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Brasil registra alto impacto de derechos vulnerados por la minería

La actividad minera fue responsable de la vulneración de derechos colectivos en 50 de 110 comunidades que vieron afectados estos derechos durante la pandemia, revela una plataforma.

Unas 110 comunidades de Brasil vieron afectados sus derechos colectivos por la presencia de proyectos extractivos y de infraestructura durante la pandemia, entre 2020 y 2021.

Así lo revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados en Pandemia que precisa que la mayor parte de estas comunidades (50) fue vulnerada por el impacto de proyectos de minería.

Los derechos a la defensa de la tierra ancestral, a practicar medios de vida tradicionales y a un medio ambiente saludable fueron los que más se violentaron en este país, recoge la plataforma.

Derechos Colectivos Vulnerados en Pandemia es una herramienta digital de libre acceso impulsada por Rights and Resources Initiative (RRI) con el apoyo de Amazon Conservation Team (ACT).

Derechos vulnerados

Además de la minería (50), las comunidades fueron impactadas por proyectos de infraestructura (17), de agroindustria (16), de energía (16), por actividades forestales (6) y de gas y petróleo (5).

Las 110 comunidades afectadas en Brasil representan 25 casos donde se registró la vulneración de otros derechos colectivos, además de los ya mencionados.

Entre ellos figuran el derecho al dominio colectivo del territorio, al agua y al consentimiento libre, previo e informado, presentes en más del 40 % de los casos registrados.

Otros derechos violentados fueron el derecho a la integridad física y moral (32 %), a decidir sobre sus propias prioridades de desarrollo (24 %) y el derecho a la vida (24 %).

“Los derechos de los pueblos indígenas brasileños vienen siendo constantemente vulnerados y todo eso se agravó durante la pandemia”, señala Cristiane Soares.

Soares, abogada y lideresa indígena de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), acusa de esta situación al gobierno de Jair Bolsonaro.

“El gobierno actual tiene como proyecto apropiarse de las tierras indígenas, hacer exploraciones y poner a disposición esas áreas para la apropiación privada”.

Esto con el objetivo de “favorecer los intereses de grandes empresas de agronegocios, mineras y de otros grupos de importante tamaño”, sostuvo la lideresa indígena de Brasil.

De hecho, en este país 24 defensores sociales fueron atacados en medio del conflicto por estos proyectos, sufriendo la mayoría de ellos (14) la invasión a su territorio colectivo.

Impactos comunales

Los proyectos extractivos y de infraestructura también generaron impactos ambientales y sociales en las comunidades de Brasil que son recogidas por la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados.

En el primer caso, los principales impactos fueron a la biodiversidad (52 %) y por la deforestación (52%), seguidos de las afectaciones al agua, fuentes de agua y suelo (48 %).

Mientras que, entre los impactos sociales, se reportó en el 84 % de los casos la alteración de medios de vida tradicionales, además de la inseguridad alimentaria (40 %).

Otros impactos fueron la alteración de la disponibilidad de agua (36%), la perturbación de sitios culturales (32 %), problemas de salud (28 %) y desplazamiento de poblaciones (24 %).

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