Servindi, 11 de setiembre, 2019.- A cinco años de haber sido afectadas por el derrame de 2500 barriles de petróleo en la Quebrada de Cuninico, las comunidades nativas de la zona han logrado en la vía judicial la aprobación y el financiamiento del primer plan de salud que los atenderá hasta el 2021.
Se trata de las comunidades indígenas de Cuninico, Nueva Santa Rosa, Nueva Esperanza y San Francisco, ubicadas en el distrito de Urarinas, región Loreto, quienes, tras una extensa batalla judicial, han logrado que un gobierno regional apruebe, por primera vez en el Perú, un proyecto de esta naturaleza.
Un proceso extenso
El proceso judicial que se inició en el 2015, según información publicada por el Instituto de Defensa Legal (IDL), llegaba a su etapa final cuando en febrero del año pasado, la Sala Civil confirmó la sentencia de la jueza de Nauta y la resolución cautelar emitida en el 2017 por la jueza titular del Juzgado Mixto de Nauta.
Mediante una sentencia, la Sala Civil ordenaba al Ministerio de Salud (Minsa) y la Dirección General de Epidemiología, diseñar e implementar dentro del plazo de 30 días «una estrategia de salud pública de emergencia, que permita establecer un programa de atención médica, así como de vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria», se lee en el documento.
Además, dentro de los mandatos establecidos por la Sala Civil se encuentra la realización de un monitoreo constante de los estándares de salubridad del agua y la identificación de las personas que se habrían visto afectadas a causa de los derrames.
Aprobación y financiamiento
El pasado 23 de agosto, las autoridades del MINSA y de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Loreto, comunicaron que el Plan Integral elaborado para atender a las comunidades nativas hasta el 2021, cuenta con un presupuesto total aprobado por el MEF de S/. 2,530,570 nuevos soles, siendo dirigidos para el presente año S/. 619,638.00.
La información se dio a conocer en el marco de la audiencia realizada por el juez del Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, quien para la ocasión debía evaluar si se venía cumpliendo con la sentencia establecida por la Sala Civil.
Precedente importante
Pese a que en el Perú abundan los proyectos mineros y sistemáticos derrames de petróleo, sus instituciones públicas carecen de una “política nacional” de atención sanitaria que involucre a los afectados por metales pesados e hidrocarburos; por lo que la aprobación de este plan resulta ser un precedente importa, señala el informe de IDL.
Cabe precisar que los fondos que se destinaron para el proyecto, han sido extraídos de los recursos que reciben los gobiernos centrales producto del canon minero y sobrecanon petrolero y que, en parte, les pertenecen a las comunidades indígenas afectadas por estas actividades.
Lee el informe completo del Instituto de Defensa Legal haciendo click al siguiente enlace:
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