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Rechazan desalojos de indígenas shuar en Tundayme

Shuar Rosario Wari

Por Jean Chicana

Servindi, 12 de febrero, 2016.- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) rechazó el desalojo de Rosario Wari Ampush, una anciana de 107 años de edad, de la etnia indígena Shuar, que residía en la parroquia Tundayme del cantón El Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe.

Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, afirmó que este desalojo forzado ocurrido el 4 de febrero se debió a la presencia de la empresa china Ecuacorriente S.A. (ECSA) que promueve en la zona el proyecto minero Mirador.

Luis Sánchez, presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), expuso que la señora Wari fue llevada a la casa de sus familiares en El Pangui por miembros de la Policía y personal de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), la empresa ECSA y el Ministerio de Inclusión.

“Fue sacada a la fuerza... (ahora) vive una crisis emocional y sentimental por salir de su tierra por primera vez luego de vivir ahí por más de 90 años”, declaró Sánchez para el diario El Comercio.

Asimismo, Sánchez explicó que se trata del tercer desalojo que ejecuta la compañía bajo la venia del Estado, ya que el 30 de setiembre de 2015 fueron removidas 16 familias.

Los días 15 y 16 de diciembre se afectaron 15 familias más, y el último 4 de febrero de este año se desplazó a la señora Rosario Wari.

Luis S+anchez indicó que Raquel Mashendo, nieta de Rosario, al igual que otros familiares están muy preocupados por el estado emocional de la señora, por lo que están pidiendo ayuda para que pueda regresar a su territorio ancestral, donde vivía con su hijo.

En conferencia de prensa, la CONAIE y CASCOMI anunciaron que tomarán acciones en contra de la empresa Ecuacorriente S.A. Foto: CONAIE

Acción de protección

Natalia Yépez, representante legal de Cascomi, indicó que si bien el Estado es responsable por la gestión de los recursos renovables y no renovables, sus acciones no deben interferir con los derechos humanos de las personas.

Por lo tanto, ratificó que los traslados de las familias no tuvieron una notificación legal previa, por lo que se trata de una acción forzada e ilegal.

Además recordó que el contrato firmado en 2012 entre ECSA y el Estado ecuatoriano ocurrió sin llevarse a cabo la consulta previa a los pueblos indígenas, tal como lo ordena la Constitución y el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A todo esto se suma el rechazo de dos medidas cautelares presentadas por la comunidad en julio y diciembre de 2015 que intentaron evitar los desalojos.

Por ello, Yépez anunció que presentará una Acción de Protección ante los organismos de justicia nacionales con la finalidad de pedir la reparación integral de las familias, así como la restitución a sus territorios.

Según el gobierno "hizo un favor"

De otro lado, el Ministerio de Minería publicó una nota de prensa indicando haber realizado una acción social llevando a la señora Wari de vivir en condiciones deplorables y “en total estado de insalubridad” a “tener un hogar al lado de sus hijas”.

En el comunicado se indicó que María Teresa y María Isabel, hijas de la anciana, pidieron a las instituciones sociales del Estado que se traslade a su madre “desde una choza levantada sin autorización, en terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa del Ecuador”.

Asimismo, se resalta la labor coordinada entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Minería, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y quienes actuaron de la mano con el programa de relaciones comunitarias de ECSA.

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