¿Cómo cumplir los acuerdos en los conflictos sociales?

Informe de la Defensoría del Pueblo indica necesidad de desarrollar normativa para el seguimiento de acuerdos en conflictos sociales.

Servindi, 12 de enero, 2022.- La Defensoría del Pueblo indicó la necesidad de implementar una norma que regule el cumplimiento de los acuerdos en conflictos sociales.

A través de un informe, la entidad revela que más de la mitad de acuerdos no tuvieron un plazo de cumplimiento ni contaron con una agenda de reunión.

Los datos se obtuvieron del análisis de 774 actas de 29 procesos de diálogo entre 2012 y 2019. A la fecha, más de la mitad de acuerdos no se han cumplido.

“Hoy existe un considerable número de acuerdos pendientes de cumplir, muchos de ellos heredados de gobiernos anteriores”, apunta el informe sobre estos compromisos que deben de ser evaluados.

Análisis de la situación

El informe ‘Conflictos sociales y cumplimiento de acuerdos’ (N° 187-2021-DP) fue elaborado por el equipo Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría.

Tras analizar un total de 4 mil 258 acuerdos incluidas en las actas ya mencionadas, se identificó que en el 41% de los procesos de diálogo estaban incluidos pueblos indígenas u originarios.

Mientras el 72.5% del total de acuerdos revisados fue asumido por el Estado (el 76.5% de estos por el Gobierno), el 19 % corresponde a los compromisos de las empresas y el 14% a los de la sociedad.

Además, los resultados indican que en el 87% de acuerdos no se encargó a una entidad o comisión para realizar el seguimiento.

“El nivel de cumplimiento de acuerdos revela que el Estado no ha sido lo suficientemente prolijo y precavido a la hora de adquirir compromisos”, sostiene el documento.

Ausencia de mecanismos

Como indica la Defensoría, hasta la fecha, no existe un procedimiento que defina el curso de los acuerdos ni su supervisión por entidades autónomas.

“El decurso de cada proceso de diálogo sigue siendo imprevisible, y su producto principal, los acuerdos, despiertan preocupación por la forma cómo se construyen y, especialmente, por la falta de seguridad respecto de su cumplimiento”, se indica.

Por otro lado, también se señala la ausencia de un mecanismo de acceso público para acceder a la información sobre los avances de estos acuerdos.

La importancia de este último aspecto radica en que permitiría a las organizaciones de la sociedad civil realizar una debido acompañamiento del caso.

Previsibles consecuencias

De acuerdo a la información de la Presidencia del Consejo de Ministros, el 54.4% de los acuerdos suscritos entre 2010 y 2019 no se cumplieron, aspecto que contribuye al retorno de situaciones de conflicto.

De igual manera, estos incumplimientos generan la pérdida de legitimidad de las instituciones y de los espacios de diálogo. Frente a ello, la Defensoría recomienda la asignación de recursos presupuestarios.

“Se hace necesario que una institución como la Defensoría del Pueblo […], se haga cargo de gestionar el cumplimiento de los acuerdos activando su competencia constitucional de defensa de derechos y supervisión de la administración estatal”, indica la entidad.

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