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Convocan paro de 72 horas en la región Pasco

Foto: Prensa comunidades.

Servindi, 14 de septiembre 2016.- Desde este 14 de septiembre la comunidad San Juan de Yanacocha ubicada en Yanahuanca región Pasco, acatará un paro de 72 horas. Exigen reconocimiento de sus derechos territoriales y beneficios vulnerados por más de 50 años.

A estos reclamos tendrá que responder la minera Buenaventura S.A.A. Hasta el momento los funcionarios de la minera lo que simplemente hacen es burlarse de sus pobladores, según señala este llamado.

En seguida la convocatoria comunal:

Comunidad Campesina San Juan de Yanacocha, provincia Daniel Alcides Carrión, Distrito Yanahuanca, región Pasco, convoca a un paro de 72 horas contra compañía minera Buenaventura S.A.A.

El paro de 72 horas lo acatará la comunidad campesina de San Juan de Yanacocha desde este 14 de septiembre, frente a la compañía de minas Buenaventura S.A.A.

Con esta acción se suman las protestas de los pobladores de San Juan de Yanacocha que exigen a la empresa el reconocimiento de sus derechos vulnerados por más de cinco décadas.

Foto: Prensa Comunidades.

La comunidad señala que este tiempo Buenaventura viene desarrollando dentro de su territorio actividades de explotación minera a través de la Unidad de Producción Uchucchahua, cuyas operaciones vienen afectando sus territorios.

Entre las principales afectaciones se cuentan la desaparición de bofedales y ojos de agua en la zona de Cachipampa, además de las extensas áreas de pastizales, producto del paso de vehículos pesados que transitan por el lugar.

Asimismo, afirman que las operaciones de la unidad de producción se desarrollan sin que a la fecha se cuente con un convenio marco de acuerdo entre la comunidad de San Juan de Yanacocha y la Compañía de Minas Buenaventura.

En el último año la comunidad ha intentado que esta problemática sea atendida a través de la vía del diálogo, sin embargo, Buenaventura a través de sus funcionarios y sus representantes lo único que ha hecho es burlarse de la comunidad y desconocer sus obligaciones, todo esto ante el silencio y la inoperancia de las autoridades de la anterior gestión gubernamental, lo que permite que la empresa continúe operando con total impunidad.

Frente a esta situación la comunidad espera que el Estado, a quien han informado nuevamente de esta situación, asuma su papel de garante de la empresa y promueva la creación de un espacio de diálogo real donde se atienda verdaderamente sus demandas. También que la empresa reconozca sus derechos y asuma sus responsabilidades. Por ello plantean cuatro puntos que deben ser tratados en un nuevo espacio de diálogo.

1. Respeto y reconocimiento de nuestros derechos por parte de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., la misma que viene operando dentro de nuestros territorios sin la debida licencia social.

A la fecha no existe ningún convenio marco entre la empresa y la comunidad para el desarrollo de sus operaciones dentro de nuestras tierras. Dicho convenio debe reconocer nuestros derechos de acuerdo a lo establecido en el convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre Pueblos Indígenas y el marco normativo vigente en nuestro país.

2. Elaboración de un inventario de los pasivos ambientales generados por las operaciones mineras. Han trascurrido más de 60 años de explotación dentro de nuestros territorios, lo que ha generado una serie de impactos, especialmente en las fuentes de agua destinadas al uso de nuestras actividades pecuarias y el propio consumo humano, lo que en los próximos años podría conducirnos a una irreversible crisis hídrica por la falta de ese recurso.

3. Establecer una servidumbre minera por el uso de nuestras tierras para las operaciones mineras. Son más de seis décadas de explotación minera dentro de San Juan de Ynacocha, sin embargo, a la fecha la comunidad no ha recibido ninguna compensación, que consideramos justa, por el uso de sus tierras.

4. Participación en los beneficios en la actividad minera desarrollada en sus territorios. A la fecha son 60 años de explotación minera y se calcula que las operaciones se extenderán otros 30 años más. Nuestra comunidad no se opone al desarrollo de las actividades extractivas dentro de sus territorios, pero consideramos que es justo exigir que se nos haga partícipes de los beneficios de ellas. No puede ser posible que mientras nuestras tierras, fuentes de agua y pastizales son destruidas en nombre del desarrollo, nuestra comunidad viva sumida en el olvido.

Directiva de la Comunidad / Foto: Prensa Comunidades.

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