Servicios en comunicación Intercultural

Poder minero opera a través de mecanismos institucionales

Panel de investigadores. Ruth Preciado tomando la palabra. Imagen: CooperAcción.

A partir de esta premisa el informe “Gobernanza del agua en zonas mineras de Perú: Abriendo el diálogo” revela las graves debilidades institucionales que impiden una buena gestión del agua. Investigadores señalan que actualmente se desconoce el impacto de la actividad minera en los recursos hídricos. Falta de información y transparencia, débil gestíón estatal y estudios de impacto direccionados serían factores determinantes.

Por Patricia Saavedra

Servindi, 12 de octubre, 2016.- Este martes se presentó el informe “Gobernanza del agua en zonas mineras de Perú: Abriendo el diálogo”, de las investigadoras Ruth Preciado y Carmen Álvarez, el cual revela cómo el poder minero en el Perú, a través de mecanismos de institucionalidad, se adjudica el uso del agua.

Según explicaron, ello genera una distribución poco equitativa que favorece a las empresas mineras en perjuicio de la población. Como consecuencia más visible, solo entre el periodo del 2011 al 2014 se generaron 153 conflictos socio ambientales relacionados al agua, conforme a datos de la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, la minería sostiene que solo emplea el uno por ciento  del agua a nivel nacional. Dicha versión se sustentó en un cálculo que data del año 1979 –hace casi 40 años-, el cual fue publicado en aquél entonces por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Hídricos (ONERH).

Siete problemas de la gestión del agua en el Perú

Ante ello, la investigación ha identificado siete problemas, siendo los factores que contribuyen a esta situación:

Falta de información. A la fecha se desconocen los impactos de la minería en la cantidad, calidad y disponibilidad de los recursos hídricos en el país. No existen registros sobre la totalidad de lagunas, manantiales y puquios, lo que no permite determinar si han sido  afectados por la empresa minera, salvo a través de denuncias de la población de las zonas de explotación.

Hasta el 2014 se manejaba información con más de 20 años de antigüedad y recién en 2015 se ha iniciado una evaluación de los recursos hídricos de cada cuenca.

Cuestionamiento a las mineras por uso del agua. A pesar que el derecho al uso del agua (DUA) según la ley de Recursos Hídricos requiere ser concedido por la Autoridad Administrativa del Agua, con participación de los Consejos de Cuenca, las Juntas de Usuarios de Agua no son consultadas ni informadas.

Tampoco se cuenta con estudios que analicen la relación entre agua superficial, subterránea, calidad y cantidad; ni con un análisis de la repercusión de la entrega de los DUA en terceras personas.

Asimismo, existen actividades mineras no contempladas en los DUA y que impactan en la dinámica del agua. La mayoría de las comunidades campesinas no cuentan con un DUA reconocido de manera oficial.

Poca transparencia. Tanto la Autoridad Nacional del Agua  (ANA) como sus otros órganos desconcentrados dilatan las solicitudes de acceso a la información pública, como también la deniegan u omiten, según señala este estudio.

Tampoco existe a la fecha información pública actualizada sobre los DUA entregados a la minería, habiendo dificultad para acceder a documentos como resoluciones o expedientes técnicos de las empresas mineras.

Fiscalización débil. Los organismos estatales que velan por la protección ambiental se han visto debilitados al retirársele una serie de competencias en el marco del paquete normativo conocido como "paquetazo ambiental". Tal es el caso del Organismo de  Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), desde la aprobación de la Ley N° 30230. 

“¿Qué indicadores van a ser fiscalizados? Aquellos que el EIA ha determinado”, sostuvo la investigadora y coautora del informe, Ruth Preciado.

De otro lado José de Echave, investigador de CooperAcción, agregó que existe una multiplicidad de organismos estatales que monitorean desordenadamente y gestionan el agua.

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “direccionado”. Estos son realizados por empresas consultoras transnacionales financiadas por las mineras. Si bien están registradas en el Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (SENACE) ¿cómo realiza el Estado el contraste de los EIA si no cuenta con información actualizada  o, peor aún, no cuenta con información?

"En los EIA hay una contienda de poder", sostuvo Patricia Urteaga, investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) especialista en gestión del agua e industrias extractivas. 

De otro lado, los EIA –amplios y complejos- deben analizarse y resolverse en reducidos tiempos, situación agravada por el conjunto normativo conocido como “paquetazo ambiental”, que redujo el plazo de 120 días a 83 para el sector energía y minas.

Quedan fuera de los EIA aspectos como las valoraciones sociales, culturales o ambientales, primando un criterio meramente técnico para abordar la problemática de los recursos y los conflictos.

“Estamos moldeando la realidad, y parece que lo que no figura en el EIA no existe”, comentó Patricia Urteaga.

Contaminación no es contemplada en EIA. Existe un peligro de drenaje ácido en las rocas como consecuencia de la minería, lo cual podría contaminar una cuenca por 400 años o más, aspecto no contemplado en muchos EIA. Asimismo, de ocurrir esto, ¿Quién asumiría la reparación y responsabilidad por los impactos agrícolas, en los ecosistemas y los recursos hídricos?

Incumplimiento de marcos normativos. Como la Política de Estado N° 33 de Recursos Hídricos del Acuerdo Nacional (2002) que establece contar con sistemas de gobernabilidad del agua, formalización y recuperación de la calidad del agua, y que no puede ser monitoreada. 

Tampoco se cuenta con una intervención del Estado que dé prioridad a los DUA. Los espacios de diálogo e instrumentos de planificación no enfrentan la problemática de los DUA en cuencas con actividad minera.

Casos Yanacocha y Glencore Xstrata

En el documento también se puede encontrar el análisis de dos casos: La zona minera de la Cuenca de Río Grande, en Cajamarca, y Espinar, en Cusco. En ambos casos se produjo escasez y reducción de la calidad del agua por la minería.

De otro lado, tanto las investigadoras como los ponentes invitados, remarcaron que hay una ausencia del tema del agua en el debate público y político, reduciéndolo solo a saneamiento. Asimismo, advirtieron la prevalencia de un enfoque técnico en la gestión del agua, mas no es visto como un derecho humano.

La presentación del informe fue organizada por CooperAcción, con el apoyo del Natural Resource Governance Institute - NRGI.

Datos

- El Perú cuenta con 159 cuencas hidrográficas.

- Según el ANA, el 70 por ciento de usuarios de agua de zonas rurales son informales.

Valoración: 
0
Sin votos (todavía)

Añadir nuevo comentario