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Brasil: Políticas indigenistas de Jair Bolsonaro serían inconstitucionales

Procuraduría de Brasil declara inconstitucionales las decisiones del presidente brasileño que afectan los derechos e intereses de la población indígena. Esta entidad critica específicamente la degradación de la Fundación Nacional del Indio (Fundai) y el traslado del Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de Agricultura.

Por José Díaz

Servindi, 13 de marzo, 2019.-  En los últimos meses las políticas de hostigamiento de la administración de Jair Bolsonaro contra la población indígena de Brasil ha empeorado. Un reciente reporte del Ministerio Público de Brasil ha declarado inconstitucionales que las políticas de Bolsonaro contra las comunidades indígenas. Esta entidad se refiere específicamente a la decisión de trasladar el Ministerio de Justicia al de Agricultura.

“La política indigenista instituida por tales decretos viola el estatuto constitucional indígena y el derecho de los pueblos a ser consultados previamente sobre cualquier medida que los afecte, como está previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, señala el documento.

La Procuraduría de Brasil critica que el traslado del sector Justicia hacia el Ministerio de Agricultura afectará los derechos de las comunidades indígenas. El sector Agricultura se caracterizado en las últimas décadas por defender los derechos de los propietarios rurales y afectar la territorialidad de las reservas indígenas.

Otra decisión de Jair Bolsonaro cuestionada por la Procuraduría de Brasil fue la degradación de la Fundación Nacional del Indio (Funai) del Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de la Mujer, convirtiendo a esta agencia en una entidad sin poder de decisión. Según el reporte judicial, esto deja a los pueblos indígenas brasileños en situación de vulnerabilidad legal.

Guerra contra los indígenas

El documento de la Procuraduría fue enviado la semana pasada al Congreso Nacional de Brasil donde actualmente están debatiendo los alcances de las decisiones de Jair Bolsonaro. Según ha expresado la procuradora general Raquel Dodge, si se confirma el carácter inconstitucional de las decisiones del presidente brasileño estas podrían ser vetadas.

El principal argumento de la Procuraduría es que desde el 2002 Brasil firmó y ratificó el Convenio 169 de la OIT, el cual tiene carácter constitucional. Debido a esto el Gobierno Federal de Brasil está obligado a realizar una consulta previa antes de cada decisión que afecte los derechos e intereses de la población indígena.

El pedido de la Procuraduría no solo ha sido ingresado a parlamento brasileño sino también a la Corte Suprema de Brasil. La decisión final sobre estas políticas de Bolsonaro será importante porque podría definir el futuro de varios proyectos mineros que el presidente brasileño quiere promover al interior de territorios indígenas.

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