han registrado 18 asesinatos de defensores ambientales en el Perú.

«Si bien en los últimos tres años el Perú ha desarrollado instrumentos normativos enfocados en la protección de los defensores de derechos humanos, existe aún la necesidad de fortalecerlos para que sean mejorados y ejecutados de forma efectiva y oportuna», señala en un reciente artículo Katherine Sánchez, abogada del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Sánchez asegura que la ratificación del Acuerdo de Escazú es una oportunidad para alinear las políticas y normativas peruanas en materia de los defensores ambientales con los estándares internacionales, y mejorarlas, con el fin de salvaguardar el derecho a la defensa del medio ambiente.

PROTECCIÓN. El Acuerdo de Escazú es el primero en incluir disposiciones a nivel regional para la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales / Foto: Diego Pérez - SPDA

Desinformación

Quienes se oponen a este tratado ambiental, han emitido principalmente opiniones y hasta un titular asegurando que ratificar el Acuerdo de Escazú implicaría entregar la soberanía de la Amazonía peruana y el 53% del territorio nacional.

Al respecto, el exviceministro de Gestión Ambiental y docente de Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Mariano Castro, ha sido tajante al advertir que esta afirmación es falsa.

«El Acuerdo de Escazú no se refiere a la Amazonía ni cede ninguna parte del territorio nacional», aclaró enfáticamente Castro en un artículo publicado recientemente.

Por el contrario, sostuvo que este acuerdo será aplicado incluso en países «que no forman parte del bioma amazónico» y que uno de los principios que guiarán su implementación será el «principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales».

En esa línea también se pronunció la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI), presidida por el excanciller Oscar Maúrtua de Romaña.

La SPDI asegura que, «contrariamente a lo que algunos sostienen», este acuerdo fortalecería la soberanía del Estado peruano «al arraigar esa prerrogativa de modo más sustantivo en la voluntad popular informada a través de procedimientos democráticos».

DESMIENTE. El exviceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, afirmó que es falso que con la ratificación del Acuerdo de Escazú se vaya a perder la soberanía de la Amazonía peruana, como vienen predicando algunos sectores alarmistas. 

Sector minero en contra

Por su parte, Wayka reveló que la Sociedad Nacional de Minería y la Asociación Multisectorial Interdisciplinaria del Perú (AMIP) han enviado cartas al Congreso de la República expresando su oposición al Acuerdo de Escazú.

De acuerdo a la AMIP, la ratificación del tratado ambiental vulneraría «el desarrollo productivo de los pueblos y comunidades que involucran a cientos de miles de pobladores pobres». En otras palabras, aducen una posible afectación a las inversiones.

Sin embargo, la repentina preocupación del sector minero no se condice con el último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. En él se aprecia que más del 60% de los conflictos socioambientales activos reportados a mayo de este año, están relacionados a la actividad minera.

Esta situación también ha sido abordada recientemente por la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, quien señaló que el Acuerdo de Escazú «no está yendo en contra de las inversiones» y que, por el contrario, «mientras más transparencia, más información tenga la población, se pueden prevenir los conflictos».

CONFLICTOS. De los 128 conflictos socioambientales activos y latentes registrados durante este mes, el 64.1% (82 casos) corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera.

En manos del Congreso

El proyecto de ley que propone la ratificación del Acuerdo de Escazú aún no ha sido debatido en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República que preside el parlamentario de Fuerza Popular, Gilmer Trujillo.

No obstante, la actual legisladora Martha Chávez, una de las fujimoristas más antiguas, hizo público su rechazo al acuerdo al señalar mediante su cuenta de Twitter que este intentaría «desconocer la soberanía de los países y de sus pueblos sobre sus territorios y los recursos naturales que ellos contienen».

DECISIÓN. La Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el fujimorista Gilmer Trujillo debe aprobar el Acuerdo de Escazú para que sea debatido en el Pleno.

En tanto, algunos excongresistas de Fuerza Popular también han mostrado una postura similar.

Es el caso de Luz Salgado, quien señaló que ratificar el Acuerdo de Escazú «es entregar la patria y darle inmunidad a todos los funcionarios extranjeros que vengan al país».

A ella se suman Sergio Tapia y Rosa María Bartra, quienes firmaron un pronunciamiento en contra del Acuerdo de Escazú difundido por la Coordinadora Republicana, una organización que tiene entre sus principales rostros visibles al exabogado del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, Ángel Delgado; y al exministro de Defensa del gobierno aprista, Ántero Flores-Aráoz.  

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Comentarios

Desde Ecuador, como Frente de Defensa de la Amazonía quisieramos apoyar los esfuerzos que se estan realizando para lograr la aprobacion del Acuerdo de Escazú. Si hubiera alguna iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil a la que podriamos sumarnos haganos saber por favor a este correo electronico: [email protected]

Gracias

Luis Yanza

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