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Criminalización del periodismo pone en riesgo la democracia

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos llama a los órganos de justicia a garantizar el derecho a la libertad de expresión, tras condena contra Christopher Acosta.

Servindi, 12 de enero, 2022.- La falta de garantías de un debido proceso ante la criminalización de la actividad periodística constituye un grave riesgo para el periodismo y la democracia.

Así lo señaló la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) tras la reciente condena de 2 años de prisión suspendida contra el periodista Christopher Acosta que publicó un libro sobre César Acuña.

Ante esta situación, recordaron a los órganos de justicia que su labor es un servicio público y deben garantizar el derecho a la libertad de expresión, evitando el uso político del sistema.

Christopher Acosta fue condenado a 2 años de prisión suspendida y al pago de 400 mil soles de reparación civil por escribir el libro Plata como cancha.

Según la CNDDHH, que también recordó a los periodistas Daniel Yovera, Pedro Salinas y Paola Ugaz que investigaron al Sodalicio, se viene haciendo un uso abusivo de la “difamación agravada”.

Así como de otras figuras legales empleadas contra el periodismo de investigación, a través de largos procesos judiciales y condenas injustas.

Además, habría un desconocimiento en el aparato judicial peruano de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, como la doctrina del “reporte fiel”.

Esta señala que el periodista que se limita a difundir información de otras fuentes identificadas, no puede ser responsable por dichos contenidos, siempre que no agregue nada que distorsione la información.

Los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz también son perseguidos judicialmente por investigar al Sodalicio de Vida Cristiana. Foto: Pressenza

Para la CNDDHH, el sistema de justicia peruano tampoco estaría tomando en cuenta el rechazo a las sanciones económicas exorbitantes que operan como una mordaza contra los periodistas.

A esto se suma un reciente proyecto de ley presentado por el congresista Luna Gálvez, que propone sancionar con cárcel efectiva la “difamación agravada”, alertó el organismo de derechos humanos.

Por todo ello, llamaron los operadores de justicia a garantizar el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, respetando la jurisprudencia en materia de derechos humanos.

Y, además, evitando el uso político del sistema de justicia para criminalizar al periodismo de investigación, como vendría ocurriendo con los casos reseñados por la organización.

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