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Inician litigio contra licencia de agua a favor de minera sin consulta previa

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Servindi, 14 de julio, 2019.- Una demanda constitucional de amparo contra la Autoridad Nacional del Agua (ANA) presentó una comunidad campesina de Apurímac por entregar una licencia de agua sobre manantiales sin ninguna consulta previa.

La demanda se presentó el 11 de julio por la Comunidad Campesina Quishque Choccemarca ante el Juzgado Mixto de Ayamaraes.

Denuncia la "sistemática omisión" de consultar licencias de uso de agua con fines mineros a favor de la empresa minera Southern Peru Copper Corporation, en el territorio de la comunidad campesina.

La comunidad solicita que se declare la nulidad de los actos administrativos no consultados y ordenar a la ANA realizar un proceso de consulta previa a la comunidad a fin de obtener su consentimiento para el uso del agua en favor del proyecto minero Chankas.

También solicitan que se ordene al Ministerio de Agricutlura y Riego (MINAGRI) desarrollar la normatica para que todos los permisos de agua que afecten a los pueblos indígenas pasen por un proceso previo de consulta previa.

A continuación reproducimos una nota informativa del abogado Juan Carlos Ruiz Molleda sobre el caso:

Litigio constitucional en defensa del agua

Por Juan Carlos Ruiz Molleda*

14 de julio, 2019.- La comunidad campesina Quishque Choccemarca de Apurimac presenta demanda de amparo contra Autoridad Nacional del Agua, por entregar licencia de agua sobre manantiales en sus territorios a la minera Souhtern Cooper, sin previa consulta con la comunidad.

El día 11 de julio del año 2019, la comunidad campesina Quishque Choccemarca presentó en el Juzgado Mixto de Ayamaraes, una demanda de amparo contra la Autoridad de la Administrativa Local del Agua Medio Apurímac - Pachachaca y contra la Autoridad Nacional del Agua, por la sistemática omisión de consultar licencias de uso de agua con fines mineros a la empresa minera Southern Peru Copper Corporation, Sucursal del Perú, en el territorio de la comunidad campesina mencionada, en clara violación del derecho de rango constitucional a la consulta previa, y otros derechos conexos, entre los que destaca, los derechos a los recursos naturales, a la libre determinación, a la identidad cultural y religiosa, a la autodeterminación, al propio modelo de desarrollo, etc., todos ellos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT.

La presente demanda está dirigida contra el Ministerio de Agricultura y Riego, la Autoridad Nacional del Agua, la Oficina de la Autoridad Administrativa del Agua XI Pampas Apurímac, la Oficina de la Administración Local de Agua Medio Apurímac Pachachaca ALA-MAP y la Empresa minera Southern Peru Copper Corporation, Sucursal del Perú.

Los que se cuestiona con esta esta demanda es la omisión de Consulta Previa con la comunidad campesina Quishque Choccemarca, de las resoluciones administrativas No 096-2002-DRA-AP/ATDR-AB y No 095-2002-DRA-AP/ATDR-AB, emitida por la Administración Técnica del Distrito de Riego de Abancay, que otorga licencia de uso de agua con fines mineros a la empresa minera Southern Peru Copper Corporation, Sucursal del Perú, de las aguas manantiales; Senejapuquio, Ñoñoyani, Mujinipuquio y Pajaripata.

Esta omisión de consulta previa de las licencias de agua afecta el derecho a la consulta previa, libre e informada, reconocido en el artículo 6 y 15.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; afecta el del derecho al territorio y a la propiedad comunal, reconocido en el artículo 88 de la Constitución y los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT, afecta el derecho a la autonomía, reconocido en el artículo 89° de la Constitución, y el derecho a la autodeterminación; afecta el derecho al uso y disfrute de los recursos naturales que garantizan su subsistencia, reconocido en el artículo 15.1 y 23.1 del Convenio 169 de la OIT.

El petitorio de la demanda es que se declare la nulidad de los actos administrativos no consultados en aplicación del artículo 55.2 del Código Procesal Constitucional. En caso que vuelva a expedir los actos administrativos anulados, ordenar a la Autoridad Nacional de Agua realice un proceso de consulta previa, libre e informada, a los comuneros miembros de la comunidad Quishque Choccemarca, afectadas, a fin de obtener su consentimiento y autorización para el uso del agua en favor del proyecto minero Chankas.

Asimismo, se solicita se ordene al MINAGRI, desarrolle normativa y reglamentariamente el derecho de las comunidades campesinas a la consulta previa de las decisiones de ANA y MINAGRI y se ordene al MINAGRI y a Autoridad Nacional del Agua consulten en adelante todas los permisos de agua que afecten a los pueblos indígenas.

Imposible no recordar a Mourik Bueno Mesquita con quien hablábamos de esta demandas en sus inicios.

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*Juan Carlos Ruiz Molleda es es abogado de la PUCP, con especialización en derecho constitucional y Coordinador del Área de Pueblos Indígenas del IDL.

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Fuente: Publicado el día 11 de julio en la cuenta de Facebook de Juan Carlos Ruis Molleda: https://www.facebook.com/juancarlos.ruizmolleda/posts/1253622604812370?comment_id=1253627604811870&notif_id=1562882340141379&notif_t=comment_mention 
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El artículo 35 del Convenio 169 (C-169) reza: "La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales." Debido a esto, el anticuado C-169 requiere una actualización a través del completo cuerpo de derecho de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) . Donde la CADH y su jurisprudence protegen más ampliamente a los derechos humanos indígenas corresponde obligatoriamente preferir la protección más garantista. Los tratados jurídicamente vigentes en Perú y a través América, el PIDCP y el PIDESC en sus artículos 5 respectivos también exigen la aplicación del derecho humano Pro Homine, Pro Persona. Las autoridades controlantes de todos estos instrumentos apoyan el Consentimiento Territorial indígena obligatorio, y la Corte Interamericana ha hasta reglamentado el Consentimiento. Toca usar las normas modernas que han reconocido que el Consentimiento es indispensable para salvaguardar la misma "supervivencia" indígena. Estas normas requieren una aplicación sistemática y comprensiva. No hay justificación jurídica ni en derechos humanos para no aplicarlas. La gente creen que el C-169 es la última palabra. Pues esto manifiesto error jurídico permite la pérdida y destrucción de territorios. Sin embargo, felicitaciones por el amparo.

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